Sanidad quiere que todos los médicos puedan prorrogar su jubilación hasta los 67 años

Celaya pide permiso a Hacienda para frenar la fuga de más de 700 galenos que se retirarán en los próximos 3 años. La celebración de oposiciones sigue pendiente de los presupuestos generales.

Sebastián Celaya
Sebastián Celaya.
Heraldo

El déficit de médicos en Aragón a corto y medio plazo es una de las principales preocupaciones del departamento de Sanidad. Hace un año, el Gobierno de Aragón ya autorizó a los facultativos de especialidades con más problemas de personas, (Anatomía Patológica, Anestesiología, Cardiología, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Obstetricia y Ginecología y Radiodiagnóstico), a poder retrasar su edad de retiro de los 65 a los 67 años, un trámite que se había hecho con normalidad hasta 2013.

Solos seis médicos de estas especialidades se han acogido a esta opción de momento (estaba previsto que 28 de este grupo se jubilaran en 2016 y otros 28 este año), pero la cifra da un poco de aire a los problemas de relevo.

Siguiendo con esta línea, que el departamento de Sanidad considera necesaria, el consejero Sebastián Celaya trasladó ayer a los sindicatos de la Comisión de Seguimiento del Pacto por el Empleo en la Sanidad Aragonesa que ya ha pedido formalmente a Hacienda que esta prórroga pueda ser solicitada, siempre de manera voluntaria, por todos los médicos que trabajan en Aragón, tanto especialistas como de cabecera. La propuesta, si obtiene el beneplácito del consejero Fernando Gimeno, tendrá que pasar también el filtro estatal.

Precisamente, uno de los mayores problemas de relevo se puede dar en los próximos años entre los facultativos de Familia. De los aproximadamente 1.392 que hay en activo, 390 se habrán jubilado en el 2020 (un 30% del total). Además, y en el caso de los especialistas, de los 2.334 efectivos que tiene el Salud, unos 390 se retirarán entre 2017 y 2020 si se mantiene el límite de los 65 años. Es decir, en los próximos tres años la prórroga podría afectar directamente a 712 médicos. Aunque solo el 10% de los candidatos decidieran dejar de trabajar un par de años más tarde, ya serían varias decenas los efectivos con los que seguir atendiendo a la población.

En total, y como quedó recogido en el Plan Estratégico de Ordenación de Recursos Humanos del Salud, de las 22.668 personas que trabajan en el servicio sanitario público, más de 3.000 se van a jubilar hasta el año 2020.

La decisión del anterior Ejecutivo autonómico de aprobar un plan de recursos humanos en 2013 que abocó a la jubilación forzosa a más de 400 galenos, agravó el déficit de personal que se arrastra desde hace mucho tiempo. Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón declarara nulo ese plan, el consejero entrante, el socialista Sebastián Celaya, ha podido ir recuperando tímidamente algunas medidas.

Las oposiciones, en ‘stand by’

Este anuncio se hizo durante una reunión en la que, a priori, se iba a hablar sobre cómo el comunicado del Ministerio de permitir a las Comunidades sacar oposiciones para acabar con el 90% de sus vacantes en áreas como Sanidad, Educación o Función Pública, afecta a la estrategia del Salud en Aragón.

Antes de este anuncio, la DGA intentó convocar 1.483 plazas sanitarias de todas las categorías con una oposición extraordinaria, pero quedó bloqueada al presentar el Gobierno central un recurso al Constitucional por considerar que Aragón se saltaba la tasa de reposición fijada.

Después de ver que sus esfuerzos eran frenados, el desconcierto entre los sindicatos y el propio departamento ha sido máximo al constatar que ahora el mismo Gobierno que ha paralizado esta OPE sí que les invita a afrontar otra aún mayor, si bien por la urgencia del Gobierno central de tomar alguna medida como contraprestación para poder presentar presupuestos este año.

Sin certezas en el horizonte, estas oposiciones siguen en el aire. Si finalmente hay presupuestos, parece que existe quórum en que lo mejor será descartar definitivamente la opción de las 1.483 plazas y ofertar lo que el Ministerio propone en los términos que establezca. Si no hay presupuestos, habrá que esperar cinco o seis meses a que el Tribunal Constitucional decida quién tiene razón sobre la Oferta Pública de Empleo (OPE) de las 1.483 plazas: la DGA o el Estado. Septiembre sería una de las fechas límites que Sanidad estudia para convocar las vacantes pendientes, según anunció CC. OO. tras la reunión.

CSIF añadió también que el Salud les ha transmitido que trabaja con la idea de agilizar todo lo posible los concursos de traslados de las vacantes que no están afectadas por alguna OPE en curso. Esto podría hacerse antes de junio.

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