La ley de Seguridad Ciudadana en Aragón deja 13.338 sanciones y 7,7 millones en multas

Desde que se puso en marcha la ley en julio de 2015 se han interpuesto 285.819 sanciones, la mayoría vinculadas al tráfico o consumo de drogas.

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Imagen de archivo de una manifestación contra la llamada 'ley mordaza'.
Efe

El 1 de julio de 2015 se puso en marcha la que, de largo, fue la ley más criticada del primer Ejecutivo de Mariano Rajoy, un texto normativo que revisaba profundamente el Código Penal y al que casi nadie llama por su nombre. La ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley mordaza, tomó el relevo de una norma de 1992 cuyo nombre oficial (ley sobre protección de la seguridad ciudadana) tampoco caló en la población: era conocida como ley Corcuera o de la patada en la puerta.

La ley de Seguridad Ciudadana, aprobada en el Congreso tan solo gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular (votó en contra toda la oposición), cumplió hace poco más de un mes dos años en funcionamiento y, aunque no hay balance oficial de este periodo, sí que recientemente el Ministerio del Interior que hoy dirige Juan Ignacio Zoido publicó datos de multas interpuestas entre el 1 de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 de acuerdo a este texto normativo.

En ese año y medio de funcionamiento se tramitaron en todo el país al menos 285.819 sanciones amparadas en la ley de Seguridad Ciudadana. Decimos al menos porque Interior tan solo contabiliza los expedientes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional) y deja fuera las estadísticas de los cuerpos autonómicos que trabajan en las comunidades con las competencias en materia de seguridad transferidas, como son los Mossos de Esquadra, la Ertzaintza y la Policía Foral en Cataluña, País Vasco y Navarra, respectivamente.

De las casi 286.000 sanciones que interpusieron en todo el país desde la entrada en vigor de la ley, 13.338 corresponden a Aragón. En los primeros seis meses de vigencia de la norma (de julio a diciembre de 2015) se impusieron en la Comunidad 4.892 sanciones, la mayoría de ellas (el 78,8% concretamente) en la provincia de Zaragoza. El año pasado, el total de procedimientos de infracción abiertos en las tres provincias ascendió a 8.446.

Los datos facilitados por el Ministerio del Interior permiten saber en qué ámbitos de cometen más delitos y de acuerdo a qué puntos del articulado son sancionados. Así, se puede observar que durante los 18 primeros meses de vigencia de la ley orgánica 4/2015, en Aragón la mayoría de las conductas advertidas y sancionadas por policías y guardias civiles tuvo que ver con el tráfico y el consumo de drogas e infracciones en materia de seguridad ciudadana.

Multas que se traducen en millones de euros

Los artículos que acumulan más multas son: el 36.1, que alude a la perturbación de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas, cuando no sean constitutivas de infracción penal; el 36.3, que castiga los "desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos" y utilizar "mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos" para obtaculizar la vía pública; el 36.6, que penaliza la "desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación"; y el 37.4, que considera delito "las faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protección de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal".

Los artículos 36.1, 36.3 y 36.6 son considerados delitos graves, mientras que el 37.4 se estima leve. Estos cuatro artículos acumulan en las tres provincias aragonesas 2.786 sanciones en total en año y medio. Llama la atención que el artículo 36.6 y el 37.4, que hacen referencia a cuestiones de desobediencia, resistencia y faltas de respeto a los miembros de los cuerpos de seguridad, y que fueron dos de los preceptos legales más criticados cuando la ley se encontraba en trámite parlamentario porque la oposición consideró que menoscababan la seguridad jurídica de los ciudadanos, acumulen en Aragón un total de 2.156 expedientes.

Además de dar publicidad al número de sanciones interpuestas, el Ministerio del Interior también ha facilitado la cuantía económica de esas multas, que a nivel nacional ascendió hasta el 31 de diciembre de 2016 a 131,4 millones de euros, de los que 7,7 millones corresponden a multas impuestas en Aragón. Estas cantidades no se corresponden con la recaudación obtenida por el Gobierno con esta ley ya que, según explica el departamento ministerial en su anuario, hacen referencia a las cuantías determinadas en el momento de la interposición de la multa y no tienen en cuenta circunstancias como el pronto pago un otras.

Asociada a la polémica

La ley de Seguridad Ciudadana, aprobada durante el primer mandato de Mariano Rajoy con Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior, fue muy criticada en España, pero también fuera del país. El PSOE dijo de ella que suponía "una vuelta al Estado policial que instaura, además, el 'Derecho Administrativo Sancionador del enemigo'" y la organización Amnistía Internacional dijo que ponía en riesgo "la libertad de información y la protesta pacífica". En un editorial titulado , el periódico 'The New York Times' aseveró que la norma "trae recuerdos de los peores días del régimen de Franco y no procede en una nación democrática".

En marzo de este año, el Congreso dio el primer paso para derogar los puntos más polémicos de esta ley, un proceso que tendrá que completarse en los próximos meses, cuando se verá la intensidad de la reforma, iniciada a través de una moción del PSOE y el PNV y apoyada por todos los partidos menos por el PP.

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