Podemos lamenta que los jueces se "entrometan" en la planificación educativa

La portavoz de Educación de Podemos, Erika Sanz, ha asegurado que no les parece "de recibo" que los jueces "se entrometan sistemáticamente en una planificación educativa que vela por el equilibrio y la igualdad de oportunidades", en referencia a las medidas cautelarísimas del TSJA que bloquean la no renovación de conciertos.

La sala primera de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha suspendido la orden dictada por el Departamento de Educación el 12 de mayo, en lo referido a la supresión de aulas de infantil en cuatro colegios (Sagrada Familia, La Anunciata, Cristo Rey y Teresianos del Pilar).

En un comunicado, Sanz ha lamentado que los jueces "no comprendan el impacto que sus decisiones tienen para el deterioro de la educación pública y del derecho a la educación, al tiempo que ha resaltado la "la importancia de la planificación educativa".

La diputada se ha mostrado "perpleja" ante una decisión judicial que no tiene en cuenta "en ningún momento la equidad ni el mantenimiento de la calidad educativa para todos los centros".

Aunque reconoce que puede estar en desacuerdo con algunas de las políticas del Gobierno PSOE-CHA, que siguen poniendo en peligro aulas públicas, añade que no le "parece de recibo que los jueces se entrometan sistemáticamente en una planificación educativa que vela por el equilibrio y la igualdad de oportunidades".

Y en este sentido, el diputado Carlos Gamarra ha señalado que "llueve sobre mojado", ya que esta misma sala contencioso administrativa del TSJA es la que ha impedido que la Administración lleve a cabo decisiones en torno al colegio Ánfora de Cuarte o la reducción del horario de Religión en Primaria.

"Para esta sala, las medidas cautelares o cautelarísimas, más que extraordinarias, parecen el procedimiento común", ha agregado, al tiempo que ha calificado de "duro varapalo" constatar que la justicia "no es igual para todos" ya que este mismo juzgado permitió cerrar aulas públicas durante la legislatura PP-PAR, "sin tener en cuenta el recurso judicial que presentaron las AMPAS del Bajo Aragón".