Más tiempo. Esto es lo que ha ganado el Gobierno de Aragón con la decisión del Juzgado de lo Mercantil nº2 de Zaragoza de prorrogar sine díe el plazo para negociar un acuerdo que evite la liquidación millonaria de la autopista autonómica (ARA-A1). La medida implica no solo a la DGA, sino a las cinco entidades financieras que sufragaron las obras a la concesionaria, que no puede ni hacer frente a la amortización de la deuda por el bajo tráfico que soporta.

La titular del juzgado, María del Carmen Villellas, ha prorrogado la suspensión de la junta de acreedores, aunque supervisará mensualmente los avances con todas las partes y el propio administrador concursal, el abogado José María Carnicer, para intentar salvar la insolvencia.

En un duro informe, Carnicer puso en duda la viabilidad económica de la autopista como consecuencia del déficit millonario que padece por la falta de demanda. A su juicio, el pinchazo es estructural y no se puede achacar a la caída del tráfico como consecuencia de la crisis. "La mejora de la economía permitirá aumentar el tráfico de vehículos, pero este hecho podría ser insuficiente para normalizar la situación financiera de la concesionaria", apuntó.

Su opinión no parece muy desencaminada a tenor de los propios cálculos del Gobierno PSOE-CHA. La Consejería de Vertebración del Territorio ha incluido en el proyecto de ley de presupuestos que acaba de aprobar la misma partida de 2,5 millones de euros del año pasado para sufragar el peaje en sombra de la ARA-A1. Es decir, no prevé que haya más tráfico pese a la reactivación de la economía.

Lo que no ha incluido es el posible coste de asumir la concesión de la autopista, que se otorgó en 2008 por un periodo de treinta años. A los bancos se les debe más de 40 millones, por lo que si la DGA debe asumir la ARA-A1 computarán como deuda.

Las partes implicadas reconocieron a este diario las dificultades para alcanzar un acuerdo antes el mínimo resquicio legal de la Administración autonómica para reequilibrar la concesión, que requerirá la cesión de todos. No obstante, se mostraron extremadamente cautas y rehusaron hablar de los términos las negociaciones.

El problema para la DGA es el mínimo margen legal que tiene para compensar a la concesionaria por el incumplimiento de las previsiones de tráfico sobre las que se basó la adjudicación. La Ley de Contratos solo permite hacerlo en casos excepcionales, pero está por ver si lo cumple la ARA-A1 por el hecho de estar quebrada. El esfuerzo para alcanzar un acuerdo también afecta a los bancos, que debería asumir una quita de la deuda, y a la propia concesionaria, que tendría que renunciar a parte de las expectativas de negocio que no se han cumplido en los nueve años transcurridos.