Las administraciones aragonesas (autonómica, provincial y local) han recibido hasta ahora un auténtico aluvión de reclamaciones de funcionarios interinos que han sido cesados en sus puestos de trabajo tras finalizar sus contratos y que exigen una indemnización por despido. La cifra no se conoce con exactitud porque, según aseguran los sindicatos, empezaron a presentarse a principios de año con cuentagotas, pero en los últimos meses su cifra ha ido en aumento a raíz de las campañas de información que están llevando a cabo en los centros de trabajo los representantes laborales.

Aun así, el número de reclamaciones podría rondar el millar, ya que CGT asegura que ha planteado alrededor de 400 y CC. OO. calcula que lleva ya cerca de 300. A estas habría que sumar las presentadas por UGT (cuya cifra no pudo ser detallada ayer) y otros sindicatos y las que se han tramitado a través de despachos de abogados ajenos a las centrales.

Según fuentes sindicales, la mayoría de estas reclamaciones de cantidad por ceses han sido presentadas por interinos de Educación. Asimismo, aseguran que son muy pocas las que se han convertido, de momento, en demandas, ya que por plazo no ha dado tiempo a que estos recursos administrativos lleguen a los juzgados. Hay que recordar que, al tratarse de funcionarios no se les aplica la legislación laboral. Su regulación es administrativa y deben plantear, antes de ir al contencioso, una reclamación de cantidad ante la Administración que corresponda, que tiene tres meses para dar una respuesta.

Avalancha de demandas

Tanto los sindicatos como los abogados consultados se han mostrado convencidos de que esta situación no ha hecho más que empezar. Y mucho más tras conocerse la sentencia de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de La Coruña que ha reconocido el derecho de un funcionario interino a percibir una indemnización de 20 días por año trabajado tras acabar su relación laboral con la Administración.

Esta sentencia, que es la primera que reconoce este derecho a los funcionarios interinos en España, invoca la doctrina comunitaria y equipara el cese de este tipo de empleado público eventual a un despido laboral por razones objetivas. Una interpretación que abre la puerta a que los miles de interinos de la Administración aragonesa y española (un colectivo de trabajadores muy numeroso sobre todo en Educación y Sanidad) exijan cobrar una indemnización cuando son cesados por el motivo que sea: porque su plaza sale a concurso y es ocupada por un empleado que ha aprobado las oposiciones, cuando regresa a su puesto laboral un funcionario de carrera, al finalizar la obra o servicio para el que fueron contratados, etcétera. Este criterio comunitario se aplicaría también aunque posteriormente se reincorporen a la Administración, como ocurre con los docentes interinos, a los que se da de baja en los meses de verano y vuelven a ser contratados en septiembre, con el comienzo del curso escolar.

"La sentencia del juzgado gallego es importantísima –valoró José Luis Ruiz, de CGT–. Y creemos que esta es la primera de otras muchas que vendrán". Por ello, desde este sindicato se ha pedido a la Administración aragonesa, y concretamente al Departamento de Educación que es el que más reclamaciones de cantidad ha recibido, que no obligue a los interinos a llegar al contencioso y abone de oficio las cuantías solicitadas por despido. Ruiz recordó que las reclamaciones que ya están en curso se enviaron antes de conocer el fallo de La Coruña y cuando los tribunales españoles solo habían reconocido el derecho a cobrar indemnización a los interinos laborales, en línea con la sentencia dictada en septiembre del año pasado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Por su parte, Sofía Sánchez- Garnica, abogada que tramita en este momento 14 reclamaciones de funcionarios interinos (13 del Ayuntamiento de Zaragoza y una del Salud), hizo hincapié en el hecho de que la sentencia gallega interpreta que la UE no distingue entre interinos laborales y funcionarios. "Ambos son empleados públicos temporales, por lo que siguiendo con la doctrina de la UE tienen el mismo derecho a indemnización. No puede haber discriminación en función del tipo de contrato", explicó.