Aragón recurrirá ante el Constitucional el plan de cuencas internas de Cataluña
Méndez de Vigo: "Ni hay trasvases ni queda afectada una gota del Ebro".
El Gobierno central y el de Aragón van a tener un nuevo conflicto judicial. La DGA confirmó ayer su decisión de recurrir el decreto que aprobó esa misma mañana el Consejo de Ministros y que legaliza el plan de cuencas internas de Cataluña ante el Tribunal Constitucional. "Lo vamos a impugnar en cuanto lo publique el BOE; es un mandato del Estatuto de Autonomía de Aragón", anunció el consejero de Desarrollo Rural, Joaquín Olona.
El consejero se pronunció poco después de que el portavoz del Gobierno central, el ministro Íñigo Méndez de Vigo, anunciase la aprobación del decreto que a partir de ahora regulará las cuencas internas catalanas, negando que hubiese detrás de él algún intento de trasvase. "Quiero dejar claro, que en el real decreto aprobado no hay ningún trasvase", afirmó. "Ni una gota del Ebro queda afectada por este decreto", insistió Méndez de Vigo, que aludió a la explicación que había hecho la ministra de Medio Ambiente, Isabel García-Tejerina, del decreto dentro del Consejo de Ministros.
La polémica llega después de que se conociese que la norma aprobada ayer incluye un reconocimiento formal de que el Estado acepta que las cuencas internas catalanas tienen un déficit hídrico. Aunque el Gobierno central lo niega, según la DGA ese déficit buscan compensarlo en un periodo medio de tiempo con un nuevo trasvase del Ebro.
En esta línea, el consejero Olona aludió a las afirmaciones de Méndez de Vigo, pidiendo "que nadie se deje engañar". "Por supuesto que con el decreto no se aprueba expresamente un trasvase; no lo podría hacer de ninguna manera y si lo hiciese sería una ilegalidad", indicó. El representante de la DGA insistió en que la estrategia catalana de trasvase tendría dos pasos. El primero sería esta aprobación del decreto y el segundo la de un nuevo Plan Hidrológico Nacional que, asumiendo el déficit hídrico que establece para Cataluña el decreto aprobado por el Gobierno central, incluiría un trasvase del Ebro para compensarlo. "El decreto prepara el terreno para un trasvase en el sentido que plantea cubrir el déficit estructural con aportaciones expresas y con una referencia al PHN, que es donde se pueda aprobar".
Más allá del riesgo de trasvase, Méndez de Vigo informó además que el decreto conllevará "la ejecución de inversiones" hídricas para Cataluña por valor de 971 millones hasta 2021.
La aprobación del decreto provocó la reacción de algunos de los representantes políticos aragoneses. El presidente del PAR, Arturo Aliaga, aseguró que defenderá "con uñas y dientes" la unidad de cuenca. El portavoz del PSOE, Javier Sada, garantizó "todas las medidas jurídicas y políticas posibles" para parar cualquier intento de trasvase. Además, la secretaria general de CHA, Carmen Martínez Romances, advirtió de que el decreto "es un paso más para reconocer formal y legalmente el déficit de sus cuencas y por tanto un potencial peligro para la cuenca del Ebro".
