Mayte Pérez sostiene que la decisión de la Justicia "impide" la planificación educativa

El de ayer en las Cortes iba a ser un debate sobre la escolarización. Horas antes, la consejera de Educación, Mayte Pérez, aseguraba que había sido un proceso "normalizado" y "mejor que otros años". Quién sabe si fueron estas declaraciones las que avivaron el fuego, o el hecho de que el hemiciclo se convirtiera en un cruce de acusaciones por la judicialización del conflicto con la escuela concertada después de que el TSJA haya dictado medidas cautelares que impiden a Educación cerrar varias aulas privadas. Lo cierto es que la bronca duró más de una hora con duras críticas contra la Justicia.

El PP pidió explicaciones sobre la judicialización de algunas de las decisiones que ha tomado Educación desde su llegada y, en concreto, por las medidas cautelares del TSJA que han impedido al Departamento no permitir el concierto al colegio Ánfora (Cuarte), reducir las horas de la asignatura de Religión y dejar de financiar al menos siete aulas concertadas.

Pérez recalcó que ninguna de ellas es una sentencia y valoró las consecuencias de estas medidas judiciales que, además, le "extrañan". "Impiden que el Gobierno siga defendiendo lo que considera más justo", aseguró. "Este Gobierno planifica pero esto es cuestionado y los tribunales nos impiden seguir planificando", añadió.

Reprochó, además, que la Justicia decidiera en dos sentencias durante el anterior Ejecutivo PP-PAR (una sobre las Cuencas Mineras y otra sobre la distribución del alumnado en un colegio oscense), que la DGA era la encargada de planificar los recursos y ahora "la misma Sala diga lo uno y lo contrario".

A partir de ahí, el debate giró hacia si se debe preservar antes la libertad, o el derecho, ("¿son incompatibles?", llegó a preguntarse la diputada del PAR, María Herrero), y sobre si las decisiones de los jueces están mediatizadas. En este punto, los portavoces del Grupo Mixto y Podemos, Gregorio Briz (CHA) y Carlos Gamarra, fueron los más incisivos.

"No sé si ustedes tienen cierta complicidad colaborativa con el sector judicial", preguntó Briz al PP tras acusarle de "querer cerrar aulas en la pública" y "pretender que la escuela protagonista sea la concertada". "¿Por qué no acabamos poniendo al juez decano de consejero de Educación?", llegó a sugerir. Después, añadió que el departamento está "esposado" por las decisiones judiciales.

Poco después, Gamarra (Podemos), aseguró que las sentencias "han distorsionado el proceso de escolarización" y afirmó que "la justicia no es igual para todos". Para justificar su argumento, dijo que, durante el anterior Ejecutivo, el mismo tribunal que ahora da las cautelares permitió que se cerraran aulas en la pública.

"Las personas que reclamaban que no se cerraran sus aulas solo tenían el apoyo de algunas organizaciones en defensa de la pública, pero en este caso la confederación empresarial, la patronal, los obispos, las asociaciones católicas y todos los partidos de la derecha han estado detrás", aseguró.

El PAR denunció otro tipo de mediatización, a su juicio, la que ejerce Podemos en las decisiones del PSOE y reprochó a la consejera no tener un modelo, participando en un "chantaje continuo" y añorando los tiempos del presidente Iglesias. "Quiero pensar que no le queda otro remedio -dijo refiriéndose a las condiciones firmadas con Podemos para sacar los presupuestos y que fijaban el cierre de aulas concertadas-, pero sí que lo hay; hay otros grupos parlamentarios que podemos sentarnos en esta mesa", aseguró.

También Ciudadanos criticó que la "única planificación sea cerrar aulas en la concertada" y respaldó la acción de los jueces. El PSOE, por su parte, animó a Mayte Pérez "a no dar marcha atrás".

Ratios y plazas

Los datos sobre la escolarización pasaron casi inadvertidos, pero Pérez defendió su gestión con cifras, aludiendo a que las ratios nunca habían sido tan bajas e insistiendo en que, por primera vez, todos los niños del sur de Zaragoza tendrán plaza en su zona. "Las administraciones no pueden garantizar la libertad de elección porque esa libertad solo es posible si hay iniciativa privada que abra centros, y solo en 20 municipios de los 731 de Aragón existen colegios privados", aseguró, aludiendo al beneficio empresarial que necesitan estas organizaciones. "Lo que debe garantizar un Gobierno es el derecho a la educación", añadió.

En este proceso, ha crecido la demanda de la escuela pública un 1,4%, que ha sido elegida por el 61% de las familias. En datos absolutos, han