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Aragón

El Justicia de Aragón tramitó casi 3.000 quejas en 2016, un 27% más que en 2015

Se trata de un "año positivo", ha explicado el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente.

Fernando García Vicente con la presidenta de las Cortes, Violeta Barba.
Fernando García Vicente con la presidenta de las Cortes, Violeta Barba.
Justicia de Aragón

El Justicia de Aragón tramitó en 2016 2.906 quejas, un 27% más con respecto al año anterior, lo que se traduce en la institución, que tiene por objeto defender los derechos de las personas que viven en la comunidad aragonesa, como un reflejo de confianza.

Se trata de un "año positivo", ha explicado el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, con motivo de la presentación en rueda de prensa del informe que supervisa la actividad de la Administración, a través de sugerencias, recomendaciones e informes especiales sobre materias de su competencia.

"El valor que tiene este informe es que refleja los problemas que de verdad tiene la gente. No se trata de buscar culpables, ni de echar gasolina al fuego, sino de buscar una solución", ha insistido García Vicente, quien ha matizado que la función de esta institución es la de "dar ideas al que gobierna".

El mayor número de demandas ciudadanas fue debido a las diferentes iniciativas de la administración educativa aragonesa en materia de horarios, jornada continua y elección mediante el voto de las familias, sistemas de mayorías o cómputo del voto en los Colegios Rurales Agrupados.

Un total de 800 expedientes sobre los cuales se han emitido varias sugerencias, como la posibilidad del voto por correo, que ya han sido aceptadas por la administración educativa.

También aumentaron las quejas en el área Urbanismo, Seguridad Social, Derechos Civiles y Políticos, Contratación Administrativa, Comercio, Agricultura y Empleo Público, donde incrementó en mayor medida y pasó de 176 a 254 expedientes.

Sin embargo, en lo referente a las quejas de Asistencia Social, el informe revela que han descendido en un 39 % con respecto al año pasado, pasando de 391 a 238, debido a que se han recibido menos quejas sobre la aprobación y renovación del Informe Aragonés de Inserción (IAI).

Según el Justicia de Aragón, la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales tramita con mayor agilidad los expedientes, lo que repercute de forma positiva en la actividad de la institución del Justicia de Aragón.

En cuanto a la implicación de las administraciones, el Justicia ha destacado que se ha producido una mayor respuesta en el 2016 a las sugerencias y los informes emitidos, por ejemplo, en el Gobierno de Aragón y ayuntamientos como el de Zaragoza, Huesca, Teruel y Calatayud.

Sin embargo, son los ayuntamientos pequeños los que se muestran "más reticentes" a aceptar o responder a las sugerencias emitidas.

En este sentido, las resoluciones aceptadas por las distintas administraciones el año pasado fueron el 64% mientras que las rechazadas ascendieron al 13% y a otro 13% las que no obtuvieron respuesta.

Entre las quejas solucionadas en el 2016 figura la respuesta del Departamento de Educación aragonés que valorará la posibilidad de dar un nuevo uso a la Universidad Laboral de Zaragoza o que estudiará la sugerencia de bonificar a desempleados la matrícula de las escuelas de idiomas.

Además, el Gobierno de Aragón se ha comprometido a mejorar la transparencia en la gestión de las prestaciones sociales mediante una web para que la ciudadanía pueda acceder a la información y el departamento de Sanidad ha aceptado una sugerencia para mejorar la atención telefónica del servicio de citaciones.

El Justicia de Aragón ha iniciado asimismo una investigación para comprobar el cumplimiento de la legalidad por parte de los consistorios en materia de barreras arquitectónicas y, en este sentido, el Ayuntamiento de Daroca se ha comprometido a eliminarlas y el de Caspe adaptará su Plan General de Ordenación Urbana a las últimas exigencias normativas.

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