"La educación debe dejar de estar politizada"

¿Qué fue antes? ¿Los grupos de Whatsapp de padres opinando sobre el tutor de su hijo o los colegios abiertos de 7.30 a 18.00 de la tarde? ¿La sucesión de leyes educativas o la comparación con modelos como el finlandés? ¿Las dudas sobre los deberes y el bilingüismo o los recelos sobre las vacaciones de los profesores? ¿La falta de dinero o los planes a coste cero?

La escuela se enfrenta a una crisis que sufren, a pie de aula, los maestros. Ahora mismo, en Aragón, está abierto el debate sobre el cambio de horario en los colegios (79 centros ya lo han modificado, instaurando una jornada lectiva de mañanas). Mientras, los docentes denuncian la falta de dinero y de medios personales y el continuo vaivén de programaciones fruto de hasta siete leyes educativas de usar y tirar.

Muchos creen que todo esto se traduce en una docencia defensiva por agotamiento y más conflictos con las familias. Varios maestros con responsabilidad en colegios aragoneses apuntan a lo que consideran la base del problema: la falta de respeto a una profesión sumamente vocacional. "Es una falta de respeto que se dedique menos del 4% del PIB a la educación en España, que cada cuatro años cambien las leyes o que las administraciones presuman de que se implantan programas y formación a coste cero", coinciden.

También defienden que la educación pública aragonesa funciona, en buena parte, por su activo humano: por la profesionalidad de los claustros y por las familias que creen en el valor de la escuela.

El papel de los centros

Un factor importante en esta ecuación es el lugar que ocupa la escuela hoy en día. "Hace cinco años, hacíamos una primera reunión con los padres en la que explicábamos nuestras líneas metodológicas, la programación… Ahora lo más importante para muchos es a qué hora abre la guardería y si hay comedor", explica Manuel Fernández, director del colegio público (CEIP) Guillermo Fatás. "Nuestra sensación es que evolucionamos de un centro educativo a un servicio solucionador de problemas de la vida social para conciliar la vida laboral. Hoy por hoy una escuela es un hostal residencia, y las reclamaciones tienen que ver más con un servicio que con un derecho y un deber", añade.

Las necesidades de las familias se ven claras en los debates sobre la idoneidad para implantar o no un nuevo horario, ahora que está abierto un nuevo proceso en Aragón. "Las familias suelen estar más preocupadas por saber si sus hijos podrán entrar y salir a la misma hora que por el proyecto", asegura Carmela Sauras, jefa de estudios del Guillermo Fatás.

También surgen desencuentros con los hogares sobre si los deberes son muchos o pocos, sobre si es adecuado usar libros o tabletas e incluso por los menús del comedor. Berta Guillén, directora del colegio público Mariano Castillo (en Villamayor) entiende que algunos aspectos, sobre todo pedagógicos, causen preocupación en los padres y cree que las directrices deberían estar mucho más claras. "Es normal que las familias se vuelvan locas. Los centros necesitaríamos tener más respaldo y trabajar en la misma dirección en temas como los deberes o los libros de texto, con instrucciones claras por parte de la Administración", insiste. Beatriz Navarro, directora del Juan Pablo Bonet (Movera), le da la razón: "No es normal que en un mismo barrio haya tres centros públicos y todos trabajen de forma diferente; con libros, sin libros, con deberes, por proyectos...".

A esto se suma el que consideran uno de los mayores problemas del sistema, el del constante cambio de leyes. "Nos pegamos años instaurando programas que en cuatro años tiraremos a la basura y que sacamos adelante sin medios suficientes. Nos desgastamos explicándolos a las familias y todo esto, además, nos resta energía para los chavales", añade Berta. Carmela opina también que faltan muchos medios, sobre todo humanos, y respeto de la clase política a la profesión, la misma que ha generado este bucle legal. "Dejemos de politizar la educación", insiste.

Sobre algunos debates, considera que surgen por la alarma social. "A veces, cuando falta diálogo entre las familias y el profesorado todo se complica, pero a pesar de los problemas, hay grandes profesionales en los claustros y familias extraordinarias", recalca. Beatriz lo corrobora: "Las cosas salen bien porque los profesionales se implican y son muy versátiles".

Faltan medios

Santiago Vicente, director del Zalfonada (en Zaragoza) coincide en que es muy desalentador cambiarlo todo cada cuatro años sin que se evalúe el resultado anterior. "Las leyes educativas se hacen de espaldas al profesorado: la falta de respeto se genera desde arriba y faltan muchos medios y recursos personales", aclara. "No hay plantilla suficiente para atender bien las necesidades especiales y estos servicios están cayendo en manos privadas".

Es crítico, además, con un currículo que, sobre todo en primaria, está "sobrecargado, es repetitivo y obvia la inteligencia emocional". A cambio, defiende otros modelos ya experimentados, pero que "requieren de mucha más inversión y de ello nada quieren saber nuestros políticos".

Sobre la autoridad en el aula, no la ven tan malherida. "No necesitamos que los gobiernos nos nombren autoridad pública ni más leyes. Lo que queremos es que nos dejen trabajar. Los críos nos respetan por nuestro trabajo con ellos", apunta Manuel Fernández.

Las soluciones pasan, a su juicio, por potenciar desde todos los poderes la escuela pública y por dotarla adecuadamente. También exigen una mejora en la formación desde la Universidad y, por supuesto, un gran pacto educativo que dé estabilidad, por fin, a un sistema desnortado.