Un tercer juzgado de violencia de género en Zaragoza, más plazas de fiscales que se sumen a las tres existentes y mejorar el actual sistema de guardias para poder ofrecer una mejor atención a las víctimas de las agresiones machistas. Son tres de las demandas que la fiscal delegada en materia de violencia de género Ana Yolanda Cantón ha planteado este jueves en su comparecencia en la comisión especial sobre violencia machista de las Cortes de Aragón. Junto a ella también han intervenido la magistrada titular del juzgado de instrucción número 2 de la capital aragonesa, María Soledad Alejandre, y el director del Instituto de Medicina Legal, Eduardo Murcia.

Cantón ha asegurado ante los grupos políticos que los dos juzgados de violencia de género existentes en la capital aragonesa “están saturados” y ha explicado que las salas de espera para las víctimas, que tienen una capacidad para seis personas, se quedan pequeñas y tienen que recurrir a utilizar otros espacios que no están debidamente acondicionados. Asimismo ha insistido en la necesidad de reforzar las campañas educativas dirigidas tanto a los jóvenes como a las propias mujeres, además de dar una “mayor celeridad” a la obtención de ayudas, como la pensión de alimentos, que contribuyen a que las denunciantes se sientan más seguras y acompañadas durante el proceso judicial.

Por su parte, la magistrada María Soledad Alejandre ha hecho una reflexión sobre las razones por las que muchas mujeres se acogen a la dispensa legal de declarar. “Tenemos que hacer una autocrítica y plantearnos que a lo mejor no las acogemos suficientemente”, ha manifestado. En este sentido, ha recordado que en 2016 hubo 364 aragonesas que renunciaron a declarar contra su agresor y ha lamentado que hay “una cierta impunidad” procedente de esta dispensa recogida en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por último, Eduardo Murcia ha comentado que desde el Instituto de Medicina Legal de Aragón llevan ya un año trabajando para que se cree “de forma efectiva” la unidad de valoración forense integral de la violencia de género, en la que se integren médicos, psicólogos y trabajadores sociales, y que desde ella se establezca un protocolo de actuación unánime en las tres provincias.