El campo aragonés perdería 130 millones si se prohibiera el glifosato

El glifosato es el herbicida más usado en el mundo, y por extensión en Aragón, donde además su presencia está muy extendida por la importancia del cultivo de cereales en la Comunidad. Esta sustancia activa supone, según informan fuentes del sector agrario, “una herramienta básica para muchos agricultores”, y ahora, un informe realizado por una consultora y amparado por varias asociaciones proclives a su uso, ha cuantificado el coste que tendría su prohibición.

En total, según la consultora Price WaterHouse Cooper, la eliminación del glifosato supondría en España una pérdida del 10% de la producción. Esto, trasladado a los datos aragoneses, donde en 2016 la agricultura generó 1.314 millones de euros supondría la pérdida de algo más de 130 millones en rendimiento para los agricultores.

Los motivos a los que alude el informe para argumentar esta pérdida están en el aumento de la carga de trabajo para los agricultores, que deberían realizar más acciones de laboreo en sus campos para impedir que crezcan malas hierbas en terrenos en barbecho, además de aumentar su gasto al acudir a otras sustancias más caras.

Por qué se considera al glifosato tan perjudicial

El auge y caída del glifosato responde a varias dudas sobre sus posibles afecciones sobre la salud humana y la biodiversidad. Dudas que, no obstante, la Unión Europea aún no ha conseguido probar al encargar varios informes que han dado conclusiones enfrentadas.

El glifosato fue patentado en 1974 por la multinacional Monsanto, siendo parte fundamental de su compuesto RoundUp, el más comercializado del mundo. En el año 2000, la licencia expiró, dando entrada a nuevas marcas. Su uso ha ido creciendo de forma paulatina hasta que en 2015 la Organización Mundial de la Salud lo calificó como “probablemente cancerígeno”. Una clasificación que fue rechazada por Monsanto y varias organizaciones agrarias, que argumentaban que en la misma lista de la OMS aparecen sustancias como el café o, con polémica especial en España, la carne procesada.

El anuncio de la OMS causó revuelo porque está comprobado que, aunque en pequeñas cantidades, el glifosato acaba llegando a los alimentos que se consumen. Según explica la propia Monsanto en una de sus webs, se ha detectado en proporciones escasas en el 12% de productos alimenticios europeos analizados por parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), aunque en unas cantidades tan pequeñas que, según la multinacional, “alguien podría comerse 450 cajas de cereales cada 24 horas durante el resto de su vida y aún así su nivel de exposición al glifosato estaría considerado como seguro según la EFSA”. Una opinión que no comparten organizaciones ecologistas como Greenpeace, Amigos de la Tierra o Ecologistas en Acción, que han pedido reiteradamente su prohibición.

A partir de este dictamen la oposición al uso del glifosato creció. En Zaragoza por ejemplo, al igual que en Madrid y Barcelona, su uso está prohibido en parques y jardines. Las Cortes de Aragón también aprobaron hace un año una proposición para limitar su uso.

A nivel europeo, donde reside el mayor nivel de decisión en este aspecto, la Comisión Europea pidió información a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), que en 2016 emitió un informe indicando que, en base a los estudios analizados, “es improbable que el glifosato sea genotóxico (provoque daños en el ADN) o suponga una amenaza de cáncer para los humanos”. Como resultado de este informe, el Parlamento Europeo aprobó una proposición pendiente de validación por los Estados miembros para autorizar el glifosato durante 7 años más (en lugar de los 15 que se suele hacer), pero restringiendo su uso solo a profesionales y desaconsejando su utilización en espacios públicos. Al hilo también de esto, la Comisión extendió también hasta final de 2017 de forma ejecutiva la autorización, ya que se extinguía el verano pasado.

Los agricultores defienden su uso

Así las cosas, y con solo seis meses para saber si la Comisión extiende aún más el uso del producto, en abril de este año se publicó un nuevo informe solicitado por Bruselas para tener mayor seguridad, esta vez realizado por la Agencia Europea de Substancias Químicas que también afirma que no hay evidencias científicas de que el polémico herbicida sea cancerígeno.

Dado que este informe también negaba la tesis de que el herbicida fuera cancerígeno, a comienzos de este mes representantes de Alianza para una Agricultura Sostenible (ALAS), organización europea en la que se integran sindicatos con presencia en Aragón como Asaja o Upa, solicitaron al Comisario europeo de Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, que la Unión Europea renueve la licencia del herbicida glifosato.

De esa opinión es también Francisco Ponce, secretario provincial de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (Uaga) en Zaragoza. “El problema del glifosato es que no se ha encontrado un producto que pueda ser sustitutivo al mismo precio. Si se prohibiera, habría que acudir a otros productos o hacer muchas más labores, con el consiguiente coste en horas de trabajo y recursos económicos”, señala, aportando también que entre la rumorología se comenta en el sector agrario que la licencia para el glifosato se seguirá manteniendo mientras no se dé con una alternativa eficaz.

Aún con todo, Ponce reivindica el uso responsable del glifosato. “Está todo regulado. Se sabe lo que puedes comprar por hectárea y cultivo y en cualquier revisión de la PAC se hacen analíticas de tierra para saber cuánto se echa”, defendiendo también que muchas veces se ha metido en el mismo saco a productores de zonas mediterráneas con otros de países del norte, como Reino Unido, donde se ha llegado a denunciar que los agricultores usaban el glifosato para secar antes el cereal.