Gimeno descarta el concurso oposición para las plazas del Instituto Aragonés de Estadística

El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Fernando Gimeno, ha descartado la posibilidad de convocar un concurso oposición para las 17 plazas de técnicos medios del Instituto Aragonés de Estadística.

Gimeno ha comparecido ante la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública de las Cortes de Aragón a petición de Podemos y ha explicado que hay una oposición para esas plazas y "no se puede realizar de otra manera" porque en la "norma no existe excepcionalidad" y aplicarla en este caso supondría "sentar precedente".

El consejero ha recordado que los trabajadores del Instituto Aragonés de Estadística comenzaron siendo becarios en formación, luego tuvieron contratos temporales que suscribía la Universidad de Zaragoza, si bien su puesto de trabajo estaba en el Instituto, y en 2013 pasaron a ser interinos, pero sin plaza, a través de un proceso de selección del INAEM.

En 2015, se crearon las plazas, después se modificó la Relación de Puestos de Trabajo y en 2016 se convocó la Oferta de Empleo Público, mientras que este año se han convocado las plazas y se está a la espera de designar el tribunal de la oposición.

Gimeno ha subrayado que la OPE contó con el acuerdo de los sindicatos y no ha sido recurrida. Asimismo, ha remarcado que "cuando se transforman las plazas, hay que convocar una oposición" y no un concurso oposición, como piden las personas que ahora ocupan esos puestos.

El consejero ha manifestado que hay otras personas en situaciones similares y "cuando hablamos de funcionarios hay que dar acceso a todo el mundo, las normas son así", para considerar que quienes ya ocupan esos puestos "tienen capacidad y conocimientos que se van a demostrar en las pruebas que se van a realizar".

Proposición no de ley

El consejero se ha referido a la proposición no de ley aprobada por unanimidad en las Cortes que pedía elaborar un informe sobe la posibilidad de convocar estas plazas a través de un concurso oposición, para apuntar que su "voluntad" es cumplir los mandatos del Parlamento, pero, en este caso, cuando se aprobó esta iniciativa "ya estaba en marcha la convocatoria".

La proposición no de ley también pedía una ley de Estadística, sobre la que Gimeno ha dicho que "tiene que estar en estas Cortes", para incidir que en esta cuestión "se ha actuado de forma correcta" y "con la mejor voluntad posible".

La diputada de Podemos, Amparo Bella, ha considerado, sin embargo, que ha habido un "incumplimiento" del mandato de las Cortes porque "había tiempo para cumplirla y consolidar el empleo de estas personas cuyas funciones han adquirido un carácter permanente y estructural", al tiempo que ha considerado una "injusticia y maltrato" el dado a estos trabajadores.

La parlamentaria ha indicado que algunas de ellas trabajan para la Administración desde 1995 y cuando pasaron a ser funcionarios interinos ya vieron "rebajada su categoría y sufrieron mermas salariales". A su entender, ha habido "poca valoración de la profesionalidad y el ejercicio de estos años".

La diputada del PP, Yolanda Vallés, ha criticado que "a los siete días de que se aprobarse la proposición no de ley se dictó la resolución para iniciar el proceso selectivo" y ha querido saber si se ha elaborado el informe solicitado por las Cortes para contemplar la posibilidad de un concurso oposición porque "hay suficiente base" jurídica para plantear esta opción. También ha afeado al PSOE que si sabía que no se iba a poder cumplir la PNL, la votaran en contra.

Proceso avanzado

El parlamentario del PSOE, Alfredo Sancho, ha señalado que "no se pone en duda la capacidad e idoneidad de las personas que están trabajando", pero la OPE fue negociada por los sindicatos y "no fue recurrida por nadie" y cuando se aprobó la proposición no de ley "el proceso estaba avanzado". Según ha esgrimido, "no hay que confundir" excepcionalidad con discrecionalidad.

La diputada del Partido Aragonés, Elena Allué, ha opinado que el origen del problema es "cómo se contrató a estas personas" y ha estimado que se dio una "cesión de personal" de la universidad al Gobierno de Aragón y los afectados "tendrán la vía abierta para denunciar al Gobierno de Aragón ante los juzgados". Ha añadido que la situación es "compleja" porque ha recordado que hay entre 20.000 y 30.000 interinos en la Comunidad y hay que respetar el acceso a la función pública bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad.

El diputado de Ciudadanos, Javier Martínez, ha preguntado al consejero "si se podía haber hecho de otra forma", haber esperado a tener aprobada la ley de Estadística, la nueva ley de Función Pública y los Presupuestos Generales del Estado para un personal "que lleva muchos años trabajando en sus puestos" y "cada vez que ha habido un cambio han tenido que aguantar y al final no les ha servido para nada".

El diputado de CHA, Gregorio Briz, que ha intervenido por el grupo mixto, ha indicado que "hay una contradicción en las normas legales" y la "voluntad" del Ejecutivo ha sido "dar los pasos adecuados para convocar la oferta de empleo público y acabar con la interinidad, ajustándose a Derecho", para estimar que hay distintos puntos de vista por parte de quien está esperando que se convoque una oposición libre y quienes ocupan esas plazas como interinos.