El presidente nacional de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) de USO, José Luis Pascual, ha denunciado que en las tres cárceles aragonesas se han producido en los 6 últimos años 109 agresiones de carácter grave o muy grave a funcionarios por parte de los reclusos.

Pascual ha recordado que en Aragón trabajan 2.208 funcionarios de prisiones y que de esas 109 agresiones, 79 fueron en el centro penitenciario de Zuera, 20 en el de Daroca y 10 en el de Teruel.

Además, ha destacado que el centro penitenciario de Zuera ocupa en 2016 el segundo puesto en el ranquin nacional de las cárceles que más agresiones han registrado, con 20, así como que en estos momentos se produce en España una agresión grave cada día.

Asimismo, ha lamentado que a los funcionarios de Educación y Sanidad en el ejercicio de sus funciones se les ha regulado como "agentes de la autoridad", mientras que a los de Prisiones, que ha recordado que trabajan con personas condenadas, se les ha negado, algo que ha calificado de "inimaginable".

Por todo ello y por la situación en la que se encuentran a nivel nacional, desde el sindicato USO, que es el mayoritario en este sector, han calificado la situación de instituciones penitenciarias de "insostenible" porque "el abandono es claro y nítido".

Pascual, que ha estado acompañado de Ignacio Hernández, secretario general de Acaip, y del delegado de Aragón, Óscar Alonso, ha demandado al Ministerio del Interior, del que dependen, el cese de Ángel Yuste, secretario general de instituciones penitenciarias, para que "se produzca un cambio de rumbo".

Ha afirmado que ha sido imposible mantener una reunión con Yuste en los últimos cinco años a pesar de que USO es mayoritaria, con más del 50% de los votos, además de que "ha obviado cualquier tipo de negociación con cualquier sindicato".

Déficit de plazas

Desde USO estiman que en estos momentos el déficit de plazas de funcionarios de prisiones es de unas 3.500, lo que supone aproximadamente el 10% de la plantilla, al no haberse cubierto las vacantes que se han producido en años anteriores y que en el futuro puede conducir a instituciones penitenciarias "al borde de la quiebra", por lo que la prestación del servicio puede estar en "grave peligro".

Ha apuntado que en el caso de Aragón hay a día de hoy 65 vacantes no cubiertas, lo que afecta gravemente al funcionamiento tanto de los tres centros penitenciarios como de sus Centros de Inserción Social dependientes (Zaragoza y Huesca), a las que habría que añadir los 12 puestos suprimidos en las Relaciones de Puestos de Trabajo.

Zuera, planificado para 1.000 reclusos cuenta con 1.500

Pascual ha explicado que el CP de Zuera, considerado de alta seguridad y planificado para un millar de reclusos, cuenta en la actualidad con unos 1.500, lo que conlleva "un 50 % de sobrecarga" y supone que módulos con entre 120 y 140 reclusos, "en el mejor de los casos, estén atendidos por dos trabajadores".

También ha manifestado la demanda de estos funcionarios de volver a depender del Ministerio de Justicia en lugar del de Interior, al que se les llevó en la época del terrorismo, porque considera que "los derechos humanos de los internos se entienden mejor en Justicia".

En este sentido, ha afirmado que los funcionarios de prisiones no están dispuestos a participar en que a los reclusos se les prive de "ningún derecho que no sea el que determine el juez" y ha incidido en que en el Ministerio del Interior la única institución dependiente que no se ha remodelado ha sido la penitenciaria.

Por otro lado, también ha denunciado la "drástica" reducción de los tiempos del contrato de limpieza, lo que ha llevado a que en el penal de Zuera "el mantenimiento esté abandonado", y ha puesto como ejemplo que el personal tenga que limpiar "cada dos minutos una oficina de entre 30 y 40 metros con baño incluido". "Este deterioro constante (ha afirmado) no es casualidad. Es intencionado y malintencionado".

Por todo ello ha dejado clara la intención de su sindicato de que las movilizaciones que arrancaron el pasado 1 de diciembre vayan 'in crescendo' y de que se incremente su dureza "para que la sociedad conozca que esta situación es insostenible".