Con casi medio año de retraso, el Gobierno de Aragón aprobó ayer por fin el proyecto de ley de Presupuestos para 2017 con el objetivo de que se aprueben en la primera quincena de mayo. Pero el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, no canta victoria ni mucho menos. De hecho, pese a haber incorporado las últimas exigencias de Podemos, reconoció que "no hay ningún certificado de garantía" para que el documento registrado en las Cortes vea finalmente la luz. Cuando lo haga, el Ejecutivo PSOE-CHA apenas tendrá margen para ejecutarlo, teniendo en cuenta que el cierre del presupuesto se ordena con mucha antelación al fin del año. En 2016, fue el 28 de agosto, obligado por el Gobierno central para controlar el déficit.

"Hemos perdido mucho tiempo, este mismo presupuesto se podría haber aprobado hace meses", lamentó el consejero de Vertebración del Territorio, el nacionalista José Luis Soro, encargado de presentar junto a Gimeno unas cuentas que ascienden a 5.577 millones (un 8,72% más que el año pasado) y que apenas deparan novedades respecto al borrador facilitado en enero a los grupos parlamentarios. Sí incluye "textualmente", dijo el titular de Hacienda, las mejoras reclamadas por Podemos en el pacto cerrado con el PSOE la pasada semana para poner fin a meses de bloqueo.

Así, habrá 4 millones más para gasto social de las comarcas –tras la "evidente infradotación" de 2016", admitió Soro–, 2 millones para sufragar las cotizaciones de cuidadoras de dependientes, 3 para prolongar los contratos de las cuadrillas forestales y más fondos para investigadores o víctimas de la violencia machista.

Los consejeros resaltaron que también se recoge "el espíritu" de los acuerdos de investidura del PSOE tanto con Podemos como con CHA e IU. En ellos figuraba la ley de capitalidad, pactada recientemente con el Ayuntamiento de Zaragoza, lo que ha supuesto la inclusión de 3 millones adicionales a lo ya previsto en el primer borrador de las cuentas.

Una vez recogidos estos compromisos en el proyecto de ley, Soro hizo un llamamiento a la "responsabilidad" y la "madurez" de los grupos parlamentarios, en clara alusión a Podemos, y reclamó "altura de miras". La tramitación presupuestaria, aseveró, "no es un juego" y no puede ser "un pulso" y "un arma política para desgastar al Gobierno".

De momento, la formación morada hizo ayer una lectura positiva del documento presentado. Elevó hasta los 100 millones la cantidad que habrían logrado introducir mediante las negociaciones previas "para mejorar la dotación de diferentes sectores estratégicos y castigados por la crisis". Y destacaron que es una cantidad cinco veces mayor que la que consiguieron incorporar mediante las enmiendas al presupuesto de 2016. No obstante, algunas de las principales inversiones en infraestructuras educativas y sanitarias ya estaban contempladas en los planes del Ejecutivo de Javier Lambán. Además, Podemos resaltó las garantías pactadas para la ejecución presupuestaria, incluida la supresión de la unidad de control del gasto, que desaparecerá "por decreto", confirmó Gimeno.

Con un incremento de la inversión pública que la DGA cifró en un 7,1% tras el tijeretazo de 2015, Gimeno y Soro incidieron en el carácter social del presupuesto planteado. "Se le sale lo social por todos los sitios", llegó a decir el titular de Hacienda, que subrayó la voluntad de continuar recuperando los servicios públicos y de combatir la pobreza, sin perder de vista la senda de estabilidad. Para 2017, el déficit permitido es del 0,6% del PIB, lo que supone 43 millones menos de margen.

Por lo que respecta a los ingresos, Hacienda cuenta con que lleguen 182 millones más que en 2016, una previsión que considera "realista" aunque como recordó ayer Fernando Gimeno, 100 millones de transferencias del Estado dependerán de que el Gobierno central apruebe sus presupuestos. Si la tramitación no avanza, auguró que todas las comunidades "montarán un pollo" para desbloquear la situación.

El ICA y los funcionarios

Los impuestos no se tocarán, tras la importante subida fiscal de 2016, pero la DGA espera que los ingresos tributarios aumenten en casi 200 millones. Veinte se esperan obtener mediante el cobro del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) a los vecinos de Zaragoza. Gimeno confió en que tras el acuerdo de la capitalidad, el Ayuntamiento facilite por fin a la DGA los datos de los contribuyentes. Eso sí, advirtió de que lo conseguirán "por las buenas o por las malas, porque la obligación legal está muy clara".

Por otra parte, garantizó el pago de un 25% de la mitad de la paga extra suprimida en 2012 que sigue pendiente de devolución a los empleados públicos, a los que pretende subir el sueldo un 1%, siempre que haya Presupuestos Generales del Estado. Además, aseguró que la DGA está "presionando" a Madrid para hacer fijos a los 20.000 interinos de la Administración aragonesa. Pero mientras se celebraba el Consejo de Gobierno que aprobó el proyecto de ley de Presupuestos, los sindicatos mostraban su malestar al director general de Función Pública, Ignacio Zarazaga, quien les reconoció que no hay partidas concretas para la extra ni para la subida salarial