¿Dónde tienen los niños más difícil ejercer sus derechos?

La realidad en el planeta es muy distinta, no se puede comparar Haití con Dinamarca. Prácticamente todos los países han ratificado la Convención de los Derechos del Niño, pero en ningún Estado la situación es perfecta. Siempre hay retos. En los informes de la convención se ve que hemos avanzado: se ha tomado conciencia de que el niño es un sujeto de derechos y se avanza con leyes. La práctica es distinta.

¿Por qué?

Cambiar una ley es fácil, cambiar las mentalidades es más difícil. En España hubo un largo debate con la ley del cachete, que prohibía cualquier corrección con violencia. Socialmente, el cachete sigue aceptado, así como la idea de que los padres saben qué es mejor para sus hijos y, por tanto, hay que respetar a rajatabla lo que digan. En los divorcios con acuerdo entre los padres, no hay nada que decir. ¡Como si el niño no tuviese sus derechos! En la violencia de género, el avance es espectacular. Hace 25 años, si un novio daba una bofetada a la novia se miraba mal, pero todos se quedaban quietos. Hoy no. Eso no se ha conseguido en la violencia con los niños.

También existen los casos del ‘niño-rey’. ¿Cómo gestionarlo?

Ese es otro problema: se ha dado una educación con ausencia de límites. El niño no sabe respetar porque no lo ha aprendido. Lo vemos en el colegio y en el deporte: los padres se pegan y pegan al árbitro. La convención establece la obligación del Estado de ayudar a los progenitores a cumplir sus responsabilidades. Y muchas veces no las saben ejercer. El Estado también les debe apoyar en el proceso de desarrollo.

¿Con escuelas de padres?

Sí, o prestando atención a los casos de riesgo. En 2015 hubo un cambio legal importante. Antes solo había situación de «riesgo y desamparo», y ahora se diferencia entre ambas. Cuando los padres no cumplen sus obligaciones, hay desamparo. Pero si se detecta el riesgo, la Administración debe actuar. El ideal es que no haya ningún niño en protección por desamparo porque se actúa antes.

¿Se puede conseguir?

Por ejemplo en Aragón, esto se gestiona desde las comarcas. Sin recursos ni personal especializado, esta ley es letra muerta.

Por eso usted pide partidas específicas para la infancia.

El Estado no solo debe hacer leyes: las cuentas deben reflejar los recursos para cumplirlas. Es inadmisible que la ley de 2015 dijera que no implica más recursos.

La crisis deja a uno de cada tres niños en riesgo de exclusión. ¿Se hace lo que se debería?

Son muchos. En 1998, el 36% de los mayores de 65 años y el 18% de los niños estaban en esa situación. En 1999 empezó la expansión económica. Se fue reduciendo la situación de riesgo de los mayores hasta el 18% en 2007, pero la cifra de los menores se mantuvo. En 2007, con la crisis, aguantó el porcentaje para los mayores pero subió al 34% en los niños.

¿Cuál es la diferencia?

El Pacto de Toledo, que implicó la garantía de las pensiones y políticas sociales para la tercera edad. Esto no existe para los niños. En los presupuestos no se puede identificar qué se destina a infancia y los ajustes se hacían en grandes partidas. No es que los políticos odien a los niños: no eran conscientes de lo que ocurría.

Al no identificarlas, ¿estas partidas quedan desprotegidas?

Un ejemplo. Montoro propuso que nadie con una deuda con Hacienda pudiera recibir subvención. Parece lógico. Pero, ¿quién recibe las becas de comedor, el niño o los padres? Los padres. ¿Quién tiene deudas, quien tiene dinero o el que no? La consecuencia era que quien tenía recursos, tenía becas. Y así aumenta la exclusión social. Por eso, ahora toda medida debe tener un estudio de impacto en la infancia.

¿Se logra corregir algo?

Algo, pero necesitamos un pacto por la infancia. Estaba en el programa de todos los partidos. Uno de los problemas es que el 80% de las competencias de infancia están transferidas, y no es justo que los derechos cambien por comunidades. Y es radicalmente injusto que los hijos de familias acomodadas tengan más derechos.

¿Esto sigue ocurriendo?

Cuando no se garantiza la educación hasta los 3 años, por ejemplo, y solo acceden a ella los niños de familias acomodadas, están en una situación de privilegio. Empieza la desigualdad a los 3 años. ¿Qué pensaríamos si al ejercer el derecho al voto nos dicen que no podemos porque nuestro vecino no pagó el impuesto de basuras? Responderíamos que es un derecho individual. Eso hacemos con los niños: la vida del padre condiciona el ejercicio de sus derechos.

¿Qué opina de la política de España y la UE con los niños migrantes?

La política ha sido cicatera y miserable. El Gobierno español al final aceptó un cupo ridículo que ha incumplido. La de la UE es vergonzosa. Líbano ha acogido a dos millones de refugiados, cuando su población son 4 millones. En la UE, un millón y medio. Poner barreras solo lleva a enriquecer a las organizaciones criminales de trata de personas. Los europeos somos responsables, personalmente, de decenas de miles de muertos en el Mediterráneo. No verlo es absurdo y es una política que tendrá graves consecuencias. Y ya las tiene, porque todo eso termina alimentando el odio hacia Europa.