Tras el duro “mazazo” recibido hace diez días cuando el consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, anunció que las oposiciones de auxiliar administrativo (celebradas en julio) se tenían que repetir; las 32 personas que aprobaron la primera prueba han decidido acudir a los tribunales. “Nos hemos juntado, nos hemos asesorado con diferentes abogados y hemos llegado a la conclusión de que, si la resolución final es la repetición de todo el proceso, iremos a juicio”, sostiene Raquel, una de los 32 aprobados. Esto supondrá la paralización del nuevo proceso que el consejero quiere realizar de la forma “más rápida posible”.

“La paralización podría darse como una medida cautelar que impida la realización del primer examen hasta que se resuelva judicialmente este asunto (según fuentes consultadas podrían ser entre 3 y 4 años), o lo que es peor, que se realice el ejercicio y se continúe con el proceso condicionado a esa resolución judicial. Si la acción judicial no prospera, igualmente se retrasaría el posible nombramiento de los aspirantes y, en el caso de que prosperase, este nuevo proceso sería anulado y habría que continuar desde el punto en el que nos encontramos ahora”, puntualizan. De este modo, nadie podría ocupar las 133 plazas de auxiliar administrativo hasta que se resolviera todo el conflicto, lo que podría durar años.

El problema se inició en junio del año pasado cuando más de 4.000 personas se presentaron a las oposiciones de auxiliar administrativo del Gobierno de Aragón. Tras las críticas recibidas por la dificultad de la prueba, en una resolución del 4 de julio, el tribunal modificó los criterios de calificación. Como consecuencia de este documento, unas 342 personas se sumaron al proceso selectivo. Sin embargo, este acuerdo produjo una discrepancia con los servicios jurídicos de la DGA y desembocó en la renuncia en bloque de los miembros del tribunal.

El tribunal que lo sustituyó invalidó este documento, por lo que solo aprobaron 32 personas. Esto provocó que varios de los 342 restantes interpusieran recursos de alzada al procedimiento. Ante esta situación, el Departamento de Hacienda y Administración Pública de Aragón decidió suspender provisionalmente el proceso.

Así estuvieron hasta que el pasado 2 de marzo el Gobierno de Aragón anunció su postura tras conocer el resultado del informe encargado al Consejo Consultivo. Este  concluía que en la convocatoria hubo “defectos jurídicos insuperables”. “No entendemos por qué este informe es más válido que los realizados por el gabinete jurídico del Gobierno de Aragón, en los que se decían que los 32 aprobados debían realizar el segundo examen”, lamenta Raquel.

Asimismo, recalca que esta decisión parece confirmar que el Ejecutivo autonómico no quiere sacar estas plazas: “Lo tuvo que hacer por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), ya que todas ellas estaban ocupadas por interinos. Sin embargo, al decidir repetir el examen, son conscientes de que el proceso se paralizará durante años y que las plazas seguirán ocupadas por interinos”.

Otro problema adicional es que, si se anula esta convocatoria, “muchas otras redactadas en los mismos términos también deberán ser anuladas, aún cuando los funcionarios estén ya trabajando en su puesto”. “Además, al no haber terminado el proceso (les quedan dos exámenes), no podemos entrar a la bolsa de empleo público, por lo que estaremos varios años sin poder tener acceso a un empleo público, aunque sea para una sustitución”, explican.