Los andaluces, baleares y valencianos pagarán menos IRPF este año que el anterior; en Extremadura, su Parlamento ha aumentado el umbral a partir del que sus ciudadanos empiezan a pagar por el impuesto del Patrimonio; otras tres autonomías han bajado el impuesto sobre Sucesiones y Galicia ha rebajado el tributo que se paga por la compra de un piso. La mayoría de los españoles van a tener en 2017 un régimen fiscal más favorable que el de 2016. La excepción está, entre otras comunidades, en Aragón. Según los datos del informe sobre la fiscalidad autonómica que ha elaborado el Consejo General de Economistas, Aragón se ha convertido este año en la tercera comunidad que tiene unos impuestos más altos para sus clases medias y bajas. Hace un año, ocupaba el cuarto puesto.

Los datos dejan lugar a pocas dudas. Un aragonés que gane apenas 16.000 euros brutos al año tendrá que pagar de IRPF 1.476 euros. Solo los ciudadanos que vivan en Baleares, Extremadura y Cataluña deberán tributar más. En esa clasificación, Aragón sigue la cuarta posicionada, pero pasa como la tercera que más dinero recauda de sus ciudadanos cuando las rentas del trabajo superan los 20.000 euros. Y la situación se mantiene cuando se incluyen el resto de impuestos sobre los que tienen capacidad de acción las comunidades. En Patrimonio, los aragoneses son los que más pagan de España a partir de 400.000 euros; en Sucesiones son los terceros en la mayor parte de los supuestos; en Actos Jurídicos Documentados –que grava la compraventa de viviendas– Aragón está en el grupo de Comunidades que tiene el tipo más alto (un 1,5% del precio, el doble que otras autonomías).

La presión fiscal hacia los aragoneses se agravó en 2016, cuando los primeros presupuestos aprobados por PSOE, Podemos y CHA incluyeron una subida en la parte autonómica de todos los impuestos estatales sobre los que la DGA tenía alguna competencia: IRPF, Sucesiones, Patrimonio, Donaciones, Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados. En 2016, Aragón no fue la única autonomía en la que su gobierno aprovechó que no había elecciones en cuatro años para subir los impuestos. Lo hicieron al menos siete comunidades. Sin embargo, la mayoría han hecho alguna corrección sobre esta subida en sus cuentas de 2017. Como las Cortes de Aragón todavía no han aprobado el presupuesto, no se ha producido ningún cambio. En cualquier caso, aunque vuelve a haber dudas, todo apunta a que podría reeditarse un nuevo pacto entre PSOE, CHA y Podemos que dé vía libre al presupuesto.

Para saber si estos tres partidos volverán a subir los impuestos o implantarán algunas bonificaciones fiscales que palíen la situación actual todavía habrá que esperar. Los documentos previos que había dado a conocer la DGA no aludían a cambios fiscales, aunque la negociación puede variar esta situación.

Primeros en tasas ambientales

Además del margen de actuación que tienen los parlamentos autonómicos para variar los impuestos estatales, también tiene competencias para crear tributos propios. Y en el caso de las Cortes de Aragón se puede decir que ha centrado toda su iniciativa en un único área: los impuestos ambientales. Según ha contabilizado el Consejo General de Economistas en el informe ‘Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral de 2017’, Aragón es, junto a Cataluña, uno de los líderes en este tipo de tributo. Tiene seis impuestos propios en este ámbito, entre los que están el canon de saneamiento, un pago por determinados usos de las aguas embalsadas y el de emisiones contaminantes.

Otras comunidades han diversificado más sus impuestos propios. Así, hay territorios que gravan cuestiones vinculadas al tabaco, otras tienen un recargo sobre el IAE municipal e incluso hay dos –Baleares y Murcia– que han creado un impuesto sobre los premios en el bingo.