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El fiscal reduce de 4 millones a 661.110 € el perjuicio a Plaza por la compra del 'karting'

Mantiene las acusaciones por cohecho y malversación pero no tiene en cuenta la opinión de los peritos sobre el valor del negocio por su disparidad de criterios.

El juicio por presunta malversación y cohecho en la compra por Plaza del kartódromo quedó ayer pendiente solo de entregar el objeto del veredicto al jurado, algo que no ocurrirá hasta el próximo martes. Ayer, las acusaciones (Fiscalía, DGA y Plaza) y los abogados de los acusados Ricardo García Becerril (exgerente de la plataforma), Carlos Esco (exvicenconsejero de Obras Públicas) y Santiago Becerril (dueño del karting), echaron el resto para transmitir sus tesis al tribunal popular.

Las acusaciones mantuvieron sus peticiones de condena de entre 10 y 11 años de prisión para Gª Becerril y Esco y de entre un año y medio y dos y medio para Santiago Becerril, como cooperador necesario con la atenuante de confesión. No obstante, hubo un cambio sustancial por parte del fiscal Javier Checa en la responsabilidad civil que exige a los acusados ya que de los 4.004.895 euros que pedía pasó a 661.110. Es decir, la cifra exacta de la comisión que Santiago Becerril asegura que dio a García Becerril y que, según mantiene, se repartió con Esco.

Checa explicó que, tras escuchar los cinco informes periciales encargados para valorar si Plaza pagó o no un sobreprecio y ver que las cifras van de 915.000 a 6,8 millones, pasando por 2,3, no podía tener en cuenta ninguno. "No por lo que han dicho los peritos –señaló– sino porque han usado métodos distintos para calcular".

"Plaza fue la perjudicada"

Exceptuando esta importante variación, el fiscal expuso de manera clara y concisa al jurado por qué cree que deben declarar culpables a los tres acusados. Para Checa, es indudable que se abonó un precio y una comisión. "Y si se paga eso, alguien pierde. Entre particulares la comisión es válida, pero aquí no, es un cohecho, y quien la paga es Plaza porque podía haber abonado menos por esa finca", expuso. Por lo tanto, añadió, Plaza es la perjudicada y es una malversación.

En cuanto a las pruebas, el fiscal admitió que la fundamental es la declaración del coacusado Santiago Becerril, pues cuando la Policía le pregunta por sus movimientos de cuentas de 2005 reconoce con "contundencia" que tres extracciones de 220.370 € corresponden a los tres pagos que hizo a Gª Becerril cada vez que Plaza le abonó un plazo de los 6,3 millones totales. "Hay que creerle por eso y porque se ha metido en un lío", dijo. En cuanto a los otros dos acusados, afirmó que los indicios están en el informe policial sobre sus cuentas, que afirma que manejaron cantidades en efectivo sin justificación. Las acusaciones particulares, ejercidas por Plaza y la DGA, mantuvieron que el perjuicio causado a la sociedad pública fue de 5.355.450 euros, es decir, lo que se abonó de sobreprecio. Todos sostienen que los fondos de la plataforma son públicos, aunque entre sus socios estuvieran (entonces) CAI e Ibercaja, ya que la "finalidad de estas era social".

Por su parte, las defensas de García Becerril y Esco atacaron duramente el origen de la denuncia de este caso y tacharon de "falsa" la hoja Excel que el exgerente de Plaza y denunciante, Jesús Andreu, entregó a la Policía y al Juzgado para demostrar el supuesto sobreprecio. José María Gimeno del Busto resaltó que el sustituto de García Becerril, nombrado al llegar el gobierno PP-PAR, "omitió" conscientemente información. "Si hubiese proporcionado los datos reales no estaríamos aquí", aseguró.

Mientras, Juan Monclús afirmó que Carlos Esco fue denunciado por ser un político relevante y porque hacía falta una "pieza de caza mayor". "Está aquí porque alguien lo calumnió sin haber hecho nada malo y fue detenido", expuso. "Y porque alguien dijo que la comisión se la repartía con el delegado, ese señor de barbas. Menos mal que no dijeron el abogado calvo, porque si no estaría acusado yo", ironizó.

Valentín Romero defendió que su cliente pensó que pagaba una comisión a un particular, y que nunca fue consciente de que Plaza era una empresa pública. "No tiene conciencia de haber actuado mal y si la hubiese tenido lo primero que habría hecho es silenciarlo", dijo. Criticó que se diga que su cliente dio un "pelotazo" vendiendo un negocio "que nunca quiso vender". "Era su vida y su trabajo", reiteró. Romero señaló que quien dio el "pelotazo" fue Plaza, que vendió por 67 millones lo que pensaba sacar por 24 "gracias al kartódromo". "Pero eso nos parece fantástico", apostilló.

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