Los diputados de Podemos e IU condicionarán de nuevo este año la aprobación de los presupuestos de Aragón a la imposibilidad de ampliar los créditos para sufragar conciertos educativos y sanitarios. Esta reclamación forma parte de las enmiendas registradas ayer en las Cortes por los cinco partidos de la oposición, que superan el millar y suman 370 millones frente a los 5.052 a los que asciende el gasto no financiero de este año.

Tanto la portavoz de Podemos, Maru Díaz, como la diputada de IU Patricia Luquin subrayaron ayer que el Gobierno PSOE-CHA debe dejar bien claro el presupuesto real para la educación concertada y la "privatización" de servicios sanitarios, por lo que vetan la posibilidad de que la DGA pueda ampliar las partidas.

El Gobierno de Aragón ha presupuestado 141,8 millones para sufragar los conciertos con colegios privados, una cifra que no permite cubrir el gasto real del año pasado, que ascendió finalmente a 159,4 millones. Es decir, las cuentas parten con un agujero de 17,6 millones, un 11% del importe total para cubrir las subvenciones de las aulas de la escuela privada.

Mientras, para atender los conciertos para la reducción de las lista de espera quirúrgica y de procedimientos diagnósticos, además de los convenios para asistencia sanitaria, se han presupuestado 93,6 millones. En este caso no se esperan sorpresas, puesto que la cifra supera en casi 9 millones la reflejada en la liquidación de 2016.

La exigencia de los socios de investidura no preocupa al Gobierno, ya que cuentan con disponer de los apoyos necesarios en el centro derecha para tramitar un proyecto de ley de suplemento de crédito. A esta solución ya recurrieron en la pasada primavera para cubrir el déficit existente de 23,7 millones con el respaldo de PP, PAR y Ciudadanos.

Menos enmiendas que en 2016

Lo que sí le va a tocar negociar a socialistas y nacionalistas es el grueso de las enmiendas. Este año se han presentado menos, 1.079 frente a las 1.245 de 2016, de las que se llegaron a aceptar un 30%. Ante unas cuentas que criticaron todos los grupos, sus portavoces explicaron que sus propuestas pretende luchar contra el paro, impulsar la economía y las inversiones, mejorar los servicios públicos y combatir la despoblación.

Lo que se da por hecho es que el equipo PSOE-CHA volverá a aceptar una buena parte de las propuestas registradas por sus socios de investidura. En la negociación previa ya tuvieron que introducir en el borrador más de 100 millones exigidos por Podemos para permitir su tramitación.

Su portavoz, Maru Díaz, incidió en que no solo pretenden ampliar el control sobre las cuentas, tal y como adelantó ayer este diario, sino demostrar con sus 180 enmiendas al texto articulado, que suman 98 millones, es posible "un cambio de modelo". Entre sus propuestas, desgranadas por su compañero Román Sierra, un plan sanitario de alta tecnología para "revertir la privatización" de la pasada legislatura, la subida del IAI para igualarlo al salario mínimo, medidas contra la precariedad salarial y una bajada del 5% de los sueldos de los altos cargos.

La diputada de IU Patricia Luquin, que plantea mover 20 millones a través de unas 60 enmiendas para avanzar en el cambio de modelo productivo, la creación de empleo y la vertebración, señaló que lo importante es la ejecución para que no sea un "año perdido".

Criticas de la derecha

La portavoz del PP, Mar Vaquero, fue especialmente dura y acusó al presidente Lambán de atender únicamente las exigencia de Podemos "sin atender las necesidades de los aragoneses con el único objetivo de mantenerse en el sillón". Junto a su compañero Antonio Suárez, dieron cuenta de sus 251 enmiendas, que suman 120,5 millones para corregir unas cuentas que no comparten. Entre sus prioridades, la lucha contra la despoblación, la inversión, el apoyo a los autónomos y el impulso a las infraestructuras sanitarias y educativas.

La aragonesista Elena Allué defendió que con sus 482 enmiendas pretende mover 106 millones para "centrar y aragonesizar" las cuentas, poniendo el acento en la actividad empresarial, la recuperación de las inversiones o la mejora de la financiación a las comarcas, entre otras medidas. Por su parte, Susana Gaspar y Javier Martínez, de Ciudadanos, han registrado 100 enmiendas para modificar el destino de cerca de 25 millones de euros en los ámbitos de la economía, la sanidad o la educación para atender "las verdaderas necesidades de los aragoneses, no de Podemos".