"A lo que aspira este Gobierno es a que llegue un día en Aragón en el que la totalidad de la población esté escolarizada en la escuela pública […] y no sea necesario recurrir a ningún tipo de concierto". Con esta rotundidad, el presidente aragonés, Javier Lambán, defendió este jueves en las Cortes la educación pública, lo que le llevó a tildar de "injustas" las decisiones judiciales que han paralizado, de forma provisional, la reducción de 13 aulas concertadas adoptada por su Ejecutivo. Lambán compareció, a petición del PP, para dar explicaciones de lo que la derecha entendía como un "ataque a la libertad" y que se acabó convirtiendo en un rifirrafe político por el modelo educativo y la defensa de las libertades.

El líder socialista hizo un encendido discurso en el que argumentó que la escuela concertada solo es "subsidiaria y existe en la medida en que desde la pública no se puede escolarizar a todo el mundo". Por ello, apoyó con vehemencia la supresión de clases concertadas que prevé el Departamento de Educación y abogó, ante la caída de la demanda, por "reajustar la oferta" mediante un recorte de aulas privadas subvencionadas.

Tanto Lambán como el portavoz socialista, Javier Sada, discreparon de las resoluciones judiciales que han permitido mantener la oferta de la concertada en el proceso de escolarización. Si el presidente achacó a la actual ley educativa, la controvertida Lomce, que instale "una política injusta que permite decisiones judiciales injustas", Sada llegó a calificar de "altamente político" el escrito de defensa de los autos del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Manuel Bellido. Ambos ampararon la gestión de la consejera, Mayte Pérez, y llegaron más lejos que ella en sus críticas a la Justicia.

En el bronco debate, el presidente acusó al PP de pretender "aniquilar" la educación pública, para lo que recordó los datos oficiales del Ministerio: su financiación se ha recortado en 7.252 millones, mientras que para la concertada se ha disparado en más de 21.000. También aludió a que en las democracias "añejas" el Estado garantiza directamente la escolarización en centros públicos de cerca del 100%, mientras que España no llega al 70%. Por ello, ratificó que recurrirán los autos judiciales y promoverán la derogación de la Lomce.

"Amenaza" para la libertad

La portavoz del PP, Mar Vaquero, no se quedó atrás y acusó a Lambán de "amenazar" la libertad y de enfrentar a la escuela pública y privada cuando "siempre" han convivido. "Usted es el único responsable de la fractura social, de convertir la educación en un infierno a costa de imponer su modelo de fracaso".

Vaquero también le echó en cara que busquen "enemigos" cuando, a su juicio, son sus socios de Podemos y presentó al PP como adalid de la libertad. Y sacó a colación los 30.000 aragoneses que se manifestaron en defensa de los conciertos para sostener que era la muestra del "fracaso" de la coalición PSOE-CHA. "Un Gobierno fracasa cuando los ciudadanos deben reclamar la libertad que se les ha arrebatado", dijo antes de advertir que Educación va a batir todos los récords: "Decisión que toman, decisión que acaba en los tribunales y recibe un varapalo".

En la réplica, Lambán distinguió entre la libertad "neoliberal" del PP que preconiza "la desigualdad en la educación" y la del PSOE, que pretende "garantizar la libertad de todos". Por si fuera poco, le recordó que 45.000 personas salieron a la calle contra los recortes en la educación pública durante el Gobierno de Rudi. "Ustedes son los únicos responsables de haber crispado la vida dentro de la educación", sentenció.

La educación como "negocio"

La diputada podemista Erika Sanz se centró en atacar al PP al considerar que solo entienden la educación "como negocio" bajo la excusa de la libre elección de centro. Al igual que Sada, lamentó que la justicia no sea igual para la escuela pública que para la concertada, ya que familias de las Cuencas Mineras recurrieron el cierre de aulas y no se tomó ninguna medida.

El portavoz de CHA, Gregorio Briz, también atacó al PP, para lo que utilizó otro argumento, el de auspiciar la concertada para lograr "el control ideológico a través de la educación".

Su homólogo del PAR, Arturo Aliaga, fue el único que no entró en descalificaciones y, en un tono conciliador, instó a retomar el diálogo y buscar el consenso, abogando por un pacto por la educación como el alcanzado para impulsar la ciencia. Para ello, planteó la creación de una comisión especial en las Cortes.

Mientras, la portavoz de Ciudadanos, Susana Gaspar, lamentó el "espectáculo" vivido en las Cortes a cuenta de la libertad en la elección de colegio, aunque eso no le impidió a renglón seguido acusar al presidente de actuar con "chulería y prepotencia" al negarse a negociar con el resto de partidos y someterse a los dictados de Podemos. A su juicio, el conflicto social es debido a la obligación de los socialistas de cumplir el "mal acuerdo" con los podemistas de cerrar aulas concertadas a cambio de apoyar los presupuestos.