Con la llegada del mes de julio, miles de aragoneses dan el pistoletazo de salida a sus vacaciones de verano. Gran parte de ellos visitarán, al menos una vez durante el estío, territorio catalán: son multitud los aragoneses que tienen una segunda residencia en la costa de Cataluña, sobre todo en la provincia de Tarragona, comunicada directamente con Zaragoza a través del AVE y a unas pocas horas en coche muchos puntos de Aragón.

Todos los aragoneses que este año pasen sus días de descanso en la Comunidad vecina y se dispongan a consumir refrescos, batidos o cualquier otro tipo de bebida azucarada, deben saber que pagarán más por estos productos. Lo harán en virtud del llamado impuesto a las bebidas con azúcar, un tributo de nuevo cuño introducido recientemente por el Gobierno de la Generalitat.

Se trata de una tasa que grava el consumo, es decir, recae directamente sobre los ciudadanos que comprar estos productos. El reglamento del impuesto, aprobado hace unos días, establece que la persona física o jurídica que suministra la bebida azucarada envasada es la persona que tiene que pagar el impuesto, pero no son estas empresas las que tienen que abonar el tributo, porque la Generalitat obliga a repercutir la totalidad del impuesto al consumidor final de la bebida.

Así pues, el papel que adquieren las empresas es el de recaudadoras del impuesto para el Estado, dinero que previamente han pagado los consumidores. El precio del impuesto cambiará dependiendo de la cantidad de azúcar de las bebidas: será de ocho céntimos para bebidas con entre cinco y ocho gramos de azúcar añadido por cada 100 mililitros y 12 céntimos para las que superen esa cifra.

Lío con la industria

La Generalitat ha defendido a capa y espada la puesta en marcha de esta tasa, sobre todo después de que la industria agroalimentaria, los distribuidores, los hosteleros e incluso los agricultores se hayan levantado en armas contra ella. Todos estos eslabones de la cadena alimentaria han hecho frente común en los últimos días y han solicitado al Gobierno central que lo declare inconstitucional.

Las patronales de este sector consideran este tributo discriminatorio y muy negativo para sus cuentas económicas, y para cimentar el argumento de la inconstitucionalidad solicitaron un completo estudio al prestigioso despacho de abogados Uría y Menéndez. Entre otros particulares, este bufete señaló que el impuesto vulnera los principios de territorialidad, doble imposición tributaria, seguridad jurídica, interdicción de la arbietrariedad del legislador (básicamente, que las autoridades no pueden tomar decisiones arbitrarias) e igualdad y, además, obstaculiza la libre circulación de mercancías en el territorio nacional.

Las empresas que distribuyan las bebidas en Cataluña están obligadas a abonar este impuesto aunque no tengan su sede allí, es decir, si una empresa de Huesca distribuye bebidas azucaradas en territorio catalán, debe subir los precios de los productos que vende de acuerdo a los márgenes establecidos en la orden que regula el impuesto y, una vez abierto el periodo ejecutivo del mismo, ingresar a la Generalitat el importe correspondiente.

De acuerdo con lo establecido por el Gobierno catalán, el impuesto se recaudará de forma trimestral. El primer periodo de pago arranca este 1 de julio y se extenderá hasta el día 20 del mismo mes.

"Hacia un consumo más saludable"

Desde la Generalitat se ha defendido que este impuesto allana el camino hacia un consumo más saludable. La consejera catalana de Agricultura, Meritxell Serret, defendió hace unos días la necesidad de establecer una tasa como esta y aseguró que buscará mejorar el diálogo con el sector empresarial" para demostrarles que la tasa "no va contra sus intereses". "Estamos convencidos de que es una buena medida, desde el punto de vista de la sociedad y de la política alimentaria", subrayó Serret.

El argumento del consumo saludable no cala en los sectores productivos y económicos, que ven afán recaudatorio en el establecimiento de la tasa. Esta es la opinión de José Miguel Sánchez, director general de la Cámara de Comercio de Zaragoza, quien considera que la intención de la Generalitat al establecer este impuesto es recaudatoria.  "Si realmente este impuesto tuviese una finalidad desde el punto de la salud, debería ser un impuesto a nivel nacional para que no rompiera la unidad de mercado", explica y agrega que el Gobierno catalán espera recaudar "unos 50 o 60 millones de euros".

Para el director general de la Cámara zaragozano, lo que verdaderamente pone de relieve este impuesto es la necesidad que tiene España de acometer una reforma fiscal cuanto antes, "porque si no, cada día cada comunidad autónoma va a buscar un impuesto para cubrir sus déficits. Hay que reformar sobre todo los impuestos directos, como el IRPF o el de Sociedades, y de una vez afrontar este tema y no pagar 40 veces", opina José Miguel Sánchez.

Por el momento, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, negó que se fuera a establecer un impuesto al azúcar a nivel nacional, aunque es cierto que en el último programa de estabilidad remitido a Bruselas se contemplaba su establecimiento en el caso de que peligrara el cumplimiento de los objetivos de déficit. También negó la mayor la DGA, que ya anunció que, al menos esta legislatura, no contempla el establecimiento de un impuesto similar en Aragón.