El Gobierno de Aragón cerró 2016 con 150 millones de derechos de cobro por el impuesto de Sucesiones, y de ellos casi 45 llegaron a través de inspecciones tributarias. A esta cantidad, que incluye tanto la cuota a liquidar como los intereses de demora, hay que sumar otros 2,7 millones por las sanciones impuestas, lo que supone que prácticamente un tercio de la recaudación de este impuesto durante el pasado ejercicio afloró gracias a la labor de control contra el fraude fiscal.

Pese a que fue el año con menos expedientes formalizados de los cuatro últimos, los ingresos obtenidos por esta vía se dispararon hasta el punto de que casi duplicaron los de 2015, cuando entre lo tributado y las sanciones se alcanzaron los 28,6 millones.

En total, durante 2016 se formalizaron 101 actas de liquidación derivadas de inspecciones, de las que 53 llevaron aparejada una multa, que puede oscilar entre el 30% y el 150% de la cantidad no ingresada. "No hay sanción en los casos en los que la interpretación del contribuyente puede ser razonable", es decir, cuando la cantidad liquidada no era correcta pero sí se deducía su intención de cumplir con la obligación, explican desde la Consejería de Hacienda.

Asimismo, justifican los elevados ingresos (una media de más de 440.000 euros por cada contribuyente investigado, sin contar el importe de las sanciones) porque "la Inspección va a los asuntos más importantes, pero hay otros controles de los casos de menor volumen", en los que se hacen diversas comprobaciones durante la gestión. Por ello, dicen, "puede haber una sensación de que hay más verificaciones". En los casos más complejos, la investigación se puede prolongar hasta un año.

Las citadas fuentes señalan que uno de los mayores problemas que detectan los auditores en las liquidaciones del impuesto de Sucesiones se refieren a la transmisión de empresas familiares, donde hay una reducción del 99% en la base imponible, pero solo puede aplicarse a los bienes afectos al negocio. Y la mayor parte de los expedientes por irregularidades, detallan desde Hacienda de la DGA, se abren porque los contribuyentes tratan de incluir en ese beneficio fiscal otros bienes no vinculados a la actividad empresarial, como por ejemplo viviendas o vehículos particulares.

Las valoraciones de inmuebles

Otro asunto "polémico y problemático", reconocen, es el del valor fiscal de los inmuebles, que es el que marca la base sobre la que hay que tributar, tanto en las herencias como en el impuesto de Transmisiones, que grava la compraventa. Las comprobaciones llevadas a cabo por los inspectores se centran en aquellos casos en los que la liquidación toma como referencia un valor inferior al fijado por la DGA.

Por lo que respecta a Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados, 2016 concluyó con 65 actas (la cifra más baja de los últimos cuatro ejercicios) que reportaron a las arcas autonómicas 4,5 millones de euros por las cuotas que se habían intentado eludir y sus intereses de demora. Además, 41 de esos casos conllevaron también sanciones por las que la DGA ingresó otros 1,09 millones.

En cuanto a las infracciones por Donaciones, solo hubo 13 expedientes, por los que apenas se recaudaron 54.000 euros. "No es un área de riesgo", según la Consejería de Hacienda, ya que es un trámite voluntario y no forzado por las circunstancias. Hay que tener en cuenta tanto en este como en el resto de impuestos que los casos revisados en 2016 eran de ejercicios anteriores (prescriben a los 4 años), por lo que aún no se ha examinado el aluvión de donaciones de finales de 2015, justo antes de que entrara en vigor la subida fiscal del Gobierno PSOE-CHA, que eliminó la exención para traspasos de padres a hijos si el valor no superaba los 300.000 euros y el patrimonio preexistente del receptor no alcanzaba los 402.000.

En Patrimonio, las 50 actas cerradas en 2016 se tradujeron en sanciones por no declarar este impuesto. Entre lo tributado a raíz de las inspecciones y las multas, afloraron 652.000 euros.