Las autonomías despobladas piden con urgencia fondos del Estado y de Europa

Los territorios españoles en declive demográfico, entre los que se encuentra Aragón, han decidido pasar de la teoría a la acción y por ello exigieron ayer en Teruel, "desde ya", compromisos presupuestarios del Estado y del resto de las administraciones que permitan al medio rural, el más afectado por la despoblación, mantener los servicios públicos básicos y desarrollar una economía sostenible.

La reclamación fue suscrita por el Foro de Regiones con Desafíos Demográficos, que celebró en la capital turolense su séptimo encuentro congregando a consejeros y técnicos de siete de las ocho comunidades autónomas que lo integran: Galicia, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y La Rioja, además de Aragón. Cantabria forma parte de esta entidad, pero ayer no estuvo presente en la reunión interterritorial.

La sesión fue inaugurada por el presidente del Gobierno Aragonés, Javier Lambán, quien defendió que deben ser las políticas públicas las que revitalicen la demografía de los territorios afectados por la despoblación. Lambán recalcó que es el Estado –junto con las autonomías– quien ha de hacer frente al problema de la regresión poblacional y el único que puede lograr que la Unión Europea tome parte de manera activa en la aplicación de soluciones.

Conseguir recursos

La necesidad de disponer con urgencia de fondos para luchar contra la despoblación fue trasladada a la comisionada del Gobierno central para los desafíos demográficos, Edelmira Barreira, quien acudió a Teruel y se comprometió, a su vez, a transmitir la demanda al Ejecutivo Central. Barreira destacó que la idea es "implicar a la Unión Europea" en la aportación de recursos que borren los desequilibrios demográficos que afectan al territorio español.

La comisionada para la despoblación anunció, asimismo, que estudiará todas las aportaciones realizadas por el Foro de Regiones con Desafíos Demográficos con la intención de abordar soluciones a la emigración que sufre buena parte del territorio español. "El problema de la despoblación está en la agenda política del Gobierno y hemos acordado poner en marcha medidas", afirmó Edelmira Barreira.

Los representantes de las comunidades participantes consensuaron un documento que reclama medidas que fijen población y atraigan nuevos vecinos. Una moderna atención sanitaria, infraestructuras y equipamientos, así como oferta de empleo y facilidades para acceder a una vivienda, son algunos de los remedios que plantea el escrito. Las ideas coinciden con las expuestas la semana pasada en el II Congreso Nacional de Despoblación organizado en Huesca por la Diputación Provincial y la Federación de Municipios y Provincias, lo que prueba la honda y generalizada preocupación por falta de población que existe en Aragón.

Lambán afirmó que la despoblación debe ser considerada como una cuestión de Estado, pues la propia economía de la nación y la calidad de vida de sus habitantes pueden verse afectadas por los desequilibrios territoriales y el vaciado de grandes superficies concentrándose toda la población en las grandes ciudades. Por ello, defendió una discriminación fiscal positiva para quien viva en pequeños núcleos y afirmó que la revitalización del medio rural es una gran oportunidad para la conservación ambiental del planeta.

El consejero de Presidencia de la DGA, Vicente Guillén, apremió al Gobierno central y a la Unión Europea para adoptar medidas eficaces. "Tenemos poco tiempo. Hay territorios que pueden extinguirse, por eso pedimos un esfuerzo", dijo.