Aragón

El arzobispo niega que usara información personal de una empleada para despedirla

Vicente Jiménez dice que tras el despido de la trabajadora autorizó un volcado de datos del ordenador que usaba, pero solo para comprobar si había motivos para instar una demanda canónica.

El arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, a su salida del juzgado.
El arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, a su salida del juzgado.
A. Navarro

El arzobispo de Zaragoza, Vicente Jiménez, declaró ayer ante el juez en calidad de investigado por un presunto delito de revelación de secretos e intromisión en la intimidad. La denuncia fue presentada por una exempleada del Arzobispado, quien mantiene que el prelado autorizó un volcado de los datos del ordenador que usaba en la oficina para conseguir información personal (mensajes de whatsapp, principalmente) y pruebas contra ella. Además de al arzobispo, el magistrado Luis Fernando Ariste interrogó como investigados al ecónomo diocesano, Ernesto Meléndez, y al perito informático que extrajo el disco duro, Jorge Pina.

Según ha podido saber HERALDO, Jiménez declaró que era cierto que ordenó el volcado de datos del ordenador que usaba la abogada María del Carmen Amador hasta que fue despedida como notaria del Tribunal Interdiocesano de Primera Instancia de Zaragoza. Pero, acto seguido, el prelado negó que el objetivo fuera buscar conversaciones privadas o conseguir pruebas de despido. De hecho, asegura que este se debió a más de cien faltas no justificadas del trabajo.

La fiscal Mercedes Pinos, que estuvo presente ayer en los interrogatorios, cree que los datos se extrajeron antes del despido y sin autorización de la empleada. A este respecto, el arzobispo explicó al magistrado que el volcado de archivos se efectuó el 30 de junio de 2015, después de entregar a la empleada ante un notario la carta de despido. Según Jiménez, el único fin de dicho vaciado era comprobar si había base para impulsar una demanda canónica contra Amador, ya que esta hacía funciones de notaria eclesiástica y tenían "sospechas" de que había "infringido" su obligación de guardar secreto de las informaciones obtenidas en su trabajo, así como de actividades "injuriosas" o "calumniosas" contra el arzobispado.

El perito precisó después al juez  que clonó el disco duro para efectuar una "búsqueda ciega" de datos, proceso del que también se levantó acta notarial para garantizar la "cadena de custodia". En esa búsqueda se introdujeron palabras como: Vaticano, Roma o Arzobispo.

Demanda canónica

Con la información obtenida, el Arzobispado envió un informe al Tribunal de la Rota, que entendió que sí existían indicios para impulsar la demanda canónica contra Amador y también contra los sacerdotes Roberto Ignacio Ferrer Sarroca (que había sido juez del mismo tribunal interdiocesano que Amador) y de Antonio Mas. Estos dos renunciaron a sus cargos tras despedir a la trabajadora.

Los letrados de los investigados mantienen, y así lo transmitieron al juez en los recursos previos a las citaciones, que el dueño del ordenador es el Arzobispado y que este no debía usarse para cuestiones ajenas al trabajo. El problema radica en que durante la "búsqueda ciega" se hallaron conversaciones de whatsapp de la denunciante, ya que esta había sincronizado su teléfono móvil con la computadora. En esas conversaciones, especialmente las mantenidas con los dos sacerdotes mencionados y varios periodistas, se criticaba la actuación del Arzobispado tras la renuncia del anterior prelado, Manuel Ureña, a raíz del escándalo del párroco de Épila, al que se abrió una investigación por presunto acoso sexual a un diácono. El asunto se zanjó con la secularización de este último tras pagarle 60.000 € en concepto de "rescisión laboral".

Susana López, abogada de Amador, dijo al término de las comparecencias de ayer que, por lo declarado por Vicente Jiménez, "parece que el fin justifica los medios". "Ha venido a decir que la actitud que habían adoptado los denunciantes (en referencia a los anónimos difamatorios que supuestamente enviaron a la prensa) les llevó a hacer una investigación e incluso un despido", dijo.

Por su parte, Ernesto Meléndez confirmó al juez que, como ecónomo, contrató tanto al notario como al perito Jorge Pina. El letrado de este último mantiene que fue la denunciante la que introdujo los archivos de whatsapp de forma "consciente y voluntaria" y "sin permiso" del empleador en el ordenador de su trabajo al vincularlo con su móvil mediante el programa iTunes.

Susana López dijo, por contra, que su cliente no metió voluntariamente los datos en el ordenador, sino que fue algo accidental al cargar la batería del Iphone en el equipo informático. Los abogados  de los investigados han solicitado una prueba pericial para que Apple diga si es posible que solo cargando el teléfono se descarguen los whatsapp.

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