La diputada de Podemos en las Cortes de Aragón, Marta de Santos, ha denunciado este viernes que la orden de convocatoria de ayudas a entidades locales para la depuración de aguas residuales vuelve a olvidarse y a "ningunear" a los pueblos del Pirineo, además de establecer una doble tarifación para la depuración.

En rueda de prensa, De Santos se ha referido a la orden publicada en el Boletín Oficial de Aragón del 31 de julio para la concesión de ayudas a las entidades locales de Aragón con destino a actuaciones encaminadas a la dotación o mejora de infraestructuras de depuración de aguas residuales urbanas.

Pero según De Santos, los pueblos del Pirineo no van a poder optar a ellas, ya que el Gobierno de Aragón aún no ha rescindido, como anunció el pasado mes de junio, los cuatro contratos de concesión de obra pública para la construcción y explotación durante 20 años de estas instalaciones en los ríos pirenaicos.

Con estos contratos (que se corresponden con 4 zonas de actuación: río Aragón, río Gállego, ríos Cinca y Ara y ríos Ésera y Noguera Ribagorzana), el Gobierno de Aragón "arrebató" las competencias a los ayuntamientos.

Al no haber sido rescindidos aún, todavía no han recuperado estas competencias y quedan "automáticamente fuera" de estas ayudas, con una cuantía total, según la orden, de cinco millones de euros (2,575 millones en 2017, 1,5 millones en 2018 y 925.000 euros en 2019). El límite máximo será de 300.000 euros por subvención.

De Santos ha lamentado que primero se les quitó el dinero para la construcción de las depuradoras al firmar estos contratos de obra pública, después tuvieron que pagar sanciones a la Confederación Hidrográfica del Ebro porque las depuradoras no se hicieron por parte de las empresas concesionarias y ahora "vuelven a dejarlos sin este servicio obligatorio".

Pero la orden, para Podemos, tiene "otras graves deficiencias", puesto que se da un plazo de 45 días a los municipios a partir del 1 de agosto, "dando por supuesto que todo el mundo está activo" este mes, y no se ofrece asesoramiento del Instituto Aragonés del Agua para redactar las solicitudes.

De este modo, los alcaldes, con sus escasos servicios municipales, deben de tomar las decisiones técnicas acerca de los proyectos para los que solicitan financiación, ha explicado la diputada.

Pero además, según ha añadido, las bases "obligan" a los ayuntamientos a crear una tasa, mediante ordenanza municipal, para el mantenimiento de las infraestructuras, con lo que los usuarios tendrán que pagar dos veces por el mismo litro de agua depurado: esta tasa y el Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) del Gobierno de Aragón.

De Santos ha asegurado que estos problemas no existirían si antes de publicar la orden el Gobierno la hubiera sometido a un proceso de participación con las entidades locales y los usuarios del agua.