Una manifestación de 30.000 personas por el cierre de aulas de la concertada. ¿No es para recapacitar la decisión?

Me merece todo el respeto. Creo que simboliza la preocupación para mejorar la calidad de la educación. Ese mensaje lo recogemos claramente y coincide con la apuesta de este Gobierno. En segundo lugar denota, por los lemas y algunas de las cuestiones que se coreaban, que tenemos que hacer un esfuerzo de comunicación. Nuestra propuesta es fruto del proceso de renovación de conciertos. Es razonable y sensata.

¿Se esperaba una respuesta así? Porque la privada no suele movilizarse.

Viendo la polémica alrededor de una defensa legítima que pueden tener las familias, y de las informaciones interesadas que han podido generar confusión desde distintos puntos de vista y organizaciones políticas, sí preveía que iba a ser importante. Pero nuestra obligación es decidir con criterios objetivos.

Usted pedía al PP que rectificara cuando se produjeron protestas por los recortes. ¿No debería ahora hacer lo mismo?

Este no es el gobierno de los recortes ni en la pública ni en la concertada, sino el que ha situado la educación en la columna vertebral del proyecto político del presidente Lambán. Por mucho que puedan repetirse las cosas no se convierten en verdad. Hemos aumentado el presupuesto en 140 millones, lo que nos ha permitido recuperar la calidad de la pública y de la concertada. Y ha habido un incremento en la pública de 900 profesores y de más de 40 en la concertada.

Para defender la escuela pública, ¿es necesario confrontarla con la concertada?

No, pero la polarización que existe no la ha provocado este Gobierno, la provocó la derecha. El PP, cuando estuvo gobernando Rudi, recortó 300 millones, echó a mil docentes a la calle, desprestigió y adelgazó el servicio publico y apostó por la privada. Hay que recordar que en la legislatura del PP se cerraron 27 vías en la pública y se abrieron 112 en la concertada.

Al principio de la legislatura ya se sabía que no se iban a renovar ciertos convenios. ¿Por qué se produce entonces este conflicto?

Cuando hablamos de planificación y programación educativa, lo hacemos bajo parámetros de la evolución demográfica. En los años 2000, por ejemplo, en el barrio del Actur hubo una explosión demográfica. Se precisó escolarizar a un mayor número de alumnado, por lo que se construyeron centros públicos y se concertaron las vías necesarias. Con esa normalidad debe ajustarse cuando desciende la natalidad.

¿Usted ya había hablado con los centros concertados antes?

Habíamos hablado de demografía, de la necesidad de ajustar la demanda... Y sabían que no concertaríamos algunas vías. Me hubiera gustado tener la misma comprensión que cuando hemos mejorado las condiciones en sus centros.

¿No tendría que haber esperado a conocer la demanda de cada colegio antes de decidir qué aulas se cierran?

¡Lo hemos hecho con la demanda! Con los datos actuales. En este nuevo proceso de escolarización sigue descendiendo la natalidad. Hemos hecho la planificación en función de lo que marca la normativa y de los plazos. No nos llevemos a equívoco, los datos son reales.

Pero usted se comprometió a garantizar el derecho de los padres a elegir. Entonces, ¿qué ha pasado por el camino?

¡Es que lo van a tener! Se está dando por hecho que no lo van a tener. La libertad de las familias es compatible con la necesaria e irrenunciable planificación. El propio proceso de escolarización anual y el de renovación de conciertos son elementos de planificación. Las familias pueden elegir en su zona, según los puntos y los baremos. ¿Libertad de las familias? Sí, pero antes planificación y equilibrio en la oferta.

¿Cuál es el modelo educativo del Ejecutivo PSOE-CHA?

El modelo del PSOE es la apuesta clara por la educación pública como garante de la igualdad de oportunidades. Que independientemente de donde vivas, en una ciudad de 800.000 habitantes o una localidad de 50, seas un alumno o alumna de primera. Que garantice y potencie la calidad en la educación a través de la innovación y del esfuerzo. Y, por supuesto, que sea una educación corresponsable.

Pero dentro de esos ejes está la libertad de elección de centros. ¿No choca con que se cierren aulas que se ha demostrado que tienen mucha demanda?

Niego la mayor. Las familias van a tener derecho a elegir. Nosotros apostamos por la participación de las familias en el proceso educativo. Hemos puesto en marcha un proceso inédito: la posibilidad de que las familias conozcan y diseñen el proyecto de centro de sus hijos y sus hijas. Eso es creer en la participación. Es paradójico escuchar a la derecha apelar a la libertad cuando fue la Lomce la que eliminó los consejos escolares. Y una reflexión: es irrenunciable el liderazgo de la Administración en la planificación y la programación.

Pero ese liderazgo no se toma para ver si hay jornada continua o no, que se deja en manos de cada centro y de sus familias.

¡No, no! Precisamente el Gobierno no está imponiendo. No es una contradicción. Nos creemos la participación de las familias en el proceso educativo, no solo en la elección de los centros.

Pero usted dice que es el Gobierno el que tiene que gobernar y asegurar la igualdad.

Es que lo hemos hecho. La participación de las familias para elegir un proyecto educativo que pueda flexibilizar los horarios está basado en una orden que regula claramente la igualdad de oportunidades. Garantizamos que una familia pueda, si quiere, que su hijo esté en el colegio hasta las 17.00. Y con refuerzo para las tareas que precise.

Los informes para cerrar o no aulas concertadas, ¿están basados solo en la demografía?

Están basados en el descenso de la natalidad y en las necesidades de escolarización.

¿Y los han visto los afectados?

Los ha visto la comisión de conciertos y los centros tienen la resolución. Vamos a iniciar una serie de reuniones, además de las muchas que llevamos ya, porque este Departamento ha convocado más de diez mesas sectoriales con la concertada. Y habrá otra la semana que viene.

Hablando de criterios, algunas unidades se han reducido por una baja escolarización de alumnos con necesidades. Pero hay casos de cierre en centros con un 49% de inmigrantes…

Hay criterios distintos: de necesidad de escolarización, de descenso de natalidad… Por ejemplo, la zona 5 acumula un 40% del total de las plazas concertadas ofertadas en Aragón y, curiosamente, escolarizan a un 6% de niños becados. Ese dato nos invita a la reflexión. Hemos analizado la oferta de centros públicos y de concertados y, en función de distintos criterios, se ha apostado porque centros sobredimensionados (Jesuitas o Marianistas), pierdan una vía y permitan que sigan abiertos otros concertados que se hacen corresponsables del alumnado de su entorno y con necesidades especiales, igual que los públicos.

El Justicia apela a sentencias del Supremo para decir que la decisión del cierre o no de aulas concertadas debería hacerse en función de la demanda.

Hay una normativa en el proceso de renovación de conciertos, y hay una fecha para resolver: el 15 de abril. Todos los Gobiernos están inmersos en este proceso de renovación. Y todos hemos hecho lo mismo, con datos reales, no ficticios. Hay sentencias del Supremo que dicen una cosa y otras que dicen lo contrario. La Justicia no es una amenaza, es una garantía y respetaremos lo que diga.

¿Y qué hará usted si los centros que han pedido ya medidas cautelares ganan las sentencias y la DGA tiene que rectificar?

Pues acatar las sentencias, somos un Gobierno responsable.

¿Se van a tener en cuenta casos como los de familias que tienen ya hijos en un centro y ahora pretendían escolarizar a un hermano de 3 años en una clase a la que le quitan el concierto?

Lo resolveremos con una escolarización singularizada, dándoles a elegir a las familias que los hermanos estén escolarizados en el mismo centro. Pero esto pasará en muy pocos casos. Estamos hablando de que, por ejemplo en Jesuitas, pasamos de cinco aulas a cuatro. Hay que dejar claro que ningún alumno escolarizado en su centro concertado hoy va a salir del mismo y que garantizamos el empleo de la concertada.

Esta decisión, ¿está condicionada por el pacto presupuestario? ¿Es una decisión del Gobierno o está concertada con Podemos?

Esta es una decisión del Gobierno que coincide con un acuerdo de investidura y en la apuesta clara por la escuela pública. Es lo que hemos ido haciendo durante estos dos cursos que llevamos. Este gobierno ha cerrado 17 aulas concertadas y ha abierto 18 en la pública en Zaragoza. Y no ha pasado nada.

Pero cerrar ahora 13 aulas de la concertada para varios años es un número más elevado de lo que en principio valoraron, aunque sean menos que las 28 que pedía Podemos y las 48 de CGT.

Nosotros hemos recogido el espíritu que ha inspirado y ha permitido que haya un Gobierno que apuesta por la pública. El conflicto llega cuando se invierten las cosas y se usa el concierto como un fin en sí mismo en vez de como un medio para garantizar la universalización de la educación allá donde no llega la pública.

¿No hay entonces ninguna concesión a Podemos en esta decisión de cerrar trece aulas?

Insisto: Podemos votó un presidente con unas políticas determinadas, en las que la educación pública era una de las cuestiones a garantizar y a proteger. Pueden mirar el programa electoral del PSOE, yo lo he repasado esta semana, y satisface leer que recoge ese compromiso.

Pero las críticas que se le están haciendo a su Departamento es que han cedido a un chantaje de Podemos. Es decir, se les achaca un uso político en el cierre.

Nosotros, analizada la situación, hablábamos de entre 10 y 12 aulas. Al final ha sido más o menos lo que habíamos previsto. Pero, reitero, esto no es una ocurrencia. Yo me hago responsable de mis palabras y de mis decisiones. Sería lógico llegar a esa conclusión si no hubiéramos seguido ya ese camino. Hay que recordar que la concertada está en 20 municipios de 731 en Aragón, eso supone un poquito más del 2%.

Es indiscutible que entre 2012 y 2015 ha habido un recorte importante en la escuela pública, pero antes había una convivencia entre la pública y la concertada. ¿Por qué ahora no?

Se olvida una parte: hubo un recorte en la escuela pública importantísimo e indiscriminado, un caos y un freno en la construcción de infraestructuras y, paralelamente, un apoyo a la concertada. Le he dicho que en la pasada legislatura se abrieron 112 aulas en la escuela concertada. Se concertaron colegios que hasta ese momento habían sido privados, como el San Gabriel o el Virgen de Guadalupe. Y se concertaron sin ninguna justificación. Para el PP la escuela pública es residual.

Por lo tanto, ha tomado una decisión política, no técnica.

No, no, no. Precisamente la decisión es para recuperar esa convivencia que no existía la pasada legislatura, porque la pública estaba en la calle. Tengo que recordar que hubo dos huelgas generales, con más de 40.000 personas, no solo en Zaragoza, también en Huesca y Teruel. Esa polarización estaba en la anterior legislatura y ahora se produce el efecto contrario.

¿Ese equilibrio se puede conseguir cuando algunas de las que se van a cerrar tienen más demanda que las públicas?

Esto de la demanda y de la elección de las familias, ¿por qué viene determinado? A mí me interesa cuáles son los criterios. Y tenemos un estudio que dice que poco más de un 1% de las familias que llevan a sus hijos a la concertada lo hacen por su ideario religioso. Lo hacen fundamentalmente por dos causas: porque escolarizan a sus hijos desde primero hasta los 16 o los 18 años (y esto la pública no lo está dando), y porque escolarizan a sus hijos en un entorno normalizado. La pública concentra un porcentaje elevadísimo de alumnos con necesidades educativas especiales, y esa situación debe ser corregida. Eso no se ha respetado ni se ha cumplido en la concertada.

Usted ha liderado la protesta de las autonomías socialistas contra la Ley Wert. Y ha logrado que el ministro Méndez de Vigo dé un cambio y abra el diálogo y el consenso. ¿Por qué no ha hecho esto en Aragón, con el PP y con el resto de grupos?

Lo hemos hecho.

Da la impresión de que no… La protesta está ahí y la reacción de la derecha, también.

Lo hemos hecho cuando encargamos al Consejo Escolar un pacto por la educación. Y en ese momento, el PP, prácticamente al inicio de la tramitación de ese pacto, presentó otro unilateral. El PSOE es un partido de pactos, pero el PP siempre los rompe en materia educativa.

Habla del pacto educativo en Aragón, pero ahora mismo está en peligro, se da por roto.

Yo no lo doy por roto en absoluto. Yo comparto al 100% todos y cada uno de los 249 puntos propuestos por el Consejo Escolar de Aragón.

De todas maneras, hoy la educación parece estar muy polarizada. ¿A qué achaca esta crispación actual?

Insisto, estoy convencida de que los efectos en materia educativa no son inmediatos, son a medio y largo plazo. Quien polarizó, quien rompió el consenso, fueron los gobiernos de Rajoy y de Rudi. Yo apuesto claramente por la educación pública, pero no necesito hacerlo atacando.

¿Cree que ha crecido la demanda en la privada desde que se permite cambiar la jornada?

No, eso no lo tenemos constatado en absoluto. De momento, eso no responde a la realidad. Fueron 79 centros los que aprobaron el año pasado, y este año lo han hecho 91 o 92. Esto es una petición de las familias.

Pero se ha creado fractura en algunos centros...

¡No, una fractura no! Es la gente la que decide. Yo no puedo entender como conflicto lo que es una confrontación de ideas, entiendo que eso es la democracia.

Tal y como están las cosas, ¿prevé un conflicto mayor del habitual en el proceso de escolarización?

El proceso se ha visto marcado por un proceso de renovación de conciertos, que sabíamos que iba a provocar tensiones. Pero nosotros trabajaremos para que sea un proceso normalizado.

El PAR ha dicho que, tras lo que está sucediendo, o rectifica su política o debería dimitir. ¿Se siente con fuerzas para seguir?

Por supuesto.