Más del 80% de los diputados estrenan el control para cobrar las dietas pese a algunas reticencias

Con más o menos convicción, más del 80% de los diputados de las Cortes estrenaron ayer el sistema de control de asistencia mediante huella digital para poder seguir cobrando las dietas por desplazamientos (de 798 a 2.094 euros en función de su lugar de residencia) que hasta ahora se les abonaban sin necesidad de justificarlos. La medida, que se acordó por unanimidad de todos los grupos en noviembre, entró ayer en vigor tras varias semanas de pruebas del sistema informático, y lo hizo con opiniones para todos los gustos entre los parlamentarios aragoneses, los primeros del país en someterse a este control. Algunos trasladaron su malestar por una medida que cuestionan por distintas razones.

Fernando Sabés (PSOE), Desirée Pescador (Ciudadanos) y Arturo Aliaga (PAR) fueron los más madrugadores en cumplir el trámite, apenas pasadas las 8 de la mañana, y el resto hicieron lo propio a su llegada. Para cobrar íntegramente sus dietas, deberán fichar en la Aljafería 13 días al mes y acreditar mediante una declaración responsable que han viajado por el territorio otros 4, por lo que los que ayer no pasaron por las Cortes también podrán computar la jornada si se desplazaron a alguna localidad aragonesa para desarrollar allí su labor.

Según los datos facilitados por la Cámara, ficharon al menos 54 diputados. Entre los 67 que forman parte del Parlamento están el presidente aragonés, Javier Lambán, y tres consejeros (Mayte Pérez, Vicente Guillén y Pilar Alegría), que renunciaron a cobrar las dietas que les corresponderían.

En los meses inhábiles, los parlamentarios deberán justificar también 17 días, de los que solo 5 serán presenciales, tal y como acordaron la Mesa y la Junta de Portavoces, a iniciativa de la presidenta, Violeta Barba, de Podemos. Actualmente no hay actividad ordinaria en enero, julio y agosto, aunque la reforma del reglamento que se está ultimando prevé que también haya plenos y comisiones en enero y julio.

"No se trata de fiscalizar el trabajo de los diputados, sino de que el desplazamiento se haya realizado", puntualizó ayer Barba, que ha impulsado esta medida. El objetivo, enfatizó, es "racionalizar y dar mayor transparencia al cobro de las dietas". "Nos iremos acostumbrando, como todo trabajador", señaló, si bien aclaró que su cometido es "diferente" e implica "moverse mucho por el territorio para llegar a todos los rincones de Aragón y traer las reclamaciones ciudadanas al Parlamento".

Y precisamente este es el principal argumento de los detractores del fichaje, que se registra en los seis aparatos –uno por grupo– que han costado 15.400 euros. "Los diputados tenemos que estar en la calle", coincidían varios de distinto color político. Uno de los más críticos fue el portavoz de CHA, Gregorio Briz, hasta el punto de que aseguró que este control "perjudica más que beneficia". En este sentido, señaló que el sistema recién estrenado "crea la duda" de si antes no acudían y ahora irán "los 17 días justos para cobrar". "Esto denigra mi trabajo", afirmó tajante el nacionalista, que destacó que en los grupos minoritarios, como es su caso, la actividad habitual les obliga a acudir a la Aljafería para los plenos, comisiones, ponencias, juntas de portavoces, reuniones... "No me hace falta que pongan la maquineta, hay muchas formas de cuantificar nuestro trabajo a través de las intervenciones, las iniciativas presentadas...", explicó, al tiempo que censuró que en agosto también tengan que fichar, aunque menos días, para mantener su nómina.

El sistema retributivo también fue cuestionado por otros diputados, que recordaron que la fórmula del sueldo fijo más las dietas se instauró en su día para equiparar su salario al de los altos cargos, aunque no pagan impuestos por la parte para cubrir los desplazamientos. A este respecto, hay quien abogó por que esta cantidad, que varía en función de la distancia del lugar de residencia (y ahora también de los días que se justifiquen) también tribute. Y esto lleva a su vez a otro debate, el de los empadronados fuera de Zaragoza que se quedan en la capital. Varios tienen vivienda propia, a otros los acogen familiares y algunos pagan un alquiler o alojamiento para días concretos, lo que conlleva gastos dispares.

Para Patricia Luquin (IU), que debe repartirse el trabajo del grupo mixto con los dos diputados de CHA, el hecho de tener que fichar supone "primar la presencia en lugar del trabajo". En su caso, dijo, esta medida "no cambia nada" su rutina. Arturo Aliaga, presidente y portavoz del PAR, coincidió en que "uno puede fichar y dedicarse a hacer solitarios en el ordenador". A su juicio, "la vocación de servicio público está por encima del control". "Es una cuestión ética –añadió–, y tanto en la empresa privada como en la Administración y en la política hay que ser consciente de que hay que ganarse el sueldo".

"Sin horario ni calendario"

En similares términos se expresó Mar Vaquero, portavoz del PP, que recordó que "un cargo público no tiene horario ni calendario" y se trata de una cuestión de "responsabilidad". Su homólogo socialista, Javier Sada, resaltó que una parte fundamental de su trabajo está en el territorio y desplazarse también es "acercar el Parlamento" a la ciudadanía.

Los que más aplauden el fichaje son Podemos y Ciudadanos. "Medidas de este tipo son de vital importancia para acercar las condiciones laborales de los diputados a la de cualquier trabajador", defendió la podemista Maru Díaz. Para Susana Gaspar, portavoz de C’s, este control "ahonda en la transparencia de las Cortes" y además "permitirá mostrar el trabajo de los parlamentarios".