El Gobierno de Aragón va a financiar 250 plazas en 52 residencias comarcales y municipales repartidas por toda la Comunidad para atender a personas dependientes. Así se ha comprometido este miércoles el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) con la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp) mediante la firma de un convenio que supondrá para “muchas residencias” su propio mantenimiento al encontrarse en “dificultades”.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, ha señalado que los beneficiarios deberán aportar el 80% de sus ingresos y las arcas autonómicas pagarán el resto de la cuantía de las plazas, cuyo coste asciende a 1.200 euros.

Hasta el momento, una veintena de municipios ya han tomado el acuerdo de adherirse al convenio, para cuyo cumplimiento la DGA ha reservado una partida máxima de 1,5 millones de euros para este año. Estas nuevas plazas se sumarán a las que el IASS ya tiene concertadas dentro del convenio marco.

La consejera no se ha atrevido a aventurar el número de puestos de trabajo se pueden llegar a crear, aunque sí destacó que en los dos años de Gobierno PSOE-CHA se han generado un millar de empleos relacionados con la dependencia.

La presidenta de la Famcp, Carmen Sánchez, ha destacado que el acuerdo permitirá atender a personas con gran dependencia (grado 2 y 3) en el entorno rural, lo que supone una medida directa para hacer “atractivos” a los municipios. “Los ciudadanos pueden acceder a servicios, lo que es una manera de vertebrar y de que nuestros municipios se mantengan vivos”, ha defendido.

La firma ha estado presidida por el presidente aragonés, Javier Lambán, quien ha destacado el “cambio cualitativo” en la prestación de la dependencia desde que gobierna, después de una legislatura en la que gobernó el PP-PAR “machacando y pisoteando” los derechos sociales.