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Aragón

La ley de la renta social básica cumple un año bloqueada por el PSOE en las Cortes

Los socialistas admiten que podrían haber actuado con “más diligencia” pero aún confían en que entre en vigor este 2017.

El Gobierno PSOE-CHA quería que fuera una de las primeras leyes que se aprobara en la presente legislatura, pero lleva un año en el cajón. La renta básica, una de las medidas sociales estrella con las que Javier Lambán se presentó a las elecciones autonómicas, está aparcada en las Cortes a la espera de que los socialistas decidan poner en marcha la ponencia en la que debe debatirse el proyecto de ley que el Ejecutivo remitió a finales de febrero de 2016. La norma ha desaparecido del discurso socialista, y eso que la previsión era que se aprobara de forma urgente a finales de 2015 y las ayudas empezaran a llegar a los beneficiarios a principios de 2016.

La realidad es que las negociaciones no han comenzado y se prevén largas, dados los distintos modelos que defienden los grupos parlamentarios y que plantearon en sus enmiendas al borrador, que llegó a la Cámara después de que el Gobierno abriera un proceso de participación. En total, se registraron 294 alegaciones y la ponencia que debe estudiarlas se constituyó a finales de junio. En más de ocho meses, solo se ha reunido una vez, en diciembre, y apenas fueron diez minutos.

Ni siquiera hay fecha para que vuelva a hacerlo, aunque la coordinadora, la diputada socialista Pilimar Zamora, confía en avanzar en los trabajos durante el actual periodo de sesiones y que "este año esté en marcha" el nuevo sistema de prestaciones sociales, que sustituirá al Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) y a la Ayuda de Integración Familiar. Según los cálculos de la Consejería de Derechos Sociales que dirige María Victoria Broto, podría beneficiar a casi 15.000 personas, el doble de los perceptores actuales del IAI.

"Una excusa tras otra"

Zamora sí reconoció que "quizá se podría haber hecho con más diligencia" y que la tramitación "se está alargando más de lo deseado". Para justificarlo, recordó que hasta finales del año pasado el Parlamento estuvo trabajando en la ley de pobreza energética y en la de emergencia social, que incluía aspectos relacionados con las prestaciones. Y apuntó que el Congreso también acordó recientemente tramitar la renta mínima de 426 euros. "Lo importante es que la ley salga con el máximo consenso porque eso garantizará que responde a las necesidades de los ciudadanos y que sea duradera", afirmó restando importancia a las fechas. Y confió en que el texto final "no sea muy diferente del modelo que el Gobierno presentó".

Pero tanto la oposición parlamentaria como los agentes sociales cuestionan diversos aspectos del modelo planteado, que deberá someterse a debate en las Cortes. "Ponen una excusa detrás de otra para no abordarlo, no es normal que desde diciembre no se haya hecho nada", censuró Ana Marín, la representante del PP en la ponencia. A su juicio, "no hay ninguna voluntad política de sacar la ley y económicamente es imposible pagarla".

En este sentido, hay que recordar que en 2016 ni siquiera se hacía referencia en los presupuestos a la renta básica. El Ejecutivo PSOE-CHA alegaba que no se podía incluir una partida al no estar aprobada la ley. En el primer borrador que se ha enviado este año a los grupos parlamentarios sí se recoge una cuantía conjunta para el IAI y la renta social. Son 46,5 millones de euros, prácticamente el mismo importe que se acabó destinando el pasado ejercicio, tras una polémica ampliación de crédito a costa de la dependencia. Según la DGA, la aplicación de la futura normativa costará 90 millones anuales.

El hecho de que el actual Gobierno haya aumentado los medios para pagar el salario social y agilizado la resolución de las solicitudes ha aplacado las críticas a las que se enfrentó el Ejecutivo de Rudi. Ahora hay más de 7.200 beneficiarios del IAI, más del doble que hace justo dos años.

Elena Allué, del PAR, recordó que en 2016 Gimeno ya justificó la subida fiscal aludiendo al desembolso que iba a suponer la renta básica. "Es un caramelo que volverán a ofrecer a los que necesitan estas prestaciones en 2018, antes de las elecciones. Están jugando con la emergencia social", lamentó, al tiempo que censuró que no haya "prioridad ni interés" por este tema. Cuando finalmente se apruebe, los beneficiarios todavía tardarán en empezar a cobrar, ya que el propio proyecto legislativo establece un margen de seis meses para su entrada en vigor.

De cara a las elecciones

También la representante de Ciudadanos en la ponencia que debe debatir esta ley, Desirée Pescador, criticó el "uso partidista de los tiempos" que a su juicio se está haciendo porque "no hay atisbo de que a corto plazo se vaya a retomar". Teme que se pretenda demorarla hasta finales del año que viene, "de cara a las elecciones". Consideró que "no hay mucha intención de ponerla en marcha, pese a que hay pocas cosas más sociales que la renta básica".

Más indulgentes con la demora se mostraron los grupos de la izquierda. La podemista Amparo Bella confió en que el debate se active "pronto" y permita introducir importantes modificaciones en el borrador para que sea una verdadera ley "de protección" y mejore las prestaciones para los casos más precarios.

Por su parte, Patricia Luquin (IU), que representa en la ponencia al grupo mixto, señaló que "urgían más las leyes de la emergencia social, y esta no lo es". Lo prioritario ahora, añadió, es tramitar los presupuestos y después debatir "qué tipo de renta social se quiere, porque se parte de modelos muy diferentes". "Prefiero que salga una buena ley aunque sea un poco tarde", zanjó.

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