El Gobierno central ha impugnado también los artículos de la ley de emergencia social que suspende los desahucios y obliga a las entidades financieras y a los grandes propietarios a ceder sus pisos vacíos a cambio de una renta. Su decisión no ha sorprendido en la DGA, puesto que el Ejecutivo de Mariano Rajoy ya recurrió hace cinco meses ante el Tribunal Constitucional el decreto-ley que sirvió de base para la norma autonómica que, desde finales del año pasado, pretende dar una mayor cobertura social a los aragoneses. La propia oposición ya advirtió la suerte que iba a correr cuando se aprobó el texto en las Cortes de Aragón.

El Ejecutivo del PP comunicó la semana pasada su decisión a la coalición PSOE-CHA, que ahora confía en negociar con el fin de "salvar" alguno de los nueve artículos y las cinco disposiciones adicionales y transitorias de la ley sobre las que existen discrepancias. En este paquete, la Administración central también ha vuelto a incluir otro de los avances recogidos en la ley por todos los partidos aragoneses, incluido el PP: la inembargabilidad de las prestaciones sociales. Este es el único punto del decreto-ley cuya suspensión ha levantado el Tribunal Constitucional hasta tomar una decisión.

La directora general de Vivienda, Mayte Andreu, lamentó que el Gobierno del PP entienda el concepto de función social de la vivienda como "una violación del derecho a la propiedad privada". Y cuestiona que valore la suspensión de los desahucios hasta que se encuentre un alojamiento alternativo a los afectados en situación de especial vulnerabilidiad como "una invasión de competencias".

Precisamente, Mayte Andreu criticó que el Estado asuma "de facto" las competencias en materia de vivienda que corresponden a las autonomías. "Nos invaden con continuas impugnaciones de leyes y de artículos contrarios a los intereses bancarios. No podemos legislar", lamentó antes de recordar que Aragón no incluyó la figura de la expropiación de los pisos vacíos para evitar, precisamente, acabar en el Constitucional como el resto de comunidades autónomas.

La normativa de emergencia social en vigor va más lejos que el decreto-ley aprobado por la DGA: no solo obliga a las entidades financieras a ceder los pisos vacíos procedentes de desahucios, sino también a los propietarios de más de quince inmuebles.

La directora general señaló que esperaba que con un Gobierno del PP en minoría se pudieran lanzar iniciativas y leyes "más plurales" y que las autonomías que pretenden legislar en beneficio de las personas "no fueran continuamente impugnadas".

Nueve meses para negociar

Tras el anuncio de la Administración central, la DGA tendrá ahora nueve meses para negociar antes de que parte de la ley de emergencia social acabe recurrida ante el Tribunal Constitucional. Andreu confió en salvar, al menos, tres aspectos regulados como son la creación del parque público de vivienda social de Aragón, el registro de pisos desocupados y el propio concepto de vivienda desocupada fijado en la norma autonómica. "No estamos dispuestos a modificar el concepto. Tenemos muy claro cómo deben conseguirse las viviendas y en qué manos están", subrayó.

Mayte Andreu recordó que el Ejecutivo de Rajoy ha recurrido todas las leyes sobre vivienda que han aprobado las autonomías desde 2013, como Cataluña, Andalucía, País Vasco, Navarra y Canarias. "Son las que protegen al ciudadano y se enfrentan a las entidades financieras", enfatizó.