La DGA modifica las condiciones para permitir entrar a los menores en los espectáculos públicos
El Consejo de Gobierno aprueba hoy el decreto que autoriza desde los 16 años a asistir solos a conciertos y otros actos. La normativa obligará a instalar tornos y cámaras de seguridad en los locales.
Casi 20 meses y 17 borradores han sido necesarios para que el Ejecutivo de Lambán cumpla con uno de sus primeros compromisos al llegar al Pignatelli: modificar la normativa para facilitar el acceso de menores a espectáculos públicos. El Consejo de Gobierno tiene previsto aprobar hoy un nuevo decreto que permite que entren solos a partir de los 16 años, mientras que los que no lleguen a esa edad deben acudir acompañados de sus padres o tutores. Pero además, la nueva normativa endurece las exigencias a los organizadores para incrementar las garantías de seguridad en este tipo de eventos.
Este decreto sustituirá al que aprobó en 2014 el Gobierno PP-PAR, que recibió un aluvión de críticas de los ayuntamientos y los promotores musicales al prohibir el acceso de menores, salvo que fueran acompañados o se habilitaran zonas diferenciadas en las que no pudieran adquirir bebidas alcohólicas. Para minimizar las afecciones de esta restrictiva normativa y garantizar su acceso a la cultura, las Cortes ya aprobaron por unanimidad en junio de 2016 una modificación legal que permite que a partir de los 16 años los jóvenes puedan entrar solos a los locales para ver conciertos, siempre visiblemente identificados para garantizar que no pueden consumir alcohol o tabaco.
Ahora, el Gobierno PSOE-CHA extiende la regulación a todos los espectáculos públicos y actividades recreativas, que engloban tanto actos ocasionales en instalaciones ubicadas en espacios públicos (como los que se desarrollan en los recintos de Interpeñas o el Parking Norte de Zaragoza) como aquellos extraordinarios, es decir, distintos a los que habitualmente se celebran en un establecimiento y no figuran en su licencia. Se aplicaría, por ejemplo, a un cotillón en un recinto deportivo.
De esta forma, quedarán zanjadas controversias como la suscitada en las pasadas fiestas del Pilar por las diferentes interpretaciones que unas y otras administraciones hicieron del alcance de las normas vigentes. Además, el nuevo decreto deja fuera los actos que se desarrollen al aire libre en un espacio no acotado y los organizados por los ayuntamientos, con lo que no afecta, por ejemplo, a las verbenas de las fiestas, que también suscitaron debate con el anterior decreto.
No obstante, los municipios han tenido un papel activo en el proceso participativo abierto para escuchar "todo tipo de sensibilidades", apunta la directora general de Justicia e Interior, María Ángeles Júlvez, y que ha acabado por retrasar su aprobación, reconoce. En esta fase también plantearon sugerencias o alegaciones varias comarcas, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (Famcp), la Fiscalía, la Delegación del Gobierno, Policía Nacional, Guardia Civil, empresarios de hostelería, colectivos de familias...
Podrán pedir ayuda a la policía
En el caso de los menores, se especifica que si superan los 16 años o no los han cumplido pero van acompañados podrán acudir a salas de fiesta, discotecas, pubs, bares, cafés-teatro, cafés-cantantes y tablaos flamencos para presenciar actuaciones en directo. Deben estar identificados el promotor detallará en la solicitud de autorización qué medios usará para que no puedan beber o fumar y tienen que marcharse al acabar ese espectáculo. El responsable de que así ocurra es el titular de la licencia y el nuevo decreto establece que si los menores o sus acompañantes incumplen las normas, el organizador les "invitará" a irse e incluso podrá solicitar la presencia de agentes de la autoridad si se niegan.
En todo caso, se prohíbe expresamente la entrada de menores en güisquerías y clubs y en establecimientos que ofrezcan espectáculos que impliquen la promoción del consumo de alcohol, tabaco u otras drogas, como concursos de resistencia, descuentos o regalos. También quedan vetadas hasta los 18 años las actividades de contenido "excesivamente violento".
El otro pilar del nuevo decreto es el refuerzo de las medidas de seguridad para todo el público en general. Una de las más destacadas es la obligatoriedad de disponer de un sistema automático de control de aforo (tornos) y de cámaras de grabación en el interior y los accesos de discotecas, salas de fiesta, pubs, bares con música y güisquerías con un aforo de más de 150 personas. Los mismos medios de vigilancia deberán aplicarse en los espectáculos públicos y actividades recreativas a partir de 1.000 asistentes. En estos casos, el organizador deberá designar un responsable del control de aforo para evitar que "en ningún momento" se supere la afluencia máxima autorizada y para que pueda proporcionar a las fuerzas de seguridad, "en cualquier momento", información sobre el número de personas que hay en ese lugar.
Con estas medidas se pretende prevenir el riesgo de aglomeraciones que puedan derivar en avalanchas como la ocurrida en 2012 en el Madrid Arena, que acabó con cinco jóvenes fallecidas, una de ellas menor de edad. El decreto, que entrará en vigor al mes siguiente de su publicación en el BOA, da un plazo de un año a los establecimientos obligados para instalar los tornos y las cámaras de videovigilancia.
Además, se fijan los equipamientos sanitarios e higiénicos mínimos en cada caso y se regula qué establecimientos deben contar con personal de admisión y de vigilancia y en qué número en función de su capacidad. Estos también se responsabilizarán de impedir la introducción en los recintos donde se celebren espectáculos bengalas, fuegos de artificio, antorchas, armas u objetos que puedan usarse como tal, y se prohibirá la entrada a quienes las porten.
La DGA también ha endurecido los requisitos para autorizar estos eventos y dobla las fianzas que deben depositar los organizadores en función del aforo. Son los ayuntamientos los que deben dar los permisos y ahora también tendrán que comunicar al Gobierno de Aragón las infracciones y sanciones firmes que impongan, que se recogerán en un registro. Los municipios lo deberán consultar antes de conceder las autorizaciones, ya que hay sanciones que conllevan la inhabilitación para organizar y promover espectáculos en toda la Comunidad. El objetivo es "mejorar el estándar de profesionalidad de promotores y organizadores", según Júlvez.
