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Aragón

Aragón dice que el Gobierno central vacía de competencias en vivienda a las CC.AA.

El Estado reconoce la competencia exclusiva de las Comunidades en cuestiones como vivienda, pero no pueden ejercer sobre arrendamientos, desahucios o alzamientos.

Viviendas en Zaragoza
Viviendas en Zaragoza.
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La directora general de Vivienda y Rehabilitación del ejecutivo autonómico, Mayte Andreu, ha reprochado al gobierno central que haya vaciado de competencias a las comunidades en materia de vivienda con continuas impugnaciones de leyes y de artículos contrarios a los intereses bancarios.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa en la que ha comparecido para explicar las consecuencias de la paralización por parte del gobierno central de algunos apartados de la ley 10/2016 de medidas de emergencia social en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Andreu ha confesado que con el nuevo arco parlamentario esperaba leyes "más plurales" y que las comunidades autónomas que pretende legislar conforme a las necesidades de la ciudadanía "no fueran continuamente impugnadas".

La responsable de vivienda del ejecutivo aragonés hace referencia a cuestiones como que el gobierno central entienda el concepto de función social de la vivienda como "una violación del derecho a la propiedad privada", o una "invasión de competencias" la decisión de suspender los alzamientos hasta encontrar un alojamiento provisional para los afectados o que la mediación hipotecaria se realice dentro de las administraciones públicas.

A pesar de que el Estado reconoce la competencia exclusiva de las comunidades en cuestiones como vivienda, la decisión de no poder ejercer sobre arrendamientos, desahucios o alzamientos implica que las leyes autonómicas "se quedan sin objeto sobre el que regular".

"Nos ha vaciado de competencias. No podemos legislar absolutamente sobre nada", ha lamentado la directora general de Vivienda de Aragón, quien ha anunciado la intención del ejecutivo autonómico de tratar de negociar con el gobierno los artículos impugnados de la ley de emergencia social.

Una negociación que calcula que durará unos nueve meses durante los cuales los aspectos impugnados seguirán en vigor pero que Andreu reconoce que no aplicará por las consecuencias posteriores, ya que en el caso de que no haya acuerdo cree que el gobierno central presentará un recurso de inconstitucionalidad, situación en la que, ha recordado, se encuentran todas las leyes de vivienda desde 2013.

Y es que Andreu ha reconocido que de los catorce aspectos recurridos solo espera "salvar" el que hace referencia al concepto de vivienda desocupada, al registro de viviendas desocupadas y al parque público de vivienda social porque.

"No estamos dispuestos a modificar el concepto" ya que "tenemos muy claro cómo deben conseguirse las viviendas y en qué manos están", ha advertido.

Situación a la que se suma el bloqueo de los presupuestos de Aragón de 2017, que están prorrogados, lo que impide firmar nuevos convenios con las entidades financieras, ya que, en caso de que se desbloqueen, serían necesarios de tres a cinco meses de tramitación.

De momento, el Gobierno de Aragón ha optado por incorporar vivienda de alquiler, pero ha advertido de que tampoco pueden ser "todas las que queramos", precisamente por falta de dotación presupuestaria.

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