El 80% de los aragoneses se muestra partidario de abolir el impuesto de sucesiones

La mayoría de los ciudadanos consideran que este tributo y el de plusvalía debería ser igual en todos los territorios.

Numerosa concentración contra el impuesto de sucesiones
Numerosa concentración contra el impuesto de sucesiones
Toni Galán

Heredar en Aragón no supone el mismo gasto que hacerlo en La Rioja. A pesar de que la distancia física que separa una comunidad y otra es mínima, el hecho de que esta competencia esté transferida a los gobiernos autonómicos ha provocado importantes diferencias. De este modo, según el estudio 'Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2017', la comunidad aragonesa es la tercera en la que mayor desembolso se debe hacer (por detrás de Andalucía y Extremadura) para asumir una herencia; mientras que La Rioja, con la que comparte frontera, es la cuarta más barata (solo por delante de Madrid, Cantabria y las Islas Canarias). En este documento se pone en relieve que cuando una persona soltera de 30 años hereda bienes de su progenitor por valor de 800.000 euros (de los que 200.000 corresponden a la vivienda del fallecido), en Aragón se deben pagar 155.385,48 euros; mientras que en La Rioja la suma solo asciende a 1.586,04.

Por todo ello, no es de extrañar que, según la encuesta realizada por A+M para HERALDO DE ARAGÓN, solo el 15,2% de los aragoneses puedan asumir estos gastos sin ninguna dificultad. Por su parte, un 37,4% tienen algún problema económico para hacer frente a esta liquidación; un 21,9% aseguran que tienen bastantes dificultades y un 15,1% sostienen que les supone un gran quebranto. Además, el 8,3% de los encuestados afirman que han tenido que renunciar a la herencia porque no podían pagar este impuesto.

Asimismo, el estudio realizado pone en evidencia que el 79,5% de los aragoneses consideran que todas las comunidades deberían tener las mismas condiciones en este tipo de tributos. “Lo que más se percibe en la notaría es el malestar de las personas cuando descubren que existen importantes diferencias entre las comunidades y que si vivieran 20 kilómetros a la derecha o a la izquierda, pagarían mucho menos”, reconoce Dámaso Cruz, decano del Ilustre Colegio Notarial de Aragón.

Con esta premisa, casi el 80% de los encuestados apuestan por que el Gobierno de Aragón debería abolir el impuesto de sucesiones. Incluso aquellos que consideran que no se debería eliminar (un 17,2%), mayoritariamente (69,1%) abogan por reducir la cuantía, en busca de esa igualdad entre comunidades. Y es que, según refleja la encuesta, el 70,3% aseguran que “el Estado no tiene derecho a quedarse con parte del legado que un contribuyente ha dejado para sus hijos o descendientes”. Aún así, casi un 30% especifican que este tributo “desempeña un papel fundamental en la distribución de la riqueza y graba las ganancias que ha obtenido un contribuyente sin esfuerzo”.

Un impuesto “excesivo”

Independientemente de la situación, al 54,7% de los aragoneses les parece un impuesto excesivo; un 23,8% lo consideran alto; un 8,4, normal y solo un 6,6% lo califica como asumible. “Si un hijo hereda de un padre menos de 150.000 y tiene un patrimonio preexistente menor a 400.000, no debe pagar nada. Aunque en esta situación se encuentran la mayoría de los casos, en el momento en el que no se cumplen estos requisitos, el tipo impositivo aumenta de manera correlativa”, subraya Cruz.

Tal es la indignación de los aragoneses que algunos de los afectados se han organizado y han formado la plataforma Stop Sucesiones (también existente en Andalucía y Asturias). En los últimos meses, este colectivo ha estado muy activo en la comunidad aragonesa con diferentes manifestaciones y recogidas de firmas. Ejemplo de ello es que esta misma semana han entregado 63.000 firmas contra el impuesto de sucesiones al Justicia. Además, este domingo llevaron a cabo una concentración en la plaza del Pilar de la capital aragonesa.

El estudio realizado por A+M también recalca que el 74,9% de los aragoneses consideran que las diferencias existentes entre comunidades suponen una gran desigualdad, mientras que el 6,4% aseguran que no les preocupan. Por su parte, un 4,6% lo ven aceptable y el 12,2% de los encuestados dicen que cada comunicad hace lo que considera. Respecto a las obligaciones que deben tener los ciudadanos en cuanto a este tributo, un 65,8% creen que deben ser idénticas, independientemente de su situación; por su parte, el 31,4% estiman que deben existir diferencias.

La plusvalía municipal

Otra de las cuestiones con las que muchos ciudadanos no están de acuerdo son las plusvalías municipales, en concreto, las diferencias que existen entre un municipio y otro. Un 71,5% de los encuestados aseguran que este impuesto provoca una gran desigualdad, a un 7,3% no les preocupa, un 3,9% lo ven aceptable y un 15,6% asumen que cada ayuntamiento hagan lo que considere. Aún así el 75,8% cree que todos los ayuntamientos deberían tener las mismas condiciones, y un 66,5% afirman que todos los ciudadanos deberían afrontar idénticos requisitos en este tipo de tributos.

Respecto al tipo impositivo, al 51% les parece excesivo, mientras que un 26,8% consideran que es alto. Por su aparte, un 7,7% aseguran que es normal y un 7,1%, asumible. El resto no saben o no contestan. Por ello, el 75,4% cree que el ayuntamiento debería reducir el importe de este impuesto. “En el caso de que el piso que se reciba tenga un valor catastral inferior a 100.000 euros, el pago que se debe hacer es mínimo; pero si no, el tipo impositivo va creciendo”, recuerda Cruz.

Por ello, solo el 18% de los encuestados pudieron asumir su coste sin ninguna dificultad. Entre el resto: el 45,3% afirma que tuvo alguna; el 19,9% especifica que fueron bastantes y para el 12,4% supuso un gran quebrando. Además, un 2,6% tuvieron que acabar renunciando a la propiedad.


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