Teruel sigue sumando estadísticas y estudios aciagos sobre sus principales problemas: la despoblación y, lo que casi es más preocupante, la escasa capacidad que alumbra ahora mismo su demografía para revertir esta situación.

La provincia del sur de la Comunidad se ha colado por primera vez en las estadísticas que elabora Eurostat, el organismo estadístico de la Unión Europea, en el peligroso ranking de las regiones con mayor porcentaje de población por encima de 80 años. Con datos de 2016 ocupa el puesto 9 en este conteo que Bruselas recopila a nivel comunitario desde 2014.

En total, el 10'3% de los vecinos censados en Teruel superan la barrera octogenaria, unos números muy similares a las otras regiones que ocupan los otros puestos (que principalmente son gallegas y portuguesas) a excepción de la que lo encabeza: Euritania, una pequeña región en el centro de Grecia de por sí envejecida y de las que más ha notado la crisis que desde hace casi ya una década azota al país heleno. Esta región destaca sobre el resto de las más envejecidas con un porcentaje de octogenarios que alcanza el 13,5%.

La situación para Teruel no obstante empeora si se sube un escalón más hasta la barrera de los 85 años. Allí la provincia turolense escala hasta el puesto número 7 entre las más de 250 regiones que tienen los miembros europeos con un porcentaje de población que supera esta edad del 5,4%. Por delante, en orden ascendente, aparecen el departamento francés de Creuse, las españolas Soria, Lugo, Orense y Zamora y de nuevo la región griega de Euritania.

Para hacerse una idea de la diferencia, el porcentaje de población con más de 85 años en Aragón, ya de por sí una región envejecida en su totalidad, es de casi la mitad (un 3,9% por el 5,4% de Teruel), una cifra que cae más en el conjunto de España (2,9%).

Pero aunque Teruel aparezca junto con otras regiones españolas como las gallegas Lugo y Orense o también Zamora, hay un factor diferencial con ellas. La provincia aragonesa es junto con Soria la única que aparece en el ranking de las más envejecidas y las más despobladas a la vez. Según los datos de Eurostat, tanto Teruel como Soria cuentan con 9 habitantes por kilómetro cuadrado, un registro que en la UE solo superan zonas de Laponia.

Muchas medidas contra la despoblación, pero poca financiación

Con este panorama, es normal que la despoblación haya sido uno de los temas que ha capitalizado muchos de los debates políticos en los últimos años, especialmente desde 2014. Es entonces cuando, tras superar los bandazos más importantes de la crisis, se volvió a hablar de la necesidad de crear políticas estratégicas para mejorar los indicadores demográficos de Teruel y, sobre todo, de dónde obtener fondos para hacerlo.

A finales de aquel año el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro explicó en una respuesta parlamentaria que el Gobierno central no negociaría en ese momento con la UE una partida específica para despoblación dado que no se recogía la posibilidad de entregar fondos exclusivamente para unas cuantas regiones. A partir de ahí, una Comisión en el Senado elaboró durante más de un año una hoja de ruta que planteó ventajas fiscales para nuevos pobladores en zonas como Teruel, Soria o Cuenca y también incentivos económicos para atraer empresas. Medidas que aunque en un primer momento fueron aplaudidas nunca salieron del papel, ni mucho menos llegaron a tener fondos específicos.

Más adelante, y con varias iniciativas también en las Cortes de Aragón, en los últimos dos años se ha intentado avanzar para que Europa reconozca el triángulo más asolado por la despoblación de España (las provincias de Teruel, Soria y Cuenca fundamentalmente), como una zona con un problema de despoblación importante. De hacerlo, estas tres provincias recibirían fondos específicos al igual que lo hacen otras del norte de Finlandia o Suecia y también de momento Escocia a la espera de la resolución del Brexit.

Sin embargo, un problema en cierto modo burocrático impide que a día de hoy puedan hacerlo. Europa reconoce a la hora de ofrecer fondos de este tipo a las Comunidades Autónomas como regiones indivisibles, y Aragón en su conjunto no cuenta con una densidad de población lo suficientemente baja como para optar a ellos. De tener en cuenta a Teruel de forma independiente, o al conjunto que formaría con Soria y Cuenca, sí que entraría en el reparto.

Con esta diatriba en mente se han dado los últimos movimientos para que Bruselas reconozca este problema. Hasta el seno de la Comisión han viajado en varias ocasiones representantes institucionales y también de las patronales de las tres provincias para buscar soluciones. Desde el ámbito académico, el proyecto Serranía Celtibérica que promueve el profesor de la UZ Francisco Burillo también aborda esta cuestión, proponiendo unir aprovechando su acervo cultural Teruel, Cuenca, Soria y algunas zonas de Castellón en una especie de región sin peso administrativo pero sí reconocible a los ojos de la UE.

Por el momento, la Unión echa el balón hasta que se acuerde el próximo reparto de fondos en 2020, según apuntó en su visita a Teruel la comisaria de Política Regional de la Comisión Europea, Corina Cretu el pasado mes de noviembre. Allí se anunció que España recibiría 2.100 millones de euros más del Fondo de Cohesión, un dinero que aunque no estaba destinado específicamente para el problema que comparten Teruel y otras regiones, sí que se “recomendaba invertir en desempleo juvenil, las pymes y la despoblación”. La DGA, por su parte, presentó el pasado mes de marzo un análisis de la situación demográfica de Aragón a la UE para incidir en la necesidad de fondos de este tipo.