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La escuela pública denuncia que la Justicia "impide" la planificación educativa

Denuncian un "exceso" de medidas cautelares y piden al TSJA, al que califican de "gobierno en la sombra", que agilice las sentencias

La consejera de Educación, Mayte Pérez.
La consejera de Educación, Mayte Pérez.
Oliver Duch

“El TSJA, con su actuación, se está interponiendo en el camino condicionando la política educativa de un gobierno legitimado en las urnas, comportándose, de hecho, como un gobierno en la sombra". La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública, formada por asociaciones de familias, sindicatos y partidos políticos como PSOE, CHA e IU), ha convocado a los medios de comunicación para lanzar este mensaje e insistir en “el exceso de medidas judiciales” dictadas contra decisiones del departamento de Educación en estos dos años.

Se trata de medidas cautelares (no hay sentencia todavía de ninguno de los casos) que han frenado las intenciones del Departamento en diferentes temas, como la autorización de nuevos centros, los conciertos o el currículo. “Las medidas cautelares deben existir en el estado de Derecho, pero si se hace un uso excesivo impiden tomar medidas de política educativa”, reiteraron.

En concreto, Educación no ha podido rescindir el concierto (ni impedir la apertura) del colegio privado Ánfora de Cuarte de Huerva. Además, siguen paralizadas las nuevas normas del currículo aragonés en ESO y Bachillerato y tampoco hay decisión final sobre si la DGA podrá dejar en 45 minutos semanales la asignatura de Religión en Primaria (de momento sigue en 90 minutos). La avalancha de medidas cautelares han llegado cuando varios colegios concertados han acudido a la Justicia (primero a los jueces de lo contencioso y luego al TSJA) para impedir que la DGA dejara de financiarles varias aulas de 1º de infantil. El proceso de renovación de estos conciertos ha coincidido con la escolarización, lo que ha complicado aún más las cosas.

La Plataforma solicita, a cambio, que el TSJA estime las alegaciones de Educación en estos procesos y que dicte sentencia cuanto antes. Animan a la DGA a recurrir todas las cautelares y piden, de nuevo, la derogación de la Lomce.

Gregorio Briz (CHA) insistió en la “perversión” que esto supone para la planificación educativa y comparó dictar cautelares con “dejar en barbecho el modelo educativo”. También estimó que “la Justicia es subjetiva” en relación a que, en 2014, con el Gobierno PP/PAR, los jueces no admitieron cautelares cuando las familias de las Cuencas Mineras les pidieron que no se cerraran aulas públicas en la zona. En definitiva, Briz valoró que "la Justicia lo que está haciendo es inmiscuirse".

Por su parte, el coordinador general de IU Aragón, Álvaro Sanz, coincidió en que hay "una clara intencionalidad" por parte de la Justicia. Carlos Gamarra (Podemos) también consideró que se ha hecho evidente que "la distorsión de las cautelares se genera en cada zona educativa"

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