El Gobierno de Aragón ya tiene listo el proyecto de decreto que regulará las prestaciones derivadas de las leyes de pobreza energética y de emergencia social, aprobadas a finales del pasado año para garantizar los derechos de las familias en riesgo de exclusión social y en situaciones de urgencia, aunque la DGA ya está aplicando medidas en esta línea desde hace meses. Una de las principales novedades que presenta el reglamento es que las ayudas para cubrir necesidades de alimentación serán, "siempre que sea posible", en forma de tarjetas monedero en lugar de en metálico.

Es una de las medidas recogidas en el apartado referido a las ayudas de urgencia para situaciones generales, que se rigen por un decreto de 1993 y que ahora se actualizarán, además de reconocer su carácter "esencial, temporal, finalista y de pago único no periódico" para resolver carencias puntuales relacionadas con necesidades básicas. Entre ellas se citan las relacionadas con el uso y la habitabilidad de la vivienda habitual, alojamiento temporal, transporte, gastos sanitarios o alimentación.

Aunque entre los requisitos generales para acceder a estas prestaciones de emergencia social se recoge el compromiso de los beneficiarios de destinar el importe a la finalidad para la cual se otorgó, este objetivo quedará garantizado tanto en el caso de la comida como en el de las facturas energéticas. Estas últimas ya se abonan en la actualidad a las compañías suministradoras y en el caso de la alimentación también se pretende articular el pago indirecto mediante una tarjeta. Para poner en marcha este sistema, explicaron fuentes del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, está previsto que previamente se firmen acuerdos con las cadenas de supermercados para que su personal compruebe que el uso del bono por parte de sus titulares se ajusta a la normativa.

En el decreto también se especifican las condiciones para acceder a las ayudas para el pago de facturas de luz, gas y agua, que podrán solicitar las personas o familias a las que se reconozca su situación de vulnerabilidad (si sus ingresos anuales están entre 7.455 y 14.910 euros) o especial vulnerabilidad (menos de 7.455 euros al año o 11.182 en determinadas circunstancias). En el primer caso se podrá solicitar una ayuda par cubrir hasta el 50% del recibo o el 75% en función de los miembros de la unidad familiar, mientras que los especialmente vulnerables podrán pedir que se les cubra el 100%, y en ambos casos la Administración también podrá costear los gastos para el restablecimiento del suministro si ya han sufrido el corte. Para ello, la empresa deberá haber cumplido la obligación de información que recoge la ley de pobreza energética.

Las compañías eléctricas también deberán promover el cambio de contrato al mercado regulado, si no lo estuviera, para que se pueda acoger al bono social. Además, según explicaron desde la Consejería que dirige María Victoria Broto, las empresas tampoco podrán ofrecerles contratar otros servicios complementarios (como los que incluyen el mantenimiento de la caldera, por ejemplo) que suponen un coste adicional.

Registro de clientes vulnerables

Otra de las novedades del futuro decreto es la creación de un registro administrativo en el que figurarán todas las familias identificadas como vulnerables o especialmente vulnerables y que las suministradoras de luz o gas deberán consultar antes de proceder al corte del abastecimiento en caso de impago. En ese caso, deberán dar aviso de la situación a los servicios sociales con el fin de mejorar la coordinación y evitar que llegue a producirse la interrupción antes de que la DGA pueda intervenir.

Desde que en noviembre de 2015 se empezó a actuar para combatir la pobreza energética, se han pagado una o varias facturas a más de 7.000 familias aragonesas, por un importe total de 1,3 millones. En los presupuestos para 2017, todavía en fase de tramitación en las Cortes, el Gobierno PSOE-CHA ha consignado 2 millones de euros para la aplicación de la ley de pobreza energética.

El proyecto de decreto elaborado por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales también actualiza la normativa sobre ayudas de apoyo a la integración familiar y sobre complementos económicos para perceptores de pensiones no contributivas. Las primeras tienen como objetivo evitar que los menores tengan que ser internados en centros o sometidos a otras medidas externas de protección. A lo largo de 2016 llegaron a 3.583 familias. El presupuesto previsto para 2017 es similar, de 3,8 millones.

El decreto está en fase de información pública hasta la próxima semana y una vez que se estudien las alegaciones, se espera que el texto definitivo se apruebe en junio. Todas las prestaciones que recoge se consideran derechos subjetivos, por lo que no están sujetos a la disponibilidad presupuestaria del gobierno de turno y su tramitación es preferente.