Todo aquel que trabaje de forma continua con niños debe solicitar un certificado de delitos de naturaleza sexual que acredite que sobre él no pesa ninguna condena en firme por este motivo. Lo necesitan para su desempeño profesional los profesores y pediatras, pero también los monitores deportivos o de campamentos, conductores de autobús, socorristas...

La obligatoriedad de este trámite entró en funcionamiento en marzo del pasado año. En el Registro Central de Delincuentes Sexuales se incluyen los datos de la identidad y del perfil genético de condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexuales y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluida la pornografía. Se trata de un mecanismo que facilita la prevención, la investigación y persecución de tales delitos y que pretende evitar que quienes sean condenados en sentencia firme puedan realizar actividades o ejercer profesiones u oficios en contacto con menores.

Desde marzo del curso pasado, un total de 642 personas han dado positivo en toda España tras pedir el certificado de antecedentes, según fuentes del Ministerio de Justicia. Hasta catorce de estos habrían tratado de obtener el permiso para trabajar con menores a través de uno de los canales disponibles en Aragón. Eso sí, el hecho de haber realizado el trámite en una comunidad no implica que se intente trabajar en la misma, por lo que de esos catorce, alguno podría residir en otra autonomía, y del mismo modo podría suceder al contrario.

En estos momentos, en Aragón hay un total de 1.045 personas controladas en el Registro Central de Delincuentes Sexuales tras haber sido condenados en firme por un juzgado, algunos en más de una ocasión. Esos más de mil aragoneses no pueden, por ley, trabajar con menores. De ellos, alrededor de 65 no habían alcanzado la mayoría de edad en el momento en que se dictó el veredicto. En el conjunto nacional, la cifra de delincuentes sexuales asciende a 42.227 individuos, y en torno al 96% de las causas corresponden a varones.

En esos catorce casos positivos no se sigue un protocolo concreto, ya que se trata de personas en libertad pero que por su condición, y con la ley en la mano, ya no pueden desempeñar una profesión en la que tengan contacto con menores. Simplemente se les deniega la solicitud, según aclaran fuentes del Ministerio de Justicia.

La mayor parte de las gestiones para obtener el certificado realizadas en Aragón se llevan a cabo a través de la plataforma digital creada a tal efecto, a los que se unen los requerimientos presenciales en la gerencia territorial de Justicia en Zaragoza, en la Inspección General de Servicios de la DGA y los pocos efectuados en distintos ayuntamientos de las tres provincias.

Antecedentes y empleo

Investigadores de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) promueven un proyecto para, a través de una web, ayudar a las personas con antecedentes penales a saber cómo les pueden afectar en otros ámbitos y hacer frente a los efectos de la exclusión laboral y social que provocan los antecedentes.

El proyecto lleva el nombre ‘La regulación de los antecedentes penales: su efecto en el acceso al mercado laboral de los jóvenes’ y su finalidad es crear un sistema para la comprobación de los antecedentes penales en el mundo laboral que “pondere de forma racional las necesidades de protección pública con la reinserción laboral y establecer un sistema que permita la cancelación anticipada de los antecedentes penales”.

La página permite resolver las dudas que pueden tener las personas que han sido condenadas por algún delito y ayudarles a saber cómo les pueden afectar los antecedentes más allá del sistema penal. La web quiere convertirse en una herramienta próxima a los abogados y otros profesionales que trabajan de forma habitual con personas condenadas o en el sistema de justicia penal y facilitarles el asesoramiento de sus clientes.

Según la UPF, en la actualidad los antecedentes penales restringen las oportunidades laborales y algunos derechos políticos y sociales; además, en más de cuarenta profesiones se exige la presentación de un certificado de antecedentes y en muchas otras se requiere acreditar la inexistencia de antecedentes por delitos de naturaleza sexual.