Los territorios despoblados reclaman contar con incentivos fiscales y los mismos servicios

El medio rural español pierde cinco habitantes cada hora. En el tiempo de duración del II Congreso Nacional de Despoblación, que se celebra ayer y hoy en Huesca, habrán desaparecido 200, el equivalente a un pequeño pueblo. Por eso, los participantes ayer en este foro, que reúne a 40 ponentes y más de 400 congresistas, coincidieron en que es el momento de pasar "de las palabras a los hechos" y que se considere una cuestión de Estado.

La inauguración coincidió con la publicación por el INE de las últimas cifras sobre movimientos de población en España. Por segundo año se han producido más muertes que nacimientos. En el caso de Aragón, 13.465 decesos frente a 10.924 alumbramientos. La Comunidad se sitúa segunda por la cola en la reducción de nacimientos (-3,8%), solo por delante de Castilla y León.

"No podemos esperar más, el enfermo está muy grave", señaló Miguel Gracia, presidente de la Diputación de Huesca, organizadora del congreso junto con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP). El 50% de la provincia está por debajo de los 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Por eso, el medio rural necesita jóvenes y niños, y esto solo se consigue "con igualdad de oportunidades", apostilló Gracia.

Su homólogo de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, responsable de la comisión de Despoblación de la FEMP, abogó por que sea "el punto y final de los debates teóricos" y dé paso a un plan de acción. En su opinión, es necesario convencer a Europa "de que la comarca del Aranda está en la misma situación que los municipios de Laponia". Apostó por incentivos fiscales, e incluso por garantizar "una renta básica como mínimo" para quienes trabajen en el medio rural, "porque una familia sin medios económicos, difícilmente podrá quedarse a vivir".

La FEMP cuenta ya con un programa de 80 medidas, entre las que figuran bonificaciones especiales en impuestos de actividades profesionales y económicas, subvenciones a la contratación, deducciones en las cuotas a la Seguridad Social y en el IRPF o planes de apoyo a autónomos.

A la inauguración asistió también el presidente de Aragón, quien definió la situación de muchos pueblos como "terminal". Es hora, señaló Javier Lambán, de articular medidas para invertir la tendencia de vaciado del medio rural aragonés, pues "un territorio despoblado es la mayor amenaza que cabe imaginar contra el medio ambiente".

Coincidió con Sánchez Quero en la necesidad de arbitrar políticas fiscales, pero en su opinión lo más decisivo es garantizar buenos servicios sanitarios y educativos, "porque si no, es un empeño inútil convencer a los jóvenes de que se queden". El problema sería mayor, añadió, sin iniciativas como Aramón. "El Pirineo, sin Aramón y sin la nieve sería ya una zona absolutamente abandonada y gracias a ellas se le augura un porvenir espléndido", dijo.

Todos coincidieron en reclamar a la comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfico, Edelmira Barreira, que el Gobierno central se sume "a esta hoja de ruta", en la que las entidades locales (ayuntamientos, comarcas y diputaciones) deben ostentar el liderazgo y no ser convidados de piedra.

El foro sobre despoblación se celebra hasta hoy en el Palacio de Congresos de Huesca, con la participación de representantes municipales y agentes de desarrollo de todo el país. Asisten los presidentes de las diputaciones de Cáceres, Jaén, Pontevedra y Castellón y dirigentes de asociaciones como Esmontaña, Euromontana o Micropobles.

El agua y la banda ancha

También han acudido muchos alcaldes aragoneses. El de Aínsa, con 28 pueblos a su cargo, destacó que algunos no disponen de suficiente suministro de agua potable. "En Arro hay cinco niños viviendo y si queremos que sigan allí, tendremos que darles agua". Otro problema es la brecha digital. "Ni tenemos fibra óptica ni banda ancha, porque las compañías no están por la labor en zonas donde no hay bastantes clientes", declaró Enrique Pueyo (PSOE), quien reclamó medidas de discriminación positiva para quienes cuidan de los montes, un patrimonio natural común.

Según el alcalde de Graus, con 17 núcleos rurales, "hay mucha teoría y poca práctica". El Gobierno de Aragón y el de España, dijo José Antonio Lagüens (PP), deben tener "confianza" en las administraciones locales y dotarlas de financiación porque "en nuestros pueblos, los servicios básicos son más caros".