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Los aragoneses se libran esta legislatura de un impuesto al azúcar como el catalán

La ley catalana encarece entre 8 y 12 céntimos por litro el precio final, que debe repercutir en el consumidor.

Las bebidas energéticas no aportan más energía de la que hay en los refrescos
El consumo de refrescos de un adulto sano debe ser ocasional.
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Los aragoneses no harán frente, al menos a corto plazo, a un impuesto directo sobre las bebidas azucaradas como el que se acaba de implantar en Cataluña. En medio de una notable polémica, los consumidores de la Comunidad vecina han empezado a pagar más cara su ingesta de refrescos, aguas de sabores, batidos, zumos de frutas y bebidas energéticas, en un movimiento que la Generalitat explica como una cruzada en favor de la salud mientras los hosteleros y el grueso de los ciudadanos lo ven como una medida con ánimo meramente recaudatorio. Lo único seguro es que los catalanes pagan desde este lunes, por el mismo litro de líquido, entre ocho y doce céntimos más que el resto de los españoles. Un incremento que, por ley, repercute de forma directa en el bolsillo del consumidor.

El Gobierno de Aragón no prevé implantar un gravamen de estas características. Fuentes de la consejería de Hacienda aseguran que “no hay previsión alguna de poner en marcha una medida tributaria de este tipo, ni en este curso ni, previsiblemente, en lo que resta de la presente legislatura”. “En este 2016, el Ejecutivo aragonés solo contempla dos modificaciones menores sobre impuestos, recogidas en la Ley de Medidas Urgentes en Materia Tributaria promulgada a finales de febrero”, añaden estas mismas fuentes.

El tejido empresarial del sector alimenticio se muestra contrario a aplicar una carga impositiva sobre los refrescos y otras bebidas y confía en que no se llegue a promover ni a nivel autonómico ni nacional. Ignacio Domingo, gerente de la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón (AIAA), considera que “imponer una tasa no es la solución a un problema como el de una incorrecta alimentación, sino que se deberían de articular una serie de medidas encaminadas a la formación del consumidor para que toda la población tienda hacia dietas equilibradas”.

Domingo remarca “los esfuerzos de la industria alimentaria por reducir azúcares y grasas del conjunto de los productos para así hacerlos más saludables, entre otros motivos porque son los propios consumidores los que cada vez están más concienciados y lo reclaman”. Además, el gerente de la AIAA recuerda que “a lo largo de los últimos años, y por normativa de la Unión Europea, ha habido importantes cambios en el etiquetado de los alimentos y cada vez se reflejan de forma más clara los valores energéticos y los nutrientes que los componen”.

Por su parte, la doctora Rocío Mateo, miembro del Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, concluye que “la experiencia de otros países, como México, nos dice que poner un impuesto sobre las bebidas azucaradas acaba reduciendo su consumo y tiene un efecto positivo sobre la salud del conjunto de la población, si bien es necesario esperar un tiempo prudencial, al menos diez años, para poder extraer conclusiones firmes”.

Mateo recuerda que hay “infinidad de estudios que asocian de manera clara el consumo de azúcar con enfermedades cardiovasculares y con la diabetes” y subraya que “la Organización Mundial de la Salud recomienda que, en un adulto sano, la ingesta de bebidas azucaradas debe ser únicamente ocasional, mientras que el consumo de azúcares simples, que tienen una clara presencia en estos productos, debe ser menor al 10% del total de las calorías diarias de una dieta normal”.

Canarias estudia implantar el impuesto

No es la primera vez que se abre el debate sobre la penalización de las bebidas hiperazucaradas y carbonatadas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya puso en marcha en noviembre de 2016 los mecanismos para gravar su consumo e incluso llegó a dar en rueda de prensa la cifra estimada de recaudación a nivel nacional: 200 millones de euros. Finalmente no se concretó.

La única comunidad que tiene previsto seguir los pasos de Cataluña es Canarias, cuya consejera de Hacienda, Rosa Dávila, anunció la creación de un grupo de trabajo para definir una reforma fiscal para 2018 en la que se incluye el encarecimiento de las bebidas con azúcar y de los bollos y dulces industriales.

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