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El TSJA da un mes a Educación para distribuir a los alumnos con necesidades especiales

Otra resolución judicial obliga al Departamento a ejecutar la sentencia de 2014 favorable a los padres del colegio Pío XII de Huesca cuando apenas quedan unas semanas de curso. La DGA puede interponer un recurso de reposición.

La consejera de Educación de Aragón, Mayte Pérez
La consejera de Educación de Aragón, Mayte Pérez

Una nueva resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) vuelve a exigir a Educación que se ejecute la sentencia de 2014 favorable a la asociación de padres del colegio Pío XII de Huesca y que obliga a distribuir de forma equilibrada a los alumnos con necesidades especiales (denominados Acneaes) en todos los colegios públicos y concertados de la Comunidad para evitar centros gueto. Esta providencia, ante la que el Gobierno de Aragón puede interponer recurso de reposición, da un mes de plazo para ejecutar el fallo.

La resolución, dictada por la Sala el pasado lunes, acuerda requerir "de nuevo y personalmente a la consejera de Educación" para que en el plazo de un mes "proceda a llevar a cabo la ejecución fijando una proporción concreta de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo". La providencia detalla que, en caso de incumplimiento, se podrán imponer multas de 150 a 1.500 euros y "se podrá deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder".

Aunque este conflicto se remonta al anterior Ejecutivo aragonés, del PP, ha sido la actual consejera, la socialista Mayte Pérez, la que ha tenido que tomar cartas en el asunto y buscar las fórmulas para mejorar la escolarización de estos estudiantes que necesitan apoyo educativo. De hecho, firmaron un protocolo de colaboración con los ayuntamientos de las tres capitales de provincia encargados de detectar familias con necesidades a las que el Departamento pueda guiar a la hora de elegir el colegio que mejor se adapte a sus necesidades.

La ampa del colegio Pío XII reconoció ayer en un comunicado que este nuevo pronunciamiento judicial "respalda la idea tantas veces expresada" de que, aunque desde Educación se han dado pasos para intentar cumplir las sentencias, "estos no son lo suficientemente contundentes como para cumplir de una vez por todas los mandatos judiciales".

"Lamentamos que una medida tan importante como la firma de los convenios con ayuntamientos para la detección precoz de Acneaes no haya culminado con la articulación de un mecanismo adecuado en la legislación pertinente que estableciera esa proporción concreta" de alumnos con necesidades especiales, dijeron desde la ampa. Por eso, los padres exigen al Departamento el cumplimiento de las sentencias para que pueda garantizarse "una educación en igualdad de condiciones para todos los niños aragoneses".

Auto de ejecución forzosa

El TSJA ya emitió el 31 de octubre de 2016 un auto de ejecución forzosa de la sentencia para que se cumpliera en el plazo de un mes. El 26 de enero volvió a hacerlo y esta última providencia lo reitera. Sin embargo, su ejecución por parte del Departamento será ahora más difícil que nunca, ya que queda apenas un mes para que concluya este curso.

Los colegios tienen una reserva de plazas para alumnos con necesidades especiales, lo que ocurre es que la distribución es desigual y hay centros en los que apenas existen Acneaes –el sindicato CGT ha denunciado que en algunos concertados no llegan al 1%– y otros en los que el porcentaje supera el 30% –como el Pío XII de Huesca–. La consejera se comprometió el pasado marzo en las Cortes a que el número de alumnos con necesidades específicas que pueda tener cada centro educativo de la Comunidad se reduzca el próximo curso a un máximo de entre el 15% y el 20%.

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