Los arquitectos de toda España han pedido a los grupos parlamentarios que tengan en cuenta las enmiendas del sector a la nueva Ley de Contratos Públicos. Ricardo Marco, decano del colegio de Aragón, explica, a modo de resumen, que el objetivo fundamental de estas propuestas es "asegurar la calidad de las ofertas y la correcta realización del trabajo, en beneficio de consumidores y usuarios". El proyecto de ley de esta norma se está tramitando durante estos meses en el Congreso.

¿Qué les pasa a los arquitectos con el proyecto de Ley de Contratos del Sector Público? ¿No les gusta?

Estábamos descontentos con la norma anterior y la que se está elaborando ahora (una transposición de directivas europeas) tampoco recoge las viejas aspiraciones del sector. El borrador que conocemos no nos gusta. Es verdad que mejora, sobre todo, la transparencia, pero el contenido nos parece insuficiente.

¿Por qué?

La profesión tiene peculiaridades, especificidades, que deberían tenerse en cuenta. Creemos que las adjudicaciones de contratos para trabajos de arquitectura y urbanismo no pueden tratarse, desde el punto de vista normativo, como las licitaciones de otras áreas. Por ejemplo, llevamos años pidiendo que se reconozca el carácter intelectual de los servicios de arquitectura y urbanismo.

Las pujas a la baja en los contratos públicos han sido duramente criticadas por ustedes. ¿La nueva ley incluye alguna limitación a esta práctica?

No. Y una de las enmiendas que planteamos va en esa dirección. Para empezar, nos parece un error que la Administración dé tanto peso, en el criterio de valoración, a la oferta económica. Es absurdo que se prime más que la propuesta técnica o arquitectónica. No tiene ningún sentido. Lo más barato no tiene que ser necesariamente lo mejor. Pero es que además nos encontramos con rebajas tremendas del precio inicial. Los profesionales pedimos que la ley limite estas bajadas sobre el precio inicial de licitación. Antes, el tope estaba en el 20% como máximo para evitar ofertas temerarias. Esto redunda en beneficio de consumidores y usuarios; parece obvio que una oferta por debajo de lo que es razonable no puede ofrecer lo mismo que otra más ajustada al precio base de licitación.

Pero la Administración tiene obligación de ahorrar, de utilizar eficientemente el dinero público...

Por supuesto. No se trata de despilfarrar, pero tiene que haber proporcionalidad. Deben existir unos baremos profesionales lógicos y fomentarse la calidad arquitectónica frente a la oferta económica. La obsesión por conceder el contrato público a la oferta más barata es enfermiza. Antes no era así; los baremos eran más lógicos y razonables. El que oferta más barato puede ser un kamikaze, que se lanza al vacío y, luego, si no llega, pide ampliación del presupuesto o dice que no puede seguir.

¿Han empeorado las condiciones de los contratos públicos?

Los concursos han empeorando notablemente; son nefastos para los técnicos, un desprecio absoluto al profesional. Empezando por lo que te piden, que es desproporcionado. Para optar a un concurso público, que puedes ganar o no, debes presentar un trabajo completo y complejo, sin que existan contraprestaciones. Por eso, pedimos que se hagan en dos fases, a modo de criba: en la primera, que se presente la idea general del proyecto y una memoria resumida del mismo. Y una segunda fase, con los proyectos desarrollados y completos.

¿Qué otras medidas plantean?

Que los estudios de profesionales jóvenes puedan participar en los concursos. Que se refuerce la composición de los jurados y que se adjudique la dirección de las obras junto con el proyecto.