Al menos seis de los trece colegios a los que Educación ha decidido retirar la financiación pública para una de sus aulas de 1º de infantil (Teresiano del Pilar, La Anunciata, Sagrada Familia, Virgen de Guadalupe, San Gabriel de Zuera y Nuestra Señora de la Esperanza de Pina de Ebro), algunos de ellos con una única clase por cada curso, han recurrido la decisión al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, al que han solicitado que dicte medidas cautelarísimas para paralizar la medida.

Los centros quieren de esta manera que el TSJA se pronuncie antes de mañana miércoles, cuando se publican las listas definitivas de admitidos, no admitidos y excluidos en el presente proceso de escolarización. El resto de centros que se encuentra en esta misma situación está valorando también acudir a los tribunales, pero algunos de ellos, al no tener en el presente curso suficiente demanda en primera opción para llenar todas sus clases, no tienen la misma urgencia.

De momento, alrededor de 110 niños han quedado afectados por esta decisión. Aunque aparecieron el pasado miércoles como admitidos en las listas provisionales publicadas en estas escuelas, ahora están a la espera de que se resuelva la renovación de conciertos para saber si finalmente podrán entrar en estos colegios que eligieron en primera opción –si así lo estima el TSJA– o las comisiones de escolarización tendrán que buscarles otros centros.

La posición del Gobierno

Mientras los colegios damnificados critican que se haya decidido la revisión de los conciertos en medio del proceso de escolarización, la consejera de Educación, Mayte Pérez, justificó ayer la decisión como una manera de "evitar posibles conflictos e incertidumbres", antes de que saliera la lista de admitidos definitiva. "Lo hemos hecho en función a la lista de solicitudes –dijo ayer–, que es lo que nos pedían los tribunales". Pérez calificó el proceso de revisión de conciertos educativos, que se toma para los próximos cuatros años, como un "proceso administrativo normalizado".

Además, consideró que no existe verdadera libertad de elección cuando hay padres que pueden optar a un colegio público y a otro concertado, y eligen el segundo porque hay menos porcentaje de alumnos inmigrantes y con necesidades educativas especiales. "Tenemos que poner las cartas sobre la mesa y competir con las mismas reglas del juego sin hacer trampas", declaró.

Frente al sector de la concertada, que rechaza de pleno esta orden del Gobierno de la Comunidad, que ayer mismo se publicó en el Boletín Oficial de Aragón, la Plataforma por la Defensa de la Escuela Pública -que agrupa a los partidos de izquierda, sindicatos y asociaciones educativas- mostró su apoyo a la no renovación del concierto a 13 aulas de 3 años.

En una nota de prensa, considera que Educación ha planificado "con responsabilidad", y apostando por la escuela pública que, en su opinión, puede atender gran parte de las necesidades de escolarización futuras. Además, esta misma plataforma pidió al Departamento que dé "un paso más", contando con toda la capacidad de los centros públicos y subvencionando solo los colegios privados donde sea estrictamente necesario.

Por su parte, la portavoz educativa de Ciudadanos en las Cortes de Aragón, Susana Gaspar, criticó duramente el cierre de estas aulas, que tachó de "cacicada". "Estamos ante una situación rocambolesca –subrayó la diputada–. Con este cambio de las reglas de juego a mitad del partido tenemos a más de 100 familias que pierden su plaza en primera opción a pesar de que sí hay vacantes y de haber cumplido con la orden de escolarización".

Escolarización en Valdespartera

Por otra parte, y dentro del proceso de escolarización de este año, un grupo de padres que optaba a entrar al colegio San Jorge del zaragozano barrio de Valdespartera han enviado una carta a la consejera de Educación pidiendo que se abra una clase más en ese centro, ya que ningún niño con solo los puntos otorgados por proximidad -siete- ha podido entrar. Esto se debe a que había muchos aspirantes con hermanos en el centro y a que los pocos que no los tienen y han logrado plaza contaban con puntos extra por cuestiones de renta o discapacidad de familiares.

Como denuncian en este escrito, no ha habido otro caso en Aragón en el que niños con 7 puntos o más se hayan quedado fuera de su único centro de referencia, por lo que solicitan que se habilite un aula más en el colegio, como se ha hecho en los casos de Parque Venecia, Arcosur y Doctor Azúa en Zaragoza, además de en el Hermanos Argensola de Montañana y el Ramón y Cajal de Cuarte. "Es muy injusto tener un colegio en la puerta de casa y no haber tenido ninguna posibilidad de optar por él", lamentan en su texto, en el que se quejan de que las plazas disponibles en los nuevos colegios del barrio, aún sin edificar