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Aragón

Aragón pide a Madrid que este año le asigne 17 millones más para dependencia

La consejera María Victoria Broto recuerda que el Gobierno central ha recortado las prestaciones desde 2012 y vuelve a reclamar que se recuperen estas cuantías.

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, reclamó ayer a Madrid más dinero para la dependencia. Broto, que participó en la reunión constitutiva de la comisión que debe redactar un informe sobre los diez años de la Ley de Dependencia en España, pidió que, "como gesto de buena voluntad", el Gobierno central recupere las cuantías que el PP recortó al llegar en el 2011 al poder. La consejera aragonesa cifró en alrededor de 17 millones de euros anuales lo que Aragón ha dejado de percibir por la rebaja de las prestaciones de dependencia desde esa fecha.

Según los últimos datos facilitados por su Departamento, la Comunidad recibió de Madrid para pagar la dependencia 31 millones en 2015 y otros tantos en 2016. "Si los Presupuestos nacionales de este año –argumentó ayer Broto– recuperan los 17 millones rebajados, la cuantía para 2017 rondaría los 48 millones". En opinión de la consejera, aún se estaría lejos de la cofinanciación al 50% de la Ley de Dependencia que se reclama al Gobierno central (y que en el caso aragonés requeriría que Madrid contribuyera con unos 90 millones anuales), "pero al menos, estamos más cerca", apuntó.

En la reunión de ayer (en la que participaron también representantes de Canarias, Asturias, Castilla y León, Andalucía, Cataluña y Galicia y que estuvo presidida por el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés) Aragón volvió a insistir en la necesidad de alcanzar un Pacto por la Dependencia.

Asimismo, la consejera reclamó al Gobierno central un "compromiso firme" sobre la financiación de la Ley de Dependencia.

Radiografía de la Ley

En unas recientes declaraciones en Zaragoza, Broto explicó que si Madrid financiara la dependencia en la cuantía que le exige la Ley –y destinara los 90 millones anuales que le corresponden, en lugar de los 31 que asume– Aragón podría acabar en pocos años con las listas de espera de dependientes, que en este momento rondan las 12.000 personas (con la prestación reconocida). Por último, Broto destacó que cuando se habla de la Ley de Dependencia, se hace referencia "a una ley de obligado cumplimiento y si hay personas que no son atendidas hay incumplimiento". Recordó también que se trata de "un derecho subjetivo que no puede depender de la financiación".

En opinión de Broto, en el encuentro, que sirvió para fijar los aspectos técnicos y la metodología que seguirá el informe, se apreció "muy buena voluntad por parte de todos".

El estudio, que debe redactar un equipo de técnicos en el próximo mes y medio, servirá para tener una imagen fiel de la situación en que se encuentra la dependencia y la evolución seguida en esta década por el sistema. Esta radiografía será la base para diseñar las estrategias, analizar el futuro de la prestación y conocer su sostenibilidad.

Broto adelantó que, por parte de Aragón, participará en el equipo técnico que elaborará el informe el director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Joaquín Santos.

La idea es que la comisión tenga el informe listo en tres meses.

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