La ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, aseguró ayer al consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona, que el Gobierno central no tiene "ninguna intención" de promover un trasvase del Ebro a Cataluña. El compromiso lo lanzó la ministra durante la reunión que mantuvo con Aragón tras aprobar el Consejo de Ministros el decreto que regula las cuencas internas de Cataluña.

Olona explicó tras la reunión que "cree" las palabras de la ministra "cuando dice que el Gobierno central no tiene intención de aprobar el trasvase", pero mantuvo su "duda legítima sobre las intenciones del Gobierno catalán". En este sentido, el consejero aragonés recordó a la ministra el mandato que ha recibido del Parlamento autonómico de enfrentarse legalmente al Gobierno central ante cualquier intento de trasvase, independientemente de la cuantía de agua. Ese mandato llega después de que el Gobierno central asumiese en un decreto que reconoce a Cataluña "un déficit hídrico" y que –de forma paralela– la Generalitat iniciase trámites para retomar un trasvase del Ebro a cuatro municipios ajenos a la cuenca que había solicitado en 2010, pero que había dejado en suspenso.

El consejero informó además a la ministra de que las Cortes han aprobado reclamar al Gobierno central que "informe desfavorablemente de cualquier autorización de caudales" que le haga la Generalitat sobre el Ebro. En este asunto, hay que indicar que, aunque la Generalitat ya lo ha anunciado y ha firmado un pacto con los ayuntamientos a los que quiere beneficiar, todavía no ha impulsado la tramitación oficial. Como respuesta, la ministra se limitó a decir que "es una cuestión jurídica que van a analizar", según informó Olona tras la reunión.

Dos transferencias diferentes

En el debate que ayer trasladó Olona a la ministra hay dos posibles trasvases diferentes en juego. Tal como ayer respondió la ministra al consejero aragonés, los indicios apuntan a que el Gobierno central no estaría dispuesto a aceptar una petición de trasvase del Ebro de gran cuantía a Cataluña, pero que dura respecto a la posibilidad de vetar el proyecto de trasvase que se autorizó en 2010 y que ahora retoma la Generalitat.

Esta situación ha llevado a las instituciones aragonesas –tanto a la DGA como a las Cortes– a plantear que recurrirán el decreto que da a la Generalitat el control exclusivo las aguas internas de Cataluña, en la que se establece que en su cuenca tienen déficit de agua.

El BOE publicó precisamente ayer ese decreto, así que el Ejecutivo aragonés ya está en disposición legal de poder presentar su recurso ante el Tribunal Constitucional.