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Aragón

Las licitaciones de la DGA y el sector sanitario, las más recurridas por las empresas

El TAPCA, el órgano que recibe las quejas de los procesos de licitación, recibe cada año centenares de quejas de empresas que se presentan a procesos públicos.

Edificio del Pignatelli, sede de la DGA
Imagen de archivo del edificio Pignatelli, sede de la DGA.

Los responsables del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) han dado publicidad recientemente a la memoria de actividades de 2016 de este órgano que vela por la adecuación a la ley de todos los procesos de contratación pública que se inician en Aragón, sea cual sea la administración que los pone en marcha.

Así, el propio Gobierno de Aragón, las diputaciones o los ayuntamientos, entre otras entidades locales, están bajo la lupa de este tribunal administrativo que el año pasado recibió un total de 129 recursos de empresas. Los miembros del Tacpa (un presidente, tres vocales y una secretaria técnica) los resolvieron en un total de 57 sesiones. El coste medio de resolución por cada recurso fue de 289,46 euros, de acuerdo con los cálculos del propio organismo, cuyos miembros recibieron en dietas un total de 36.762,50 euros.

La cifra de reclamaciones recibida el año pasado supone un aumento de 16 procesos con respecto al año 2015, cuando se resolvieron 113 recursos. La abrumadora mayoría de ellos, más del 96,1%, tenían como objeto de la reclamación un contrato de servicios o suministros. Por administraciones, los departamentos de la DGA y el sector salud son los que más recursos acumulan: 28 cada uno de ellos. En 2016, hasta 13 contratos de las diputaciones provinciales aragonesas fueron objeto de recurso, una cifra que se repitió en el caso de las licitaciones de la Universidad de Zaragoza.

El valor estimado global de las licitaciones públicas impugnadas el año pasado superó los 838.122 euros, una cantidad 200.000 euros inferior a la de 2015, año en el que la cuantía de las impugnaciones sobrepasó la barrera del millón de euros.

Los recursos de las empresas sobre licitaciones públicas no pueden hacerse alegremente. Es más, la normativa del Tacpa prevé la posibilidad de multar si existe mala fe o temeridad a la hora de 'quejarse' del proceso. El año pasado, los responsables de este tribunal utilizaron este mecanismo en un par de ocasiones: se interpusieron dos multas por un importe total de 2.000 euros.

Sobre el sentido de los acuerdos, la memoria del Tacpa destaca que el año pasado se produjo una caída de las estimaciones, que pasaron de un porcentaje del 35,40% en 2015 a un 23,26% en 2016.

No todos los responsables empresariales quedan conformes con las resoluciones del Tacpa, de hecho, el año pasado hasta cinco acuerdos del tribunal administrativo acabaron ingresando en órganos judiciales de lo contencioso-administrativo. Ninguno de estos procesos ha sido resuelto aún, de acuerdo con la memoria de 2016.

20.000 millones anuales de pérdidas

La labor de órganos como el Tacpa se antoja vital, pues de acuerdo con los expertos que trabajan en el Observatorio de Contratación Pública (OCP) y la organización Transparencia Internacional España, las irregularidades en las licitaciones públicas en nuestro país provocan la pérdida de 20.000 millones de euros cada año.

El pasado 26 de junio, bajo el título 'Hacia una transparencia integral en la contratación pública', Transparencia Internacional celebró una jornada en la que se habló de este problema. Sobre la mesa se puso la relevancia de la contratación pública, que supone el 20% de PIB español, y también los vicios de funcionamiento del sistema establecido, que incluso han sido señalados por la Comisión Europea, que en uno de sus informes llegó a decir que las arcas públicas españolas perdían cada año 13.000 millones de euros debido a la corrupción en este apartado.

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