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Aragón

Los opositores de las administraciones públicas, pendientes de la aprobación de los Presupuestos Generales

La decisión del Ministerio de Hacienda de no permitir convocar oposiciones hasta tener presupuestos deja en el aire su futuro.

Imagen de archivo de la Jefatura Nacional de Policía.
Imagen de archivo de la Jefatura Nacional de Policía.
HERALDO

Este martes, el Gobierno de Aragón confirmó que el Ministerio de Educación les había trasladado la imposibilidad de llevar a cabo oposiciones educativas este año hasta que no se aprobaran los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Este hecho se sustenta en que la prórroga presupuestaria no incluye la tasa de reposición y, por lo tanto, en estos momentos es cero. De este modo, si se llevaran a cabo oposiciones serían totalmente ilegales y el Ministerio de Hacienda anunció que impugnaría las pruebas que se celebraran.

Este problema, que en un principio parece que solo afecta al ámbito educativo, puede darse en cualquier otra área. Según confirmaron fuentes del Ministerio de Hacienda, esta imposiblidad se traslada a todos los departamentos, entre los que destaca Sanidad y las Fuerzas de Seguridad del Estado. En ninguno de ellos se podrán convocar oposiciones hasta que haya presupuestos, una situación que a día de hoy no parece muy cercana. No obstante, tal y como recuerdan algunos sindicatos de sanidad, “los tiempos son distintos”. “En Educación se trabaja de forma muy estructurada, con unas fechas muy marcadas para que los nuevos funcionarios se incorporen a sus puestos al inicio del curso escolar, es decir, septiembre”, señala Juan Urdániz, representante de Sanidad de CC. OO. Aragón.

De este modo, la convocatoria educativa se debe hacer en las próximas semanas y, tal y como está la situación, parece que ninguna comunidad podrá finalmente sacar sus plazas. Prueba de ello es que en los últimos días han sido varias las administraciones que han anunciado la suspensión de las pruebas, entre ellas, Aragón. No obstante, esto no quita para que en el resto de áreas no se esté en alerta. “No estamos ni muy preocupados, ni poco. Esperaremos a ver cómo van surgiendo las cosas”, puntualiza Urdániz. De momento, según recalcan desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, las plazas que se están publicando en el BOA se refieren al ejercicio de 2016, por lo que no debería haber ningún problema.

No obstante, Urdániz recuerda que la oferta complementaria de unas 1.400 plazas no está sujeta a la tasa de reposición de ningún año: “Son plazas de nueva creación, por lo que podrían ser recurridas por el Gobierno central, aunque el plazo expira en marzo”. Respecto a las plazas correspondientes a 2017, destaca que todavía no se ha empezado a hablar de ellas. “Ahora estamos con el plan de recursos humanos, después ya se verá cuántas plazas se pueden sacar de cada especialidad y se decidirá cómo se hace”, explica. Será entonces cuando deban tener en cuenta si ya se han aprobado los PGE o todavía están en fase de negociación.

Por su parte, en el ámbito de enseñanzas superiores, desde la Universidad de Zaragoza aseguran que la no aprobación de presupuestos no les impide la publicación de ofertas públicas de empleo. "Por lo tanto, no se van a suspender de oficio las actuaciones que la Universidad tenía previsión y voluntad de realizar", detallan.

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y Justicia

Los que sí que ven el problema más cercano son los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. “Este año está previsto que se convoquen plazas para Guardia Civil, pero si no se puede hacer por la falta de presupuestos va a ser un verdadero problema”, recuerda Juan José García Calvo, responsable de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en Aragón. En su caso, los tiempos sí tienen importancia ya que generalmente la oferta se publica en los primeros meses del año para que las pruebas se hagan en el primer semestre y en septiembre se puedan incorporar a la academia. Por eso, el hecho de estar casi en marzo y sin perspectivas de que se puedan aprobar los presupuestos pone en alerta al sector.

“Vivimos en una situación muy deteriorada, ya que estos años la tasa de reposición ha sido muy baja y las plantillas están bajo mínimos”, lamenta. De hecho, según otras fuentes consultadas, en algunas unidades de la provincia de Huesca hay solo dos efectivos cuando por el catálogo de plantillas está establecido que haya ocho. Un problema que no es puntual y que se repite en las provincias de Teruel y Zaragoza, donde en el medio rural se está al 60 o 70% de las necesidades.

Por su parte, García también critica la actual organización del cuerpo: “Deberían aprobar una nueva ley para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado puesto que nuestra organización se mantiene casi intacta desde que se creó. Necesitamos una organización interna diferente y cambiar la manera de trabajar con la Policía Nacional”. Además, asegura que no se está cumpliendo las jornadas laborales, “de hecho, los juzgados nos han dado la razón”; y se están denegando todas las conciliaciones.

En los últimos años se han convocado ofertas de poco más de 150 guardias civiles. La situación comenzó a mejorar en 2015 cuando fueron 820 plazas y en 2016 cuando se alcanzaron las 1.700. Unas cifras que todavía no permiten recuperar todos los efectivos jubilados. Esta situación se repite en Instituciones Penintenciarias, donde durante dos años (2012 y 2013) se estuvo sin convocar oposiciones. La última fue en 2016 con 538 plazas.

Por su parte, la Policía Nacional es otro de los afectados. En este caso, en 2016 se registraron más de 2.700 plazas (el doble que en 2015 y muchas más de las alrededor de 250 que se convocaron los años anteriores). “Estaba previsto que para este año se convocaran más de 2.000 plazas, pero si hay que esperar a que se aprueben los presupuestos puede ser que se atrase”, lamentan desde la sección aragonesa del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Según recalcan esto supondría un problema adicional a su ya delicada situación. “Con las ofertas de los últimos años, no se puede cubrir todas las jubilaciones que hay”, recalcan.

En los años anteriores se solían convocar entre abril o mayo, aunque ha habido ocasiones en las que se ha tenido que esperar hasta septiembre. “Habrá que esperar, ya que todavía hay tiempo para aprobar los presupuestos, pero si no se consiguiera sería un desastre. En estos momentos ya estamos saturados y no podemos esperar mucho más para la incorporación de efectivos”, subrayan. No hay que olvidar que una vez aprueban todas las pruebas, están durante un año en la academia de Ávila, por lo que su incorporación no es inmediata.

En el ámbito de la Justicia la situación es ligeramente mejor. Debido a que finalmente el pasado año no se sacaron las casi 2.200 plazas, los interesados podrán presentarse este año a las pruebas ue corresponden a Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial. Por el contrario, sería la convocatoria de 2017 la que se retrasaría, a la espera de aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Las academias, en calma

Las academias dedicadas a preparar a los opositores están muy acostumbradas a lidiar con esta incertidumbre. "No estamos preocupados. Todavía no se sabe cuándo se aprobarán los presupuestos, pero tampoco hay seguridad de que no se vayan a aprobar, así que no hay alarma", explica Carlos Alonso, director del Centro de Estudios para la Administración Pública (CEAP). Además, recalca que en el sector están acostumbrados a vivir con esta incertidumbre: "Desde hace 30 años solo en un año no ha habido oposiciones (1992), en el resto han salido de una rama u otra y con más o menos plazas".

Además, recuerda que el que va a opositar es consciente de que pueden pasar años desde una convocatoria a otra, por lo que no se prepara el último día. "Es verdad que saber que en vez de examinarte en un mes vas a tardar ocho más es un fastidio, pero no es algo alarmante", puntualiza.

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