La consejera de Educación, Mayte Pérez, informó ayer en las Cortes de que un total de 253 niños están siendo tratados ya por los servicios de atención temprana antes de su escolarización en primero de infantil, con tres años. Esta cifra supone un 51% más que el pasado año y se enmarca dentro del plan del Departamento que dirige para identificar casos de exclusión o de problemas de salud que puedan suponer en la etapa escolar una necesidad de apoyo especial.

Sobre este particular habló ayer la consejera en la Comisión de Educación, a petición del PAR, tras la sentencia del TSJA que obliga a un mejor reparto de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo y evitar así su concentración en determinados centros. Según Pérez, para llevar a cabo esa distribución equitativa, es importante realizar un diagnóstico antes de su incorporación a los centros, y para ello destacó la importancia de la atención temprana y del acuerdo suscrito con el Ayuntamiento de Huesca –y que pretende firmar también con los de Zaragoza y Teruel– para identificar a escolares en un contexto socioeconómico desfavorable. De esta manera, la consejera cree que la atención a estos 253 niños (175 en Zaragoza, 38 en Huesca y 40 Teruel) permitirá una mejor distribución en los centros en el próximo periodo de escolarización. Pérez también destacó que, como el Justicia de Aragón había solicitado, la anterior orden que regula el acceso de los niños a los colegios ya incluía un tope del 30% de este tipo de alumnado en cada centro y destacó la posibilidad de reducir ratios en determinadas zonas e, incluso, en centros de especial presencia de estudiantes con necesidades.

María Herrero, diputada del PAR, contestó que el hecho de priorizar el domicilio familiar sobre el laboral permite un peor reparto de los alumnos. Susana Gaspar, de CHA, se mostró a favor de una integración de los alumnos con necesidades en todas las aulas. Erika Sanz, de Podemos, apostó por reservar plazas para estos escolares durante todo el año y por un número mayor de orientadores. María José Ferrando, del PP, denunció que la consejería "no está haciendo nada nuevo". Por su parte, Gregorio Briz, de CHA, y Margarita Périz, del PSOE, defendieron la acción del Gobierno.

La consejera admitió que la distribución equitativa del alumnado entra en conflicto con la libertad de elección de familias, y defendió su política para buscar la mejor solución a cada caso.