La directora general de Vivienda y Rehabilitación, Mayte Andreu, ha lamentado el papel "subsidiario" que el Estado ha dejado a las autonomías y ayuntamientos en la gestión de la crisis de los refugiados pero ha asegurado que ha habilitado 87 viviendas para su ocupación inmediata.

Andreu ha comparecido ante la Comisión de Vertebración Territorial de las Cortes, a petición del PP, para explicar el contenido del convenio de colaboración firmado entre el Gobierno de Aragón, Suelo y Vivienda de Aragón y entidades sociales para el desarrollo de un programa de acogida a personas refugiadas en Aragón.

En virtud de este convenio se han habilitado 87 viviendas que, según ha dicho, son suficientes, para dar respuesta a los 300 refugiados que han llegado a la comunidad en 2016, agrupadas en unas 90 familias.

En estos momentos hay 10 en la provincia de Huesca, 35 en la de Teruel y 29 en la de Zaragoza para poder ser ocupadas "mañana mismo".

Ha recordado que el Estado es quien tiene todas las competencias en la acogida de refugiados, que ha decidido llevar a cabo mediante convenios con entidades sociales y organizaciones no gubernamentales, dando por tanto un papel subsidiario a comunidades y ayuntamientos.

No obstante, el departamento, a través de Suelo y Vivienda de Aragón, se ha puesto a disposición de estas entidades para facilitar el amueblamiento de las viviendas, que suelen ser pisos protegidos, e incluso firmar contratos con las empresas suministradoras para hacer compras centralizadas.

Ante las dudas del diputado del PP Javier Campoy de la escasez del número de viviendas, Andreu ha insistido en que son suficientes, puesto que cada unidad familiar está compuesta de media por unas cuatro personas.

Pero no están ocupadas en primer lugar porque muchas de estas familias aún están en la primera fase, la de acogida y aprendizaje del idioma, y viven en centros gestionados por las citadas entidades sociales.

Además de que muchos de estos pisos están ubicados en el medio rural y podría ser contraproducente enviar allí a estas personas, en su gran mayoría procedentes de medios urbanos, algo que hay que tener en cuenta para facilitar su adaptación.

En este problema, el Gobierno de España "mira para otro lado", ha añadido, al tiempo que ha lamentado una política que destina 40 millones de euros a reparar las vallas de Ceuta y Melilla y solo 16 a los centros de estancia temporal, o que solo incrementa en un 0,01 por ciento los presupuestos para políticas en favor de inmigrantes mientras sube un 32 % el presupuesto de defensa.

El socialista Fernando Sabés ha dicho que con el convenio se pretende dar una salida a las necesidades de vivienda de estas familias, algo fundamental para su integración.

Nacho Escartín, de Podemos, ha lamentado el cinismo del PP en tanto en cuanto lo que está ocurriendo es responsabilidad del gobierno de Mariano Rajoy, que se comprometió a recibir a 17.800 refugiados y que ha cumplido solo con el 7 por ciento, y ha insistido en que las comunidades, también la de Aragón, y los ayuntamientos "hacen lo que pueden y aún quieren hacer más".