La Junta Distribuidora de Herencias volverá a batir récords este verano al repartir entre proyectos de asistencia social casi 1,2 millones de euros procedentes de herencias sin heredero. Será el reparto más grande del que se ha hecho cargo hasta la fecha el organismo -exceptuando la tramitación del expediente millonario de Elías Martínez- y esto se debe, en gran medida, a los últimos cambios legislativos que han permitido agilizar trámites y desbloquear herencias que llevaban una década en los cajones.

La Ley de Medidas Fiscales aprobada en enero de 2016 supuso a su vez la modificación de la Ley de Patrimonio de Aragón para adaptarla a la norma estatal que regula la sucesión legal de las administraciones. La principal novedad en el tema de las herencias intestadas es que en esa reforma se otorgó a la Administración la competencia para, no solo iniciar de oficio, sino también tramitar por la vía administrativa los procedimientos para declarar a la Comunidad como heredera legal de las posibles herencias vacantes.

Hasta entonces, esta declaración solo podía hacerse tras una resolución judicial firme, por lo que al final el Gobierno de Aragón se limitaba a aceptar o repudiar las herencias intestadas una vez el juzgado correspondiente hubiese designado como heredera a la Comunidad Autónoma. Tras los cambios, el Gobierno de Aragón empezó ese mismo mes de enero de 2016 los primeros ocho procedimientos. En junio de ese año comenzaron a resolverse los primeros, pero ya no llegaron a tiempo para el reparto de fondos de 2016. Por eso, esta será la primera vez que la modificación repercuta en el montante a repartir por la Junta Distribuidora de Herencias.

Se duplican las herencias

De hecho, desde que la Comunidad adquirió en 2001 la competencia sobre las herencias intestadas, el Gobierno de Aragón aceptaba una media de doce herencias sin heredero cada año. En el 2016, primer año en el que se incluyó la vía administrativa como posibilidad, la Comunidad se proclamó heredera legal de 25 herencias sin heredero. De diez de ellas por la vía judicial y de otras quince por la vía administrativa. En total, en este año y medio de vigencia de la Ley de Medidas Fiscales, la Administración ha iniciado 37 de estos procedimientos administrativos y se han resuelto 18 a su favor.

En el reparto que se efectuará este verano y que anunció este miércoles el Gobierno de Aragón, ya se ha incluido el dinero procedente de cuatro de estas herencias tramitadas por la nueva vía. Es el caso de los 143.754 euros que dejó a su muerte Antonio Pac Morillo. Soltero y sin familiares conocidos, este vecino de la localidad oscense de Perarrúa falleció en diciembre de 2013 tras pasar los últimos años de su vida en la residencia de mayores Ciudad de Huesca. Fue el Instituto Aragonés de Servicios Sociales quien informó al Gobierno de Aragón de la posibilidad de que hubiese fallecido sin herederos. Su patrimonio fue uno de los primeros que se tramitó y resolvió sin recurrir a la vía judicial.

Además, en el montante que se repartirá el próximo 8 de septiembre, siguen percibiéndose las consecuencias del decreto publicado a finales del 2014 que eliminó la obligación de enajenar y convertir en 'dinero líquido' todos los bienes de una persona fallecida antes de distribuir un solo euro de su patrimonio. Por eso, de algunas herencias solo se ha incluido una 'liquidación parcial'.

En total, la Junta Distribuidora de Herencias repartirá el próximo 8 de septiembre 1.189.445 euros correspondientes a 23 causantes de diez localidades distintas. El importe de las herencias se destinará a proyectos de carácter social que ofrezcan servicios esenciales para personas en riesgo de exclusión social, priorizando aquellos que se desarrollen en la localidad de la que era vecino cada uno de los fallecidos. Los establecimientos de asistencia social interesados en conseguir parte de estos fondos tienen un mes para presentar sus solicitudes.