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Aragón enmienda el informe de financiación porque abre la vía a perder fondos estatales

Las autonomías levantinas fuerzan la desaparición de una cláusula que blindaba a las menos pobladas. Castilla y León, Extremadura, La Rioja y Cantabria firman también el voto particular del delegado aragonés.

Las Comunidades más pobladas y con potencial económico quieren acabar con la garantía de que ningún territorio recibirá menos dinero que ahora en la próxima financiación autonómica. Aragón, Castilla y León, Cantabria, La Rioja y Extremadura se vieron forzadas ayer a defender un voto particular al informe que se está elaborando una comisión de expertos promovida por el Ministerio de Hacienda sobre la próxima financiación autonómica. El motivo de ese voto particular –que fue registrado formalmente la pasada semana– es que el documento podría eliminar por primera vez la llamada ‘cláusula del statu quo’. Esa cláusula había garantizado en todos los sistemas de financiación autonómico aprobados hasta ahora por el Congreso que, independientemente de las reglas que se marquen para el nuevo reparto, ninguna autonomía empeore el nivel de ingresos que recibía hasta ese momento del Estado.

Las cinco Comunidades que han enmendado el texto oficial –el voto particular de Aragón está firmado por su experto en la comisión, el economista Alain Cuenca– coinciden en que la eliminación de esa cláusula puede perjudicar "a las autonomías con menor población". La entente de Aragón (gobernada por una coalición de PSOE-CHA) con comunidades políticamente tan dispares como Castilla y León (PP), Extremadura (PSOE) o Cantabria (presidida por un regionalista) deja además claro que la queja no tiene motivación política.

De hecho, el voto particular ha logrado una firma más, que da aún mayor entidad a la queja apoyada por Aragón. Así, uno de los tres expertos que nombró el Ministerio de Hacienda para esa comisión también se ha sumado a la enmienda de estas autonomías.

"Serios errores"

En el voto particular presentado, los seis firmantes alertan de que el informe oficial da una validez plena a un criterio que puede generar "serios errores" en el momento de repartir la financiación entre las autonomías. Así, al eliminar esa cláusula de ‘statu quo’ y delegar todo el reparto del dinero en el criterio de población ajustada, hay un riesgo muy elevado de una distribución muy desigual, además de injusta.

En este sentido, hasta ahora hay fondos que se encargan de garantizar cobertura a los "costes fijos" que tienen que soportar las autonomías para garantizar la prestación de los servicios públicos en todo su territorio independientemente del número de habitantes. Pese a las reticencias de comunidades como Valencia y Madrid, los datos confirman que la dispersión y despoblación conllevan un elevado coste extra. Como ejemplo, la provincia de Teruel cuenta con un número de habitantes similar al de la ciudad madrileña de Torrejón de Ardoz. Sin embargo, la primera tiene su población repartida en 14.800 kilómetro, por lo que tiene que mantener 28 centros de salud abiertos. Mientras, la segunda solo necesita 6 centros, ya que tiene a todos sus habitantes concentrados en 32 kilómetros.

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